Julián Cubero, Economista Líder del Clúster de Economía del Cambio Climático de BBVA Research
Hay tantas estimaciones del gasto necesario para descarbonizar la economía en 2050 como instituciones que las hacen, y no son pocas. Algunas se recogen en un trabajo reciente de BBVA Research, con rangos de variación no menores.

Es simple, se requiere determinar qué se incluye (¿inversión únicamente, por ejemplo, en renovables o en procesos industriales que no emitan gases de efecto invernadero? ¿Y la compra de coches eléctricos? ¿Se contabilizan las mejoras de intensidad de emisiones aunque no se llegue a cero?...) y con qué supuestos (¿con qué ritmo de mejoras tecnológicas? ¿Con qué regulaciones?...). En todo caso, las cifras de gasto son tan enormes (billones de euros) que son inalcanzables sin el sector privado.

La necesaria rentabilidad económica lleva el análisis desde la cantidad de capital a su costo: cuanto más bajo, más rentabilidad potencial y por tanto más financiación a renovables (rentables frente a la energía fósil), o apostar por innovación tecnológica que sería rentable (o no) en el futuro. El costo del capital no depende sólo, ni principalmente, del tipo de interés del banco central o de la rentabilidad del bono soberano.

La remuneración mínima exigida para lo invertido en descarbonización tiene que incluir riesgos macroeconómicos (estabilidad institucional, inflación, tipos de interés, tipo de cambio), y riesgos específicos: regulaciones por definir, infraestructura por construir, demanda por incentivar, o que la innovación financiada sea la que precisamente funcione.

Las estrategias de financiación de la innovación en tecnologías limpias deberían ajustarse a las necesidades específicas de cada etapa de su desarrollo, con instrumentos de financiación pública especialmente en las primeras etapas, más cerca de la ciencia básica, apalancando la llegada de fondos privados con esquemas de garantías o de reparto de pérdidas.

La financiación privada tendría que ganar peso a medida que el proyecto avanza hacia su despliegue, con la mejor certidumbre de las expectativas de rentabilidad. Finalmente, en la fase de despliegue comercial a gran escala, la financiación privada debería predominar, con el sector público definiendo las reglas del juego. La claridad y previsibilidad en las políticas energéticas, una planificación clara con hitos a corto y medio plazo que se someten al escrutinio de la sociedad, son fundamentales para atraer financiación.

En este sentido, las estrategias de reducción del costo del capital son determinantes en mercados emergentes, con mayores riesgos macroeconómicos y más inciertas ambiciones climáticas, con un coste de capital por tanto que puede doblar o triplicar el existente en economías desarrolladas.

Las políticas de descarbonización deben enfocarse en reducir el coste de uso del capital para desencadenar la financiación necesaria impulsando la competencia, no en lograr un volumen de fondos, un número muy incierto y por tanto irrelevante.