EFE
Un centenar de científicos y ONG reclamaron hoy a los gobiernos de todo el mundo que tomen "medidas concretas" contra la desinformación climática, con acciones que van desde responsabilizar a las plataformas digitales que la fomentan hasta abordar su impacto en las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial.

"Esta manipulación, a menudo facilitada por grandes empresas tecnológicas, agencias de relaciones públicas, empresas publicitarias y medios de comunicación, exige una respuesta decisiva", señalan en una misiva publicada coincidiendo con la celebración de Bakú de la cumbre climática COP29.

Firman la carta organizaciones como el foro C40 Cities, el centro de pensamiento E3G, la Universidad de Toronto, las ONGs Greenpeace, WWF, Avaaz, Amigos de la Tierra, el Observatorio de Corporaciones Europeas y la Rede Nacional de Combate à Desinformação.

"Nuestro ecosistema informativo está siendo dañado, y los responsables deben rendir cuentas", agregan los firmantes, que añaden que "la necesidad urgente de abordar la crisis climática nunca ha sido tan evidente" y, sin embargo, la "propagación de la desinformación sigue socavando y retrasando nuestra capacidad colectiva de actuar".

Suscriben también la misiva, entre otros, el climatólogo Alan Robock, el profesor de la Universidad de Stanford Chris Field, la vicepresidenta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático Thelma Krug, el psicólogo y profesor de la Universidad de Bristol Stephan Lewandowsky o la profesora de historia de la ciencia de la Universidad de Harvard Naomi Oreskes.

Y cargan en particular contra las redes sociales y las plataformas digitales, sin mencionar a ninguna específicamente, en días en que medios de reconocido prestigio como el británico The Guardian o el español La Vanguardia han anunciado que no volverán a difundir sus contenidos en X, red social adquirida por el magnate Elon Musk, asesor de Donald Trump.

Foto: Freepik.

"Los gobiernos también deben instar a las empresas de redes sociales, proveedores de tecnología publicitaria, y a las compañías de radiodifusión y publicación a asumir su responsabilidad y dejar de ser facilitadores de la destrucción planetaria", añaden los firmantes, que piden también que se "prevenga la monetización de la desinformación climática".

Difundir contenidos fraudulentos o engañosos sobre la acción climática representa "una grave amenaza para el ecosistema informativo, que dificulta la acción y política climáticas, y pone en riesgo la seguridad y salud pública", por lo que llaman a reconocer la amenaza, adoptar una definición de desinformación climática y combatirla.

"La crisis climática exige una acción urgente. La desinformación distorsiona nuestra comprensión de la realidad, poniendo en riesgo a personas y organizaciones y dañando las políticas públicas. No podemos permitir que estas falsedades debiliten la acción climática y obstaculicen el progreso", afirman.

IMPUESTOS PARA FINANCIAR LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Más propuestas en días de COP29

El Grupo de Trabajo sobre Exacciones Solidarias Globales (GSLTF por sus siglas en inglés) ha publicado su informe de progreso en la COP29 que presenta sus propuestas de nuevos impuestos, especialmente sobre criptomonedas, plásticos y ultrarricos "con el fin de reducir la brecha de financiación mundial para el clima".

Las nuevas "exacciones solidarias" servirían para financiar la lucha contra el cambio climático y el desarrollo y afectarían también a la aviación, los combustibles fósiles y las transacciones financieras.

En el caso de las criptomonedas, "teniendo en cuenta la gran demanda energética de la minería" necesaria para obtenerlas, esta coalición de países y organizaciones propone un impuesto de 0,045 dólares por kilovatio/hora, que podría aportar 5.200 millones de dólares además de reducir las emisiones.

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El gravamen en el sector de los plásticos se aplicaría sobre la producción primaria de polímeros en una cantidad que oscilaría entre los 60 y los 90 dólares por tonelada, lo que permitiría recaudar entre 25.000 y 35.000 millones de dólares anuales y apoyar a la vez las acciones contra la contaminación por este material.

Respecto a las personas físicas con patrimonios muy elevados, propone un impuesto mínimo coordinado del 2 % que afectaría a los multimillonarios y que fue debatido "recientemente" en el G20 que generaría entre 200.000 y 250.000 millones de dólares y fomentaría "un panorama fiscal mundial más justo".

Liderado oficialmente por Kenia, Barbados y Francia, el GSLTF incluye en este momento a 17 países y organizaciones observadoras asociadas entre los que figuran España, Dinamarca, la Comisión Europea, la Unión Africana y Senegal.

Todos los miembros, según el informe, están "comprometidos con la búsqueda de soluciones para generar una financiación sustancial, justa y predecible" que permita "hacer frente a las urgentes necesidades mundiales".