Mar Centenera, El País de Madrid
La Justicia argentina declaró culpable este jueves al productor ganadero Ricardo La Regina por daños agravados en una zona de nidificación de pingüinos de Magallanes en 2021. El Tribunal de Chubut lo condenó por la destrucción de flora y fauna silvestre con una retroexcavadora en su campo, vecino a la reserva natural de Punta Tombo, que alberga una de las grandes colonias mundiales de esta especie de ave migratoria. Los jueces consideraron probado el delito de crueldad animal en uno de los hechos. La pena contra La Regina se conocerá el próximo lunes.
Las organizaciones querellantes celebraron un fallo que manda un mensaje muy claro a la sociedad argentina: destruir la naturaleza y maltratar a los animales tiene consecuencias penales. “Estamos ante una condena histórica y un punto de inflexión decisivo en la lucha contra la impunidad ambiental en Argentina”, señaló Lucas Micheloud, codirector de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
“Se probó que lo que se había afectado era la naturaleza, el ecosistema, la flora, la fauna, el hábitat reproductivo del pingüino de Magallanes y esto era resistido por la defensa que venía señalando que acá no había delito porque lo único que se hizo fueron mejoras en su propiedad privada y que todo lo que hay en esa propiedad privada, incluyendo el hábitat reproductivo de los pingüinos de Magallanes, les pertenecía”, agregó Micheloud, quien considera que el fallo sienta un precedente para enfrentar los crímenes ecológicos en Argentina. “Esta masacre de más de un centenar de pingüinos, que despertó gran indignación de la ciudadanía, hoy recibe justicia”, opinó el biólogo Matías Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino.
Los hechos condenados ocurrieron entre agosto y diciembre de 2021, en un campo vecino a la reserva natural de Punta Tombo, en la costa patagónica, unos 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires. Durante esos meses, que coinciden con la primavera austral, estas aves migratorias son especialmente frágiles porque dejan su hábitat marino para anidar cerca de la costa, en nidos excavados en tierra u ocultos entre los matorrales. El macho y la hembra se turnan en el cuidado: uno empolla los huevos y cuida después a los pichones recién nacidos, mientras el otro camina hasta el océano Atlántico para zambullirse en busca de alimento.
Sin contar con autorización oficial ni tener en cuenta el daño ambiental de sus acciones, en ese período La Regina abrió un camino hasta el mar de más de 700 metros, hizo una pequeña laguna e instaló un alambrado electrificado para evitar que sus vacas se escaparan de la propiedad. Según la fiscal Florencia Gómez, el dueño de la estancia La Perla arrasó con al menos 176 nidos de pingüinos con huevos o pichones en esas maniobras.
El Tribunal declaró a La Regina “autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado en modalidad de delito continuado y en concurso ideal con el delito de crueldad animal”. Los jueces advirtieron que el dueño de la estancia de La Perla no es propietario de los animales salvajes que viven allí y que cuentan con protección ambiental. Señalaron, además, que el productor ganadero conocía las graves consecuencias ambientales que tenía desmontar parte de su terreno y que la falta de respuesta oficial a sus peticiones no lo exime en el cumplimiento de la ley.
La fiscal se mostró confiada en que, a raíz de este fallo, la sociedad se anime a denunciar otros delitos ambientales y que la Justicia los investigue como corresponde. “Se trata de un caso sin antecedentes que afectó el ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido”, expresaron desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut.
Este caso, conocido como “la masacre de pingüinos de Punta Tombo”, tuvo una gran repercusión mediática en Argentina. La pingüinera de Punta Tombo es una de las grandes atracciones turísticas de la costa patagónica y las organizaciones ambientalistas juntaron miles de firmas para exigir que se hiciera justicia. El expresidente Mauricio Macri fue una de las voces que se alzaron para exigir leyes específicas que castiguen los delitos ambientales y la formación de técnicos que los sepan investigar. “No hay posibilidad de que la vida humana prospere matando animales, contaminando el agua, talando bosques, agotando recursos, secando la tierra o extenuando la vida en el mar y los ríos”, escribió Macri en sus redes sociales en mitad del juicio. Las partes aguardan ahora al lunes para conocer la pena establecida por el tribunal.
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