AFP
La extracción ilegal de madera en la Amazonía brasileña aumentó 19% en un año, según un informe publicado este miércoles, en momentos en que la mayor selva tropical del mundo sufre el embate de incendios récord en dos décadas.
Un área de bosques nativos equivalente a 350 campos de fútbol fue talada ilegalmente por día entre agosto de 2022 y julio de 2023, de acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo de Explotación Maderera (Simex).
La extracción de madera en tierras no autorizadas se expandió en ese período de 106.000 hectáreas a 126.000 hectáreas, revelaron los registros del Simex, el principal indicador en Brasil de tala legal e ilegal en la región amazónica.
En total, se talaron 366.000 hectáreas, de las cuales 65% estaban habilitadas para extraer la madera.
"El aumento de la ilegalidad genera daños ambientales, amenaza pueblos y comunidades tradicionales y debilita el sector maderero, además de dañar la imagen del país en el mercado internacional", lamentó en un comunicado Dalton Cardoso, del instituto Imazon, una de las organizaciones ambientalistas a cargo del Simex.
El investigador instó al gobierno a reforzar la fiscalización para que la explotación del recurso sea sostenible y genere empleos e impuestos.
Las áreas donde se identificó actividad de tala con fines comerciales fueron mapeadas usando imágenes satelitales y comparadas con las zonas autorizadas por las agencias estatales.
Según el levantamiento, la mayor parte de la extracción ilegal (71%) tuvo lugar en terrenos rurales privados. Cerca de 650 fincas privadas están implicadas en la extracción ilegal. Los principales implicados están identificados en registros públicos y son pasibles de castigos por sus delitos, subraya el comunicado.
El informe da cuenta además de que 16% de la tala fue en tierras indígenas, lo que pone en riesgo a las comunidades que las habitan.
El incremento de la extracción ilegal maderera se conoce pocos días después de que la Comisión Europea propusiera aplazar por un año la entrada en vigor de una ley que veta la importación de productos provenientes de áreas deforestadas. Brasil fue uno de los países que presionó para que la legislación, que debía aplicarse a partir de diciembre, fuera aplazada.
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