Uruguay está presente en la COP16 sobre biodiversidad, que se realiza desde el 21 de octubre en la ciudad colombiana de Cali y que tiene como objetivo establecer compromisos y marcos de acción para conservar la diversidad y darle un uso sostenible, además de garantizar la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Asimismo, la cita, que reúne a representantes de 196 países, tiene la lupa puesta en el financiamiento que se espera obtener para poner en marcha las metas de cada país con la mira puesta en 2030.

Esta COP viene precedida de un antecedente para nada auspicioso, que fue el fracaso de las llamadas “Metas de Aichi”, y de otro que, en cambio, aporta esperanza de un real avance: el Marco Mundial para la Biodiversidad Kumning Montreal, sellado en la COP15. Las primeras establecían objetivos para 2020 y ninguno de ellos se cumplió. Y el segundo fijó metas para 2030 y los países están trabajando ahora, en las reuniones que se realizan en Cali, para establecer cómo las cumplirán.

Cada uno de los países que participa en la COP se había comprometido previamente a presentar sus Estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica (Epandb), para así posibilitar su análisis, discusión y posterior puesta en marca. Uruguay viaja a Cali con un plan de 23 metas que responden a lo requerido en el marco de Kumning Montreal y que son “la primera etapa de trabajo hacia la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad”, tal como dice en la publicación realizada por el Ministerio de Ambiente.

Aquí se pueden leer las 23 metas.

El país participará con una delegación encabezada por el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que también contará con la presencia de técnicos de su cartera, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de la Cancillería. Esta COP es la primera que se realiza con un Marco Mundial acordado y ambicioso, por lo que hay altas expectativas en lo que allí se pueda definir.

Antes de partir a Cali, El País conversó con Gerardo Evia, director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, quien explicó que una parte importante de lo que Uruguay presentará tiene que ver con la negociación de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.

Foto: JOAQUIN SARMIENTO/AFP fotos

Esto se relaciona con que en la COP15, además de adoptarse el Marco Mundial, se firmó el Protocolo de Nagoya que establece la creación de un mecanismo de distribución de beneficios devenidos de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos. Aunque suena muy complejo, esto es algo así como la creación de un Agadu a nivel mundial que recaude y reparta el dinero que se genera en la producción derivada de recursos naturales.

“La forma de acceder a la información genética de los seres vivos es directamente a través de la extracción de ADN y a partir de ahí se desarrollan productos. Pero, de la mano del avance de la tecnología informática, esa información circula en el mundo en forma de secuencias digitales y está guardada en bancos de datos”, explicó Evia. Es de allí que las empresas toman lo que necesitan y elaboran medicamentos, cosméticos, productos biotecnológicos, transgénicos, por ejemplo. “Lo que se tiene que definir es cómo negociar la distribución de beneficios, porque el acuerdo original establecía que los países que tienen la biodiversidad de la que se obtiene esa información genética deberían ser retribuidos. ¿Y cómo se va a definir eso? Es un lío”, agregó.

En este punto, Uruguay tiene el camino avanzado, aseguró Evia y contó que ya se han firmado acuerdos de distribución de beneficios generados en base a recursos genéticos, que incluyeron a la Universidad de la República y empresas del sector vitivinícola.

Estefania Leal/Archivo El Pais

“Lo que se va a discutir en Cali es cómo debería funcionar eso; quiénes van a aportar: si serán los que obtienen los recursos o grupos de empresas; si serán las empresas de mayor facturación. También se debe definir cómo se va a controlar los aportes y por supuesto, ahí hay muchos intereses en juego. A nosotros, si bien nos interesa que haya un sistema justo y transparente, nos interesa también que las pequeñas empresas biotecnológicas o bioinformáticas que puedan desarrollarse en el país, no tengan costos demasiado grandes como para que se impida su desarrollo”, dijo Evia.

“Eso por un lado, pero además atender al sistema de reparto, porque de una bolsa común habrá que repartir y tenemos claro que países megadiversos como Colombia o Brasil, por ejemplo, van a pedir que hacia ellos vayan la mayor parte de los recursos”, agregó.

Por otra parte, la COP va a discutir cómo va a implementar los mecanismos financieros para apoyar la conservación de la biodiversidad. “En el interín, se creó además un fondo nuevo, específicamente dedicado al apoyo de la biodiversidad, con contribuciones voluntarias de los países. Por ahora muchas de las cosas que se plantearon no se han cumplido, pero algunos ya han hecho aportes”, explicó.