AFP
La ley de restauración de la naturaleza, adoptada este lunes por los miembros de la Unión Europea (UE), tiene como objetivo detener el deterioro de la biodiversidad y la recuperación de los ecosistemas dañados, aunque el plan original resultó diluido en una amarga batalla política.

De acuerdo con la UE, el 80% de los hábitats naturales en el bloque se encuentran en un estado de conservación considerado "malo o mediocre" y hasta el 70% de los suelos se encuentran en mal estado de salud.

El texto exige que los países del bloque establezcan medidas de restauración de aquí a 2030 en el 20% de los espacios terrestres y marinos a escala de la UE, que hacia 2050 cubra todas las áreas que lo requieran. La normativa prevé flexibilidad para aquellos países cubiertos mayoritariamente por un único tipo de ecosistema, como los escandinavos.

Los Estados tendrán que tomar medidas destinadas a lograr "tendencias crecientes", hasta fines de 2030, para dos de tres indicadores, y objetivos de población de pájaros comunes en áreas rurales.

La norma contempla que el 30% de los humedales drenados utilizados en agricultura deberá ser restaurado hasta el 2030, para alcanzar el 40% en 2040 y el 50% en 2050, para reactivar esos sumideros naturales de carbono.

Sin embargo, los Estados más afectados se beneficiarán de flexibilidad, y la reposición de agua seguirá siendo opcional para los agricultores y propietarios privados.

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Esta legislación es una pieza clave del ambicioso Pacto Verde de la UE, y fue objeto de una demorada y difícil negociación en el parlamento Europeo. En su mandato de negociación inicial, los eurodiputados eliminaron por completo el artículo relativo a las tierras agrícolas. Finalmente, luego de difíciles negociaciones con los países del bloque, fue restituido pero de forma mucho más relajada.

El objetivo indicativo propuesto por la UE de ampliar las zonas de "alta diversidad" al 10% de las tierras agrícolas en el bloque fue eliminado por la oposición de los eurodiputados de derecha, que lo vieron como una amenaza a la seguridad alimentaria.

También se ha introducido un mecanismo para suspender la aplicación de las disposiciones del texto en caso de circunstancias "excepcionales", en particular en caso de "consecuencias graves sobre la disponibilidad de tierras necesarias para garantizar una producción suficiente para el consumo de la UE". Este 'freno de emergencia' sería activado por la Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la UE- por un período máximo de un año.

Los Estados se verán obligados mantener sin cambios sus superficies de espacios verdes y arbolados en las ciudades en 2030 en comparación con 2021, aunque con flexibilidades si ya constituyen el 45% de los ecosistemas urbanos.

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El texto aprobado prevé eliminar obstáculos (por ejemplo, algunas pequeñas represas obsoletas) en los ríos, para alcanzar al menos 25.000 km de cursos de agua de aquí a 2030, para una mejor "conectividad natural".

En el mismo plazo, los Estados deberán haber adoptado medidas que permitan un desarrollo de varios indicadores forestales, con un objetivo indicativo de plantar al menos 3.000 millones de árboles hasta 2030.