Redacción El País
Al iniciarse en Punta de Este la reunión internacional Latin America & Caribbean Energy Summit (19-21 de noviembre), la asociación civil peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) alerta que la entidad estatal de promoción de hidrocarburos de su país, Perúpetro (que vendría a ser Ancap para nuestro país), "impulsa la explotación de petróleo y gas natural en la Amazonía peruana en zonas superpuestas a áreas naturales protegidas, territorios indígenas y pueblos indígenas". Para exponer este caso, representantes de la sociedad civil peruana se encuentran en Uruguay como participantes de esta Cumbre.

Como parte de su Plan Promocional de 2024, Perúpetro estará en el pabellón internacional de la cumbre en Punta del Este, donde tendrá una presentación denominada “Oportunidades de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas en Perú”, a cargo del presidente de su directorio, José Adrián Mantilla Castillo.

Estas tareas de promoción de parte de Perúpetro continúan a pesar de que diversos expertos peruanos y de alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones indígenas de ese país, han manifestado su preocupación ante el impulso de 39 áreas promocionales y la firma de tres convenios de evaluación técnica en el Amazonas peruano.

DAR sostiene que, de este modo, "Perú intensifica el impulso a las energías fósiles aun cuando el mundo se encuentra discutiendo mecanismos de transición hacia energías limpias y debatiendo la urgencia de compromisos nacionales más exigentes para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la Cumbre Mundial sobre el Clima COP29, actualmente en desarrollo en Bakú, capital de Azerbaiyán".

DAR ha explicado que las áreas promocionales que promueve Perúpetro "se superponen con más de cuatro millones de hectáreas de territorios indígenas, que involucran a 21 pueblos indígenas, a los que no se les está garantizando derechos como la consulta previa". "También se superponen a tres Reservas Indígenas y una Reserva Territorial, donde viven Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), altamente vulnerables ante el contacto externo", añadieron.

Foto: EFE.

“También preocupa que estas áreas promocionales incluyan parte del territorio de áreas naturales protegidas, incluso del Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde por Ley están prohibidas la extracción de recursos naturales”, señala Sofía Rodríguez, especialista de DAR.

A pesar de ello, el Estado peruano pretende suscribir allí un convenio de evaluación técnica, lo que vulneraría el mandato constitucional de protección de la biodiversidad y todo el sistema de áreas naturales protegidas del Perú.

“Cualquier empresa seria, que tenga políticas de sostenibilidad y de respeto de derechos humanos —que incluyen los ambientales— debe conocer previamente lo que implica esta promoción: un intento de reducción de la protección ambiental en una de las zonas más biodiversas del mundo. No se pueden promover actividades productivas en desmedro de áreas protegidas que tienen protección constitucional”, enfatiza César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, que también está en Uruguay.

Diversas organizaciones de sociedad civil y organizaciones indígenas peruanas vienen realizando un llamado a una inversión responsable a las empresas a través de una Carta Abierta, donde les instan a "evaluar su potencial intervención" y "a adecuarse al marco legal de protección de derechos humanos, especialmente referidos a los PIACI y al cuidado de la Amazonía".

Foto: Archivo/El País.