EFE
Un grupo de 11 países de la Unión Europea, entre ellos España, ha pedido por escrito al conjunto de 27 países miembros que vote a favor de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca reparar los ecosistemas dañados y se ha convertido en un símbolo del debate en torno a la agenda verde.

El documento surge a iniciativa de Irlanda y lo secundan los ministros de Medioambiente de Alemania, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Lituania, República Checa y España. Allí, los ministros piden a sus homólogos en el Consejo de la UE que voten a favor de la aprobación del texto en el consejo de ministros de Medioambiente de la UE que se celebrará el próximo 17 de junio en Luxemburgo.

"Esa ratificación estaría a la altura del compromiso que todos asumimos de ser un líder mundial en restauración de la naturaleza", señalan los firmantes, que intentan salvar así una de las leyes más trabadas de la legislatura comunitaria. La innovadora normativa había vuelto a encallar después de que Hungría se sumase el pasado febrero al grupo de países críticos, donde ya estaban Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia, imposibilitando así una mayoría a favor de aprobarla.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente de Hungría, Aniló Raisz, defendió que la protección de la naturaleza es una competencia nacional, que su aplicación supone mayores costes y que es necesario buscar un mayor apoyo a la ley por parte del sector agrícola, por eso maniobran ahora los países a favor de la ley.

"Debemos actuar de manera urgente y decisiva para concluir el proceso político", señalan los ministros firmantes de la carta.

La Ley de la Restauración de la Naturaleza, iniciativa que la Comisión Europea presentó en junio de 2022, pretende acompasar el paso de la UE con los acuerdos sobre biodiversidad de Naciones Unidas, obligando a reparar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030 y todos ellos para el 2050.

El texto se convirtió en el caballo de batalla de las grandes plataformas agrícolas contra la transición ecológica, de la extrema derecha y, sobre todo, del Partido Popular Europeo, que atacó el texto como estandarte de una agenda verde de la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen, también democristiana, como movimiento táctico de cara a las elecciones europeas de este mes de junio.

Los países alcanzaron un enfoque común y la lucha política se trasladó a la Eurocámara, que alcanzó un acuerdo provisional con el Consejo el pasado diciembre, bajo presidencia española, y que logró aprobar el pacto, por la mínima y entre ruido e incertidumbre, en las comisiones parlamentarias y en el pleno.

La negociación suavizó notablemente la norma, con cláusulas como comenzar la restauración por la red Natura 2000, que la Comisión presente un informe sobre los recursos financieros disponibles y que se puedan suspender las medidas hasta un año por razones de emergencia, entre otras.

Y cuando se suponía que adoptar la Ley de Restauración de la Naturaleza era ya una mera formalidad, ha vuelto a encallar, esta vez en el Consejo, que representa a los Estados miembros, en un contexto en el que la derecha, el centro derecha y los partidos euroescépticos cuestionan cada vez más el Pacto Verde Europeo, uno de los ejes del actual mandato de Von der Leyen.