EFE
El que "contamina paga”, esa es la premisa del comercio de emisiones que obliga a gobiernos y empresas a pagar por el CO2 vertido a la atmósfera, herramienta clave para la mitigacion climática cuya aplicación es extensa, aunque con aspectos pendientes de resolver en la COP29 para su plena implementación; ¿qué son los mercados de carbono?

La compra-venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero es el eje del funcionamiento de este mecanismo climático cuyo objetivo es estimular la descarbonización de la economía global mediante la mitigación de emisiones de CO2, principal gas causante del calentamiento global.

La asignación de un precio a las emisiones de carbono como moneda de cambio es un acicate para animar a las compañías y gobiernos a reducir su contaminación.

Pero además los países y empresas pueden compensar parte de sus emisiones con acciones "verdes" fuera de sus fronteras mediante créditos de carbono. Existen proyectos de todo tipo, desde la reforestación que es el más habitual para absorber CO2, hasta la instalación de huertos solares, instalaciones eólicas u otras iniciativas de eficiencia energética.

La conferencia de la ONU sobre el clima, la COP29, que acaba de comenzar en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y que durará hasta el 22 de noviembre, tendrá entre sus desafíos impulsar este tipo de mercados de carbono para combatir el cambio climático.

Por un lado están los mercados de carbono regulados, dirigidos a gobiernos y grandes empresas que están sometidos a normas de obligado cumplimiento para la compra-venta de emisiones; entre ellos, destaca el sistema europeo, que fue pionero con su lanzamiento en 2005.

Por otra parte, están los mercados de carbono voluntarios de carácter flexible para entidades de menor tamaño que quieren compensar su huella de carbono. Su funcionamiento parte de la adquisición de créditos de carbono para financiar proyectos que absorben y capturan CO2.

Imagen realizada con inteligencia artificial - Freepik

A algunos compradores les preocupa que no haya reglas adecuadas ni transparencia, ni contabilidad rigurosa en estos mercados de carbono voluntarios para impedir que los países cambien los términos de los acuerdos o los revoquen.

Denuncian además problemas de contabilidad y desorden dado que tampoco existe un sistema sólido para garantizar que los créditos comprados y vendidos no se los apunten tanto los países compradores como por los vendedores.

El artículo 6 del Acuerdo de París insta a los países a cooperar para reducir sus emisiones de carbono; en virtud del mismo un país puede transferir a otro los créditos de carbono que haya obtenido mediante la reducción de sus emisiones. Esos créditos podrían generarse mediante proyectos aprobados que se lleven a cabo en ese país.

Existen dos mecanismos principales para que se lleve a cabo el comercio. En virtud del artículo 6.2, los países pueden establecer acuerdos bilaterales de comercio de carbono, y el artículo 6.4 describe un sistema en el que el comercio se implementa a través de un mercado de carbono respaldado por Naciones Unidas.

Este última opción nunca se había establecido adecuadamente, porque los países no lograban ponerse de acuerdo sobre sus normas. Sin embargo, justo en el arranque de la COP29 se ha aprobado respaldar la creación de dicho mercado de carbono de la ONU.

La decisión allana el camino para la puesta en funcionamiento del esperado mercado de carbono tal como está previsto en el artículo 6 del Acuerdo de París.

Además, hará más atractivas las transacciones para las empresas dado que cuentan con el respaldo de Naciones Unidas, al contrario de lo que ocurre actualmente en los mercados voluntarios de carbono donde las reglas de juego generan más inseguridad a los participantes.

Foto: Freepik.

Según la presidencia de Azerbaiyán, la creación del Mercado de Carbono de la ONU podría desbloquear flujos de inversión de 250.000 millones de dólares al año, lo que podría facilitar a los países el cumplimiento de sus respectivas contribuciones nacionalmente determinadas (NDC por sus siglas en inglés) que en cumplimiento de los acuerdos climáticos habrán de ser más ambiciosas.

El "greenwashing" o lavado verde es una práctica extendida por la que las empresas buscan enmascarar acciones que presentan como "verdes" pero que no lo son tanto y que por otra parte, pueden ser incluso contraproducentes para el clima.

Amplios sectores científicos vienen reclamando vigilancia, supervisión y trazabilidad de las acciones en estos mercados de carbono voluntarios. Los expertos reclaman planificación y orden, no proyectos arbitrarios que muchas veces son abandonados sin monitorización, ni supervisión, ni seguimiento.

Es el caso, según denuncian algunos expertos, de determinadas plantaciones masivas de árboles en el sur global en países muchas veces sin apenas lluvias y desérticos en donde se crean bosques artificiales con la excusa de absorber CO2 pero que al no ser vigilados, muchas veces contribuyen a alterar los ecosistemas originarios.

Y lo peor es que a menudo acaban siendo pasto de las llamas de incendios, generando desertificación de terrenos y nuevas emisiones de CO2.

Los más críticos advierten del auge de una especie de "colonialismo verde" al que los países pudientes se acogen para tener manga ancha con proyectos inútiles o contraproducentes en el sur global, que les dan alas para seguir contaminando en sus países de origen.