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El Ministerio de Cultura español ha decidido atacar la piratería por Internet, a través de medidas que buscan perseguir entre otros puntos, a las web de enlaces. Para eso entrará en el terreno del control de las descargas, con el fin de proteger la propiedad intelectual. La medida llega luego de más de tres años de infructuosas negociaciones entre las partes, la industria de contenidos y los operadores de acceso (ISP).

El gobierno español lo ha hecho aprovechando la Ley de Economía Sostenible, en la que se introduce la modificación de las dos leyes fundamentales en la materia: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y La ley de Propiedad Intelectual (LPI).

La disposición final primera de la ley apadrinada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, modifica las dos leyes citadas "para proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet". La modificación más relevante y que causará más polémica es la introducción en la LSSI de la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" como uno de los cinco motivos por los que se puede restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, aunque siempre por la autoridad judicial competente.

El artículo 8.1 de la LSSI sólo contempla hasta ahora cuatro causas para la restricción del acceso a Internet: la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional, la protección de la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la juventud y de la infancia.

Además, se introduce un nuevo apartado en esa misma legislación, en el que se otorga a los "órganos competentes" la capacidad para requerir a los operadores los datos -y la obligación de éstos a facilitarlos- que permitan la identificación de quien esté realizando la conducta vulneradora.

Con esta modificación legislativa se prepara el terreno para un amplio conjunto de medidas que serán presentadas a mediados de este mes para el control de las descargas de archivos, y que no incluirán en ningún caso la desconexión de los internautas particulares, centrándose en la persecución de las web de enlaces.

El gobierno español establece también mecanismos para evaluar el impacto de la naciente ley, entre ellos un informe anual sobre los resultados de su aplicación.