JUSTICIA

Los actuarios de la Agencia Tributaria de España ratificaron ayer ante el juez que investiga a Shakira por fraude fiscal, que la cantante colombiana defraudó en 14,5 millones de euros -unos 16 millones de dólares- a las arcas públicas españolas entre 2012 y 2014, según informaron medios de ese país como El Diario y EFE.

Fuentes jurídicas afirmaron a la agencia EFE que los dos peritos ratificaron ante el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues el contenido del informe que remitieron a la fiscalía y con el que alertaron que la artista habría estado evadiendo el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En la declaración, de carácter técnico, estuvieron presentes el abogado de Shakira, José Ángel González Franco, así como los letrados Diego Artacho y Arnau Xumetra, que representan al asesor fiscal de la cantante en los Estados Unidos, también imputado en la causa, abierta a instancias de una querella del Ministerio Público. 

En 2019, Shakira fue acusada de haber defraudado a la Hacienda Pública en España por más de 14,5 millones de euros que debía haber abonado en concepto de impuestos, utilizando para ello un entramado de catorce sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

La querella de la fiscalía española accionó legalmente contra la cantante colombiana - que este fin de semana actuará en el entretiempo del famoso Superbowl junto a J.Lo - y también contra su asesor fiscal en los Estados Unidos, que fue director de varias de las compañías de su propiedad.

Shakira aseguró que pagó la suma completa que le exigía la Agencia Tributaria y que no está en deuda con el Estado español. Cuando fue citada a declarar el pasado junio, aseguró que ya había abonado 20 millones de euros correspondientes a las deudas e intereses de 2011, así como los 14,5 millones que le reclamaban por los ejercicios siguientes y defendió que, en esas fechas, no tenía obligación de tributar en España.

Además, afirmó que cumplió sus obligaciones tributarias siguiendo las indicaciones de sus asesores fiscales, de la consultora PWC, expertos en materia fiscal de reconocido prestigio.

La cantante, que respondió únicamente a preguntas de su abogado, sostuvo que sólo fijó su residencia en Esplugues de Llobregat en 2015, cuando dio a luz a su segundo hijo, y que hasta entonces únicamente realizó visitas puntuales debido a su relación sentimental con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

Shakira alegó además que sus ausencias no eran "esporádicas" -como señaló el ministerio público-, sino que realmente residía en el extranjero, ya que mantenía una agenda de conciertos internacional y participaba en el programa televisivo The Voice en los Estados Unidos. 

Por su parte, su asesor fiscal, que declaró en septiembre, dijo al juez que desconocía si la artista realmente vivía en España pero que, según le "consta", residió en Bahamas entre 2012 y 2014.

Pese a ello, dijo que consultaron con la Agencia Tributaria española para saber si la cantante estaba obligada a declarar su IRPF, y que fueron informados de que solamente era necesario si pasaba más de 183 días en el país.

Dicho esto, su asesor fiscal argumentó también que él vive en Nueva York y "no tiene constancia" de dónde se encuentra Shakira en cada momento, por lo que "ni sabe ni puede saber" si la artista pasó más de 183 días en España.

Según la querella, la artista colombiana urdió un "plan" con el objetivo de no pagar a Hacienda ni el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni el del patrimonio y lo logró gracias a una red de empresas radicadas en paraísos fiscales que eran formalmente las titulares de los ingresos que percibía.

La acusa, además, de emplear este esquema "con el deseo de no tributar", a sabiendas de que "vivía de manera habitual en España (...) a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio".

El Ministerio Público subraya así que Shakira canalizó "los movimientos de capital generado con su actividad profesional", como actuaciones musicales o la comercialización de perfumes con su nombre, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.