Redacción El País.
La situación en Canal 5 alcanzó niveles de extrema tensión esta semana luego de que se conocieron las desvinculaciones (efectivas a partir de mayo) de los periodistas Leonardo Luzzi y Raquel Ceballos y del meteorólogo Núbel Cisneros. Lo que más preocupó en la interna es el corte anticipado del contrato (que vencía en diciembre) y una falta de respuesta clara respecto a la indemnización.

La situación generó una asamblea este viernes que culminó con la rúbrica de un comunicado de parte de la Asociación de Productores y Periodistas de Televisión Nacional (APPTN), el gremio que nuclea a los comunicadores contratados. El texto menciona el anuncio de los "despidos" de los periodistas y cuestiona su legitimidad.

"Los anuncios incumplen notoriamente con el texto de los documentos contractuales y con los acuerdos firmados", asegura el documento.

Además, el gremio se declara en conflicto por estas medidas y solicita "a la directora del Secan, Érika Hoffmann, la inmediata instalación de una mesa de negociación para el cumplimiento de los contratos vigentes con la suspensión de los despidos anunciados y la no innovación en medidas similares durante el proceso de negociación", expresan.

El texto añade que la finalidad del conflicto gremial es "mantener las fuentes laborales" de los contratados por los medios públicos y "el respeto de los compromisos asumidos por el Estado".

En su último punto, el gremio espera una respuesta positiva de parte de las autoridades para generar las instancias de diálogo.

La situación de Canal 5 generó revuelo en la interna pero también a escala política. Una alta fuente estimó que el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía no estaba al tanto de la situación hasta este viernes, cuando se interesó en lo sucedido en el canal estatal.

Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Además, el expresidente del Secan, Gerardo Sotelo, emitió un mensaje de cuestionamiento a las resoluciones recientes de las nuevas autoridades.

"Lamento la situación generada en Canal 5. Los jerarcas públicos tienen amplias facultades para tomar decisiones pero no pueden incumplir contratos, modificarlos sus términos unilateralmente ni imponer a los periodistas qué fuentes de información deben consultar", expresó.

"Conozco a todos los involucrados y espero que encuentren una solución dialogando y corrigiendo errores, acaso atribuibles a la falta de experiencia o al exceso de entusiasmo", añadió.