La contadora Giuliana Pérez emprendió una serie de demandas contra comunicadores y programas de TV luego de que en setiembre de 2020 se difundiera que había formado parte de delegaciones oficiales encabezadas por el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma. En el caso que la enfrenta a varios integrantes de Polémica en el bar, de Canal 10, la jueza Jennifer Castillo falló esta semana desestimando el reclamo, aunque el abogado de Pérez adelantó que apelará la sentencia.
El fallo judicial, al que accedió TV Show, desestima el reclamo por razones formales: la demanda fue promovida en julio de 2022 pero refiere a un capítulo del programa de debate de Canal 10 emitido el 18 de setiembre de 2020. La ley de prensa (16.099) que regula el derecho de respuesta o las eventuales indemnizaciones por un ilícito eventual en medios de comunicación establece que el reclamo debe presentarse antes de los 90 días de difundida la publicación controvertida. De lo contrario, se extinguiría el derecho.
Pérez accionó contra el conductor Jorge Piñeyrúa y los panelistas Patricia Madrid, Nicolás Lussich y Gaspar Valverde, quien en aquel momento era parte del programa. Durante el capítulo en cuestión, los comunicadores abordaron el caso y mostraron la imagen de Toma junto a Pérez en la tribuna del estadio de Roma.
De acuerdo a Pérez, los comentarios "falsos" y "frívolos" y especulaciones sobre una eventual "relación sexoafectiva" (con Toma) en el programa afectaron su "integridad, prestigio e imagen social", además de su carrera, que se habría visto truncada. Alega daño patrimonial y reclama unas 3.900 UR, algo más de 150.000 dólares, además de un pedido de disculpas público de parte de los comunicadores.
"Se dedicaron meticulosamente a construir una semblanza y difundirla a la opinión pública como una mujer dispuesta a oficiar de compañía en una relación de naturaleza sexoafectiva con el señor Miguel Toma, quien otrora ocupaba un alto cargo de gobierno y a raíz de ello, viajando por el mundo como amante o una especie de acomodada o infiltrada en misión oficial y a costa de los dineros públicos", asegura Pérez en el escrito de presentación de su demanda.
La contadora asegura ante el Juzgado Letrado en lo Civil de segundo turno que la difusión del caso, en la forma en que fue debatido en Polémica, la afectó personal y laboralmente. "El daño moral que se reclama surge al pasar de ser una profesional prestigiosa, exitosa y reconocida a ser una persona despreciable, moral y profesionalmente, con un encendido reproche social, determinado que se alejara hasta de sus lugares de esparcimiento", dice y añade que hasta está impedida de acceder a los servicios de una mutualista al reducirse sus ingresos.
La defensa de los comunicadores interpuso el recurso de caducidad previsto en la ley de prensa, lo que fue aceptado por la jueza Jennifer Castillo. "Debe tenerse presente que la caducidad es un instituto referido a la extinción de un derecho que nace limitado en el tiempo, reservado para aquellos casos en los cuales existe interés público en que así sea, y su no ejercicio, simplemente, con independencia de las razones (subjetivas) que tenga el titular, lo hacen caducar", asegura la magistrada citando al jurista Enrique Véscovi. En otro tramo de la sentencia, la magistrada asegura que en todo caso, el derecho de Pérez al reclamo venció en diciembre de 2020, a tres meses de emitido el programa en cuestión.
El abogado de la contadora adelantó que apelará la sentencia, por lo que continuará el proceso en un Tribunal de Apelaciones.
Pérez presentó demandas similares ante otros integrantes de programas televisivos que abordaron su caso, como Victoria Rodríguez, Fernando Marguery y Pablo Casas (Esta boca es mía), además de comunicadores de Santo y seña y Todas las voces (Canal 4).