TECNOLOGÍA

China ha pasado en cuestión de semanas de ser el principal foco de la pandemia a casi eliminar las infecciones locales de COVID-19. ¿Un ejemplo para el resto del mundo? Solo si este está dispuesto a renunciar por completo a su privacidad, algo que en Occidente no parece nada fácil, aunque Alemania, quizás la nación más consciente de la privacidad en la Tierra, ya lanzó su propia aplicación para rastrear los contactos de cualquier persona infectada con COVID-19.

El control que ejerce el Partido Comunista Chino sobre la ciudadanía ha permitido al gobierno recabar enormes cantidades de datos relativos a la movilidad de las personas y a su salud, sin consentimiento ni transparencia. El caso más sonado es el de la aplicación para móviles bautizada oficialmente como “Código de salud”.

En base a datos introducidos por el propio individuo y a información gubernamental, asigna un código de color a cada persona. Este código (verde, amarillo o rojo) determina la movilidad del individuo, y puede ser requerido para comprobación por las autoridades en la calle, en los accesos a los establecimientos comerciales o en el transporte público. Se desconoce el criterio de asignación empleado por el gobierno, ni el uso exacto que hace de los datos.

En Corea del Sur se creó una app llamada Corona100m que dispone de una tecnología llamada geofencing que ejerce de “valla virtual” para que los usuarios, mediante la recepción de una alerta móvil, puedan saber si están entrando en una zona con casos masivos de contagios. La alerta suena cuando se está a menos de 100 metros de un paciente confirmado de coronavirus.

Singapur tiene también un mapa similar. Una de las herramientas más avanzadas es TraceTogether que emplea Bluetooth para ayudar al gobierno a localizar y notificar a las personas que han estado en contacto con un infectado. Permite detectar a usuario que se encuentra a cinco metros. El gobierno dice que la información está encriptada y es eliminada después de 21 días.

La propuesta nipona defiende un servicio que monitoriza la ubicación de una persona para indicarle si puede salir a la calle en función de varios parámetros: la edad del individuo, si ha dado positivo en los tests, si está inmunizado o si se ha tomado la temperatura. De esta manera se crea un certificado con códigos visuales como un semáforo.

“La proporcionalidad entre el bien común y la libertad personal es uno de los grandes dilemas en una democracia”, dijo Manuela Battaglini, directora de Transparent Internet a El País de Madrid. “Aquí sería el caso entre el bien común y la captación de ingentes cantidades de datos. Además puede llevarnos a Estados que practiquen una vigilancia constante con la excusa de proteger a la población, cuando el fin último es el control”, añadió.

Trasladar este tipo de prácticas a sociedades occidentales con regímenes democráticos y donde la confianza en los gobiernos está ya de por sí maltrecha supone no solo un enorme reto logístico, sino también un peligro de cara al futuro, según explican los especialistas en ciencias de la salud y tecnología de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich Effy Vayena y Marcello Ienca. “Mediante el uso de prácticas no transparentes se pondría en peligro la relación entre ciudadanos y gobiernos en países como Francia, Italia o EE.UU., donde las encuestas indican que ya hay un alto grado de desconfianza”, apuntan.

Vayena e Ienca no se oponen a que los gobiernos recurran, por ejemplo, a la localización de las personas mediante el GPS de sus móviles para la contención de la pandemia, pero sostienen que es necesario que estos respeten cuatro principios: transparencia sobre qué datos se están compilando; circunscripción de todas las medidas a un marco regulatorio claro; demostración de la ausencia de alternativas menos invasivas; y garantía de que habrá un sistema de control independiente.

Precisamente con este espíritu se ha creado el Rastreo de Proximidad Paneuropeo con Preservación de Privacidad, un proyecto que pretende ofrecer una solución única y de código abierto para recabar datos móviles en los países de la Unión Europea. La tecnología se apoya en el uso de Bluetooth y “está basada en la participación voluntaria, respeta el anonimato y no usa ni información personal ni geolocalización”, según recoge su página web.

Hasta ahora, la Comisión Europea ya estaba recopilando datos anónimos de los movimientos de los teléfonos móviles para “analizar los patrones de movilidad, incluyendo el impacto de las medidas de confinamiento, la intensidad de los contactos y, por extensión, los riesgos de contaminación”.
Por su parte, el Reino Unido está siendo hasta la fecha uno de los países más transparentes en cuanto a la compilación, justificación y usos de datos. “Cuando la pandemia amaine y el brote sea contenido, cerraremos la base de datos para COVID-19”, promete la página web oficial del Servicio Nacional de Salud (NHS). Este también se compromete a que toda la información que centralice durante esta crisis será devuelta al anonimato, permanecerá en todo momento bajo control exclusivo del NHS y se usará únicamente para luchar contra la enfermedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. recurrieron a los datos proporcionados por la industria de la publicidad móvil. Esos proporcionan información mucho más granular sobre la ubicación y el movimiento de las personas que los datos de la red móvil recibidos por el gobierno británico de operadores, por ejemplo. Los datos de GPS son precisos dentro de los cinco metros, mientras que los datos de la red móvil son precisos a 0,1 km² en los centros de las ciudades y mucho menos en áreas menos densas: la diferencia entre ubicar a un usuario en su calle y en una habitación de su hogar.