TECNOLOGÍA

José Cohen, un ingeniero que aún no ha cumplido los 40 años, ha empleado los últimos 12 en rehacer su vida tras verse atrapado en la red. Limpiar su reputación tras un incidente causado por unos empleados de una empresa que creó en su juventud le ha costado la ruina económica y personal. Hace tres meses consiguió eliminar los últimos enlaces que le acusaban de una estafa en la que nunca participó y de la que fue víctima.

Manipulación de imágenes para contenidos eróticos, usurpación de personalidad con fines comerciales, destrucción de marcas o la mera existencia de un contenido que con el tiempo se vuelve inoportuno son algunos de los casos donde cobra una relevancia vital la lucha por el derecho al olvido en internet. Sobre este se ha avanzado en las últimas legislaciones, pero aún arruina vidas.

“La gente no sabe que la reputación en internet no es una condena: es un derecho”, afirma Josep Coll, director de RepScan, una empresa que se encarga de eliminar toda la información perjudicial en internet. Como esta entidad, han surgido otras muchas porque el proceso, aunque puede realizarlo cualquier particular, es más difícil sin respaldo legal y técnico. El coste puede ir desde algo menos de €100 por el borrado de una foto o un vídeo a los más de 500 por la eliminación de una página.

Cohen creó hace 12 años una empresa para la venta de “juguetes de adultos”, como él la denomina. Comercializaba a través de la red aeronaves y vehículos exclusivos para juegos. Todo fue bien, “con facturaciones importantes”, según recuerda, hasta que un trabajador, según relata, comenzó a enviar paquetes sin contenido real para sustraer los objetos adquiridos por los usuarios y venderlos por su cuenta. Otro empleado que le llevaba el sistema informático se encargó de eliminar las reclamaciones.

“Yo no sabía nada. Fue un amigo el que me advirtió de que me estaban poniendo verde en algunos foros”, explica. Cohen intentó revertir la situación localizando a todos los afectados y devolviéndoles el dinero. Se corrió la voz por los foros y le llegaron reclamaciones de usuarios que ni siquiera habían comprado sus productos. Pagó hasta que se arruinó.

“Al principio no le di toda la importancia porque pensé que la gente que me conocía no haría caso”, recuerda. Pero la persistencia de las opiniones injuriosas en la red le hizo perder oportunidades de empleo, explicó: “Cada vez que iba a una entrevista, habían buscado mi nombre en internet y salían todos los enlaces que me perjudicaban. Ni siquiera me preguntaban, porque lo habría explicado. Finalmente, entré en una empresa pública por oposición, pero hasta hace poco tuve que soportar comentarios de algún compañero”.

Intentó borrar las referencias de forma personal y también recurrió a varias empresas y gastó más de €3.000. Cohen perdió en el camino su vida personal y profesional, que ahora, más de una década después, ha conseguido recuperar, o casi. “En las comidas familiares no se habla de internet”, lamenta.

Odón Martí es asesor de comunicación y se tuvo que enfrentar a otro caso: la usurpación de una página web de una entidad, con todo su contenido, para vincularla a una página de criptomonedas totalmente ajena al empresario que representaba. Explica que la corporación había olvidado renovar el dominio y alguien lo utilizó. “No era solo una foto; era todo el contenido”, recuerda. Martí destaca la importancia de mantener en buenas manos las claves y los accesos a la web. “Algunas empresas ni recuerdan quién las tiene o el trabajador que las tenía ya no es empleado y no saben ya cuáles son”, advierte. También avisa de la importancia de los contenidos que se suben de forma particular en un momento determinado sin saber el efecto que tendrán pasado un tiempo.

Un caso similar le ocurrió al conocido economista Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, según explica él mismo en un vídeo: “Un día me di cuenta, a través de un buen amigo, de que me estaban suplantando la identidad en una web que recomendaba la compra de un activo financiero. Era absolutamente falso”.

Es el caso de Mercedes, que por razones obvias, tras 10 años figurando en la red, prefiere no ser identificada con su apellido. Su caso es casi burocrático. Su sentencia de divorcio tenía que ser pública durante un periodo de tiempo legal de seis meses para asegurar el derecho de la otra parte a conocer la resolución. Al principio no le importó que se sobrepasaran los límites temporales previstos, pero un día se cansó de que, al poner su nombre en el buscador, la primera referencia que apareciera fuera el archivo con todos los pormenores. También por su hijo.

“Lo borré porque me daba la gana, quería pasar página. No me afecta laboralmente ni nada, pero ya me cansé”, relata. Finalmente, tras varios intentos frustrados para eliminar la información personalmente y a través de una organización de consumidores, lo consiguió con un coste de €300.