COLUMNA

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Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp), Google (y su YouTube), Twitter y el resto de las plataformas son parte del campo de batalla en el que se está librando la guerra que comenzó cuando Rusia decidió invadir Ucrania. Allí ya la guerra había empezado hace mucho tiempo y muy probablemente seguirá cuando los misiles y los tanques vuelvan al lugar del que nunca debieron salir.

El problema es que las plataformas están bajo una enorme presión de la comunidad internacional y eso está provocando que tomen decisiones algunas veces extremas y varias otras equivocadas.

El lunes 28, dos periodistas, el uruguayo Sergio Pintado y el argentino Marco Teruggi, detectaron que sus cuentas de Twitter habían sido etiquetadas como un “medio afiliado al Estado” de Rusia. Ambos trabajan en la agencia rusa Sputnik, que junto a la cadena también estatal de ese país (Russia Today) RT, llevan esa misma etiqueta desde agosto de 2020.

La etiqueta fue utilizada primero en cuentas de organizaciones y personas que tienen cargos en gobiernos de una serie de países elegidos por Twitter, luego comenzó a aplicarse a medios con financiación estatal que la plataforma entiende son voces oficiales y a editores y personalidades del periodismo. En 2021 se incluyeron Canadá, Cuba, Ecuador, Egipto, Alemania, Honduras, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Arabia Saudí, Serbia, España, Tailandia, Turquía y Emiratos Árabes.

Además de estar aplicando una disposición de doble rasero, Twitter está tomando decisiones que sobrepasan sus propias disposiciones etiquetando a periodistas que no son editores, viven en terceros países y no cubren temas relacionados con la guerra.

El jefe de Integridad de Twitter, Yoel Roth, informó que todas las publicaciones que incluyan links de RT o Sputnik y otros “medios afiliados al Estado” ruso verán reducido su alcance.

En Twitter desde hace años RT y Sputnik, y cualquier otro medio categorizado como afiliado al Estado, en los países mencionados no puede hacer publicidad. Están excluidos los medios propiedad de Estados pero considerados de línea editorial independiente como la BBC y la emisora norteamericana NPR.

El gobierno ruso pidió a Meta que los verificadores (o fact checkers) independientes no pudieran seguir etiquetando publicaciones. Meta se negó.

Como resultado, el gobierno de Vladimir Putin restringió el acceso a la plataforma. El jefe de Asuntos Globales de Meta, Nick Clegg, admitió que han “recibido pedidos de varios gobiernos y de la Unión Europea” para tomar “medidas en relación con medios que están bajo control del Estado ruso”. Horas después, Meta confirmó que está restringiendo en todas sus plataformas el acceso a la cadena RT y a la agencia Sputnik y prohibió a medios estatales rusos monetizar sus contenidos. Anunció un centro de operaciones especiales atendido por “expertos” que “supervisan la plataforma las 24 horas del día” con la intención de eliminar contenidos y suspender cuentas.

En Youtube, bloquearon el acceso a los canales de RT y Sptunik en toda Europa y admitieron que la decisión se debía al pedido de los gobiernos de la UE.

¿Está bien lo que hicieron las plataformas? La respuesta a esa pregunta no es tan simple. Es sabido, y probado, que Rusia lleva años usando sus medios estatales para difundir información falsa o directamente falsa para llevar agua a su molino. Pero resulta excesivo que esto implique señalar a periodistas de todo el mundo por el lugar donde trabajan.

Y es muy peligrosa la celeridad con la que las plataformas toman decisiones cuando algunos gobiernos se lo piden y cuando otros lo hacen ni siquiera contestan. Ni hablar de que lisa y llanamente tomen decisiones por presiones de gobiernos y organismos, cualquiera sean.

Son empresas privadas, dicen muchos. Sí, pero no pueden hacer lo que quieran. Gran parte del debate público se da en ellas. Cada día más, se acerca el día en que tendremos que sentarnos a discutir cómo regularlas