Listín Diario/GDA
Ramón Batista tiene 103 años y cumple una condena a la pena máxima en la prisión de Haras Nacionales, en República Dominicana. Su caso preocupa a la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de Defensa Pública ya que no cuenta con una familia que lo ampare y no tiene un hogar al que volver.

Esta comisión, dirigida por Rodolfo Valentín, llamó a los jueces de ejecución de la pena a que consideren de manera humanitaria las solicitudes de cambio de régimen de cumplimiento de pena, dadas las condiciones deplorables de salud en las que se encuentran muchos de los privados de libertad. Batista fue condenado, a sus 95 años, a 30 años de prisión por tentativa de homicidio agravado.

Este organismo también evalúa los casos de privados de libertad que se encuentran con enfermedades terminales, como cáncer avanzado, diabetes y VIH con complicaciones pulmonares severas, así como un número significativo de personas con trastornos mentales que requieren atención especializada y continua.

La referida comisión hizo una evaluación para identificar casos de personas privadas de libertad que, debido a condiciones de salud o avanzada edad, requieren urgentemente ser considerados para excarcelación. Pero Batista no tiene familia y el país no cuenta con centros geriátricos adecuados para recibirlo.

En República Dominicana, la ley contempla que la pena máxima para cualquier persona, incluidos los ancianos, depende del tipo de delito cometido y de las circunstancias específicas de cada caso y no existe una pena máxima específica designada exclusivamente para ancianos como grupo demográfico.

Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, presentó un proyecto de ley que ha sido complementado con observaciones clave del director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos. Estas observaciones son fundamentales para garantizar una legislación que responda adecuadamente a las necesidades humanitarias en el sistema penitenciario.

Piden que se tenga en cuenta que en algunos casos es necesario aplicar medidas alternativas o revisiones de sentencia, especialmente cuando la edad avanzada del condenado plantea cuestiones de compasión.