LICENCIAS MÉDICAS

En 2021 hubo un incremento importante de lo que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) debió destinar para el pago de suplencias por profesores que solicitan licencias por enfermedad. Se trató nada menos que de una cifra superior a los $ 6.700 millones. Al cambio actual son más de US$ 166 millones.

Este es un problema histórico que tiene la ANEP, y así fue expresado en la Rendición de Cuentas que publicó recientemente el organismo. En 2020 el número fue menor: fueron unos $ 6.450 millones, que en dólares se traducirían en unos US$ 160 millones. Pero Robert Silva, el presidente del organismo, señala a El País que esto solo fue una “excepción por la pandemia”, y basta para comprobarlo con revisar lo que fueron los números en 2019: más de $ 6.800 millones o US$ 170 millones.

La Rendición de Cuentas es crítica con esta situación y advierte que se “está poniendo especial foco en el tema de las suplencias y su evolución. En ese sentido, se ha culminado el proceso de revisión del marco normativo y de los procesos administrativos asociados a las certificaciones médicas y las licencias”.

El tema de las licencias médicas ha estado sobre la mesa en la última semana, luego de que los consejeros electos de la ANEP, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, alertaran en conferencia de prensa que el plan del gobierno -expresado en el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Legislativo-, por el cual los funcionarios públicos en caso de enfermedad pasarían a cobrar un subsidio recién a partir del tercer día y luego un 75% del salario, también podría pasar a aplicarse en los entes autónomos, lo que incluiría a la ANEP.

Antes de la conferencia de prensa, Iglesias envió un audio que se hizo viral entre maestros y profesores de UTU y Secundaria en el que alertaba sobre los posibles cambios. Allí manifestó: “Esto no se afecta a ANEP en Rendición de Cuentas, pero para el año próximo se le pide a los entes autónomos que tiene autonomía que vean la forma de introducir los mismos cambios. ¿Qué decirles? Lo que ya he dicho en el Codicen: nadie se firma su propio certificado médico, el que lo firma es un médico que dice que tal persona necesita tal proceso de recuperación. Y cuando la persona está débil, cuando está en recuperación, ahora se le quiere decir que no se le paga el salario completo, sino solo el 75%. Este tipo de recomendaciones equiparan hacia abajo”.

Silva, en tanto, señaló a El País que hoy todavía la ANEP no tiene esto bajo consideración y que, cuando lo tenga, lo que se hará será abrir un proceso de negociación con los trabajadores. “Primero el Parlamento deber aprobar el nuevo régimen de licencias para la administración pública y a partir de ahí nosotros lo analizaremos y veremos en qué medida podría aplicarse en este, que es el organismo público más grande del Uruguay”, añadió el jerarca, que recordó que de la ANEP dependen más de 70.000 funcionarios.

“No hay que adelantarse -añadió-. Todo esto va a ser objeto de negociación colectiva con los sindicatos. No queremos cercenar derechos, pero sí digo que el tema de las licencias médicas en la ANEP es un problema. Es algo que ya hemos informado en el Parlamento. El comparativo que hicimos en nuestra Rendición de Cuentas así lo demuestra”.

La rendición de la ANEP alerta que los números demuestran que los docentes faltaron menos cuando no debieron ir de forma presencial a los centros educativos, algo que pasó en buena parte del año lectivo 2020. En cuanto a por qué en 2021 el dinero que se tuvo que destinar para suplencias fue algo menor al que se debió gastar en 2019, el texto agrega que hay que tener en cuenta el año pasado “la presencialidad aumentó, (pero) no fue plena dado que continuaba la emergencia sanitaria”.

Según señala también la rendición de la ANEP, en 2021 hubo en promedio 158 días lectivos, unos 27 menos que en los años regulares, pero 77 más que en 2020. Es decir, es cierto que en 2021 se gastó menos que en 2019, pero también lo es que fue un año atípico, que todavía no puede ser comparado con tiempos de total normalidad en la asistencia a las aulas.

La ANEP, además, analizó los gastos por subsistema, y allí se notó que menos en Primaria en términos reales este ha descendido entre 2019 y 2021. Pero solo en Primaria el gasto en suplencias en 2021 fue de US$ 121 millones. En Secundaria, unos US$ 33 millones. En UTU, US$ 10,5 millones. Y en Formación Docentes, US$ 1,5 millones. La relación en cuanto al dinero que se destina para cada subsistema se ha mantenido a lo largo de los años.

El gasto se vuelve más cuantioso si se tiene en cuenta que, prácticamente el 90% del dinero que maneja la ANEP se utiliza para el pago de salarios. Con los aportes patronales, en 2021 fueron más de US$ 1.700 millones los que se destinaron a sueldos. En promedio, el costo por centro educativo operativo a nivel anual es un poco mayor a los US$ 400.000.

En tanto, según supo El País, la ANEP maneja la posibilidad de contratar a empresas tercerizadas para utilizar de “retén” en caso de que en un centro educativo falte personal de servicio a tal punto que no se pueda garantizar la debida limpieza de los centros. Algo que ya ha pasado.

El gobierno oficializó en el proyecto de Rendición de Cuentas, presentado el pasado 30 de junio, las modificaciones al régimen de certificaciones médicas para funcionarios del Estado. Los cambios consistían principalmente en que los trabajadores públicos -a excepción de los funcionarios de entes autónomos- no tendrían derecho a percibir retribución alguna por un período de hasta tres días desde el comienzo de su inasistencia por enfermedad o accidente”, según el texto.

La retribución, entones, en caso de que el Parlamento acepte el plan, ocurrirá a partir del cuarto día de licencia por enfermedad y, además, se otorgará el 75% del salario y no el 100% como sucede ahora.

Según el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se trató de una modificación que seguía el camino de la reforma del Estado y la transformación de la gestión pública que busca generar el gobierno con su Rendición de Cuentas. “El ausentismo laboral por certificación médica es enorme y hay datos impactantes al respecto. Esta es una medida que busca una equiparación con los trabajadores del sector privado e incluso es mejor, porque los públicos siguen teniendo algunas ventajas”, señaló Mieres.

El nuevo sistema plantea una serie de excepciones que están contenidas en el artículo 16 del proyecto de Rendición de Cuentas. Allí se detalla, entre las salvedades, que si el trabajador contrae covid-19 “percibirá desde el primer día el subsidio correspondiente al 100% de su remuneración” y no el 75% a partir del cuarto día.

La medida provocó la reacción de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), quienes se mostraron disconformes con la nueva regulación. Incluso esta ya había sido una de las reivindicaciones del paro general realizado el 16 de junio por el sindicato. Esta se sumaba a los reclamos salariales en momentos en que se negociaban aumentos y correctivos con el gobierno.