CORDÓN

El sumario con separación del cargo que se inició al fiscal de Delitos Sexuales de cuarto turno, Raúl Iglesias, tuvo dos razones principales. Una fue la denuncia presentada contra el magistrado por parte de la defensa de la víctima de la presunta violación grupal en Cordón y la segunda, el informe del Departamento de Políticas Públicas sobre los 300 casos archivados, informó este martes Subrayado (Canal 10) y confirmó El País.

El sumario, al que accedió El País, establece que el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho —que representa a la víctima— denunció a Iglesias "por reiterados incumplimientos de deberes en la investigación".

Esto sucede a raíz de las declaraciones del fiscal en La Pecera (Azul FM), programa radial conducido por Ignacio Álvarez, en el que adelantó que pediría un cambio en las medidas cautelares de los imputados por el caso de violación grupal. Además, el documento dice que "la denunciante entiende que (Iglesias) no habría cumplido con la obligación de atender e informar a la víctima acorde a lo establecido" en el Código del Proceso Penal.

En este punto, cita a los artículos 45 y 48 del Código del Proceso Penal, que indican “el derecho de la víctima de recibir información oportuna, y reconoce el derecho de la protección de las víctimas, familia y testigos frente a probables hostigamientos, amenazas o agresiones”.

La defensa entiende que el fiscal “al efectuar manifestaciones respecto a las medidas a realizar en la causa” violaría el artículo 61 de la Ley 19.483, que ordena “atender y proteger a las víctimas y testigos de delitos y abstenerse a hacer públicos o facilitar de cualquier modo la difusión de antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de naturaleza reservada en los que conozcan, o en que intervengan o hubieran intervenido en razón de sus funciones”.

A su vez, la denuncia mencionada en el sumario señala que Iglesias manejó “eventualidades contra la propia víctima con una persona investigada por haber divulgado videos del presunto delito" al concurrir al programa La Pecera.

La defensa también afirma que "de las declaraciones del funcionario fiscal vertidas en el programa radial surge que su esposa colaboraría con el caso, lo que violaría el derecho de reserva dispuesto por la normativa vigente y por disposición judicial".

Además, el sumario establece que el Consultorio Jurídico expresó haber solicitado acceso al legajo del caso el 28 de abril, y se lo otorgó casi un mes después, el 24 de mayo.

De la denuncia presentada y el informe realizado por el Departamento de Políticas Públicas "parecerían emerger una serie de conductas" que incumplirían con artículos del Código del Proceso Penal, destaca el texto.

En mayo, el fiscal de Corte, Juan Gómez, había solicitado a la división Políticas Públicas de Fiscalía un informe sobre las 300 denuncias de delitos sexuales que fueron archivados por Iglesias.

"Existiendo indicios suficientes para entender que el funcionario Raúl Iglesias pudo haber incurrido en falta administrativa es obligación del proveyente disponer la instrucción del proceso disciplinario correspondiente a fin de determinar su responsabilidad, en un todo conforme a lo sugerido por el Departamento Jurídico Notarial", señala el documento.

Además de la separación del cargo al inicio del sumario, el mismo también implicó la retención del 50% de los haberes de Iglesias.