COMPARECENCIA
La víctima, Víctor Hernández, asistió ayer a la comisión investigadora junto a su hermano y su abogado, Roberto Ferreira. Los dos hermanos narraron su versión ante la comisión parlamentaria.
Los hermanos Hernández llegaron al Anexo del Palacio Legislativo a las dos de la tarde de ayer. Allí los esperaban los integrantes de la comisión investigadora sobre las presuntas irregularidades cometidas por Charles Carrera, actual senador del Frente Amplio, cuando ocupó el cargo de director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante los dos pasados períodos de gobierno.
Los hechos que motivaron la comparecencia -difundidos en agosto por el programa Santo y Seña de Canal 4- son conocidos. Víctor Hernández, el hermano menor, quedó paralítico en noviembre de 2012 tras recibir una bala perdida que presuntamente partió de la casa del entonces subcomisario de La Paloma, Marcos Martínez, de la que nadie se ha hecho responsable. Luego de que lo trasladaran al Hospital de Clínicas, Carrera le ofreció asistencia durante tres años en el Hospital Policial para que hiciera su recuperación. Además, destinó una partida de $ 20.000 mensuales en tickets de alimentación a nombre de la madre de los hermanos y les ofreció traslados a la ciudad rochense.
El oficialismo condena las presuntas irregularidades -que se suman a la atención sanitaria que recibió la expareja de Carrera en el Policial- y acordó investigarlas en el Parlamento.
El legislador argumentó que su actuación se debió a una cuestión “humanitaria” y que estaba amparado por las leyes. En consecuencia, el Frente Amplio lo respaldó y se negó a participar de la comisión investigadora, acusando que se trataba de una “persecución política” por el rol de Carrera como senador de la oposición.
Ayer los Hernández, acompañados por el abogado Roberto Ferreira, narraron en orden cronológico lo que ocurrió. Desde la noche del disparo hasta la prescripción de la causa penal el pasado 11 de noviembre, pasando por la demanda contra el Ministerio del Interior que presentaron por primera vez en 2016.
El magistrado dijo a El País que los senadores más interesados en su relato fueron los nacionalistas Jorge Gandini y Graciela Bianchi, mientras que el cabildante Guillermo Domenech estaba “muy concentrado en su celular”.
La familia, además de insistir en la responsabilidad de Carrera y en el intento de “ocultamiento” por parte de los antiguos mandos policiales de La Paloma, pide que la secretaría de Estado la indemnice por los daños y perjuicios que sufrió en estos años.
El abogado Ferreira cuestionó que esta reparación no se dé a pesar de que el gobierno actual ha condenado la actitud de la anterior administración. “El ministro (del Interior, Luis Alberto) Heber sale diciendo que sabe que el disparo provino de allí (la casa de Martínez). ¿Cuándo va a haber una oferta, entonces?”, se preguntó, y aseguró que el abogado de la cartera “se opone a cada prueba” que la defensa presenta.
Gandini, miembro informante de la comisión, aclaró que la actuación del Parlamento no redundará en un eventual pago, que compete a otros poderes del Estado, sino que busca esclarecer las presuntas irregularidades cometidas por el Poder Ejecutivo en el pasado.
El abogado cuestionó actuación de fiscalía
El defensor de los Hernández cuestionó a la Fiscalía por no haber solicitado la imputación por otros delitos de quienes estaban en la casa de Martínez. En la lista figura la omisión de asistencia, entre otros ilícitos.
Según Ferreira, si se hubieran investigado se podrían haber probado, más allá de que no se determinara la identidad del agresor.
“En el último escrito el fiscal estaba más preocupado en calificarme a mí o en lo que saldría en la prensa que en leer el expediente”, opinó. Y señaló “deficiencias” de la investigación.
Desarrollo
La reunión duró casi tres horas. Gandini le “reveló” a los Hernández que, si bien “nunca se investigó el hecho en sí mismo”, el comisario Martínez fue sancionado en su momento por omisión de asistencia y por no haber denunciado la desaparición de un rifle calibre 22 de la comisaría, días antes de que le dispararan al menor de los hermanos. Para los damnificados, esto abona la teoría de que el Ministerio del Interior debería indemnizarlos.
Al final de la reunión Gandini dijo que a nivel judicial hay una “cantidad de lagunas” y “omisiones importantes” que “obligan” a parar el trabajo de la comisión hasta marzo, cuando se levante el receso parlamentario. Los senadores solicitarán a la Suprema Corte de Justicia que les remita todos los expedientes vinculados al caso.
Según supo El País, el año que viene citarán tanto a Carrera como a Martínez. Fuentes del oficialismo indicaron que no esperan que el senador se presente y que la invitación al exsubcomisario de La Paloma se tramitará a través del Ministerio del Interior.
Cuestionan señalamientos del Frente Amplio
El hermano de la víctima, Daniel Hernández, descartó los cuestionamientos del Frente Amplio, que vinculó este caso con el presunto pago de la empresa Vertical Skies a Alejandro Astesiano, excustodio presidencial, por fichas con “información personal” sobre Carrera y Mario Bergara.
“No tiene nada que ver. Hace diez años que estamos luchando desde el primer día para que se sepa la verdad. Y se encargaron de encubrirlo sistemáticamente. El caso de Astesiano no tiene nada que ver”, dijo.
Días atrás el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, había señalado en rueda de prensa la “coincidencia” de fechas. De los chats del exguardaespalda se desprende que le pagaron poco antes de que se publicara el informe periodístico de Santo y Seña y de que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, denunciara en Fiscalía lo ocurrido.
Ferreira dijo que la búsqueda de justicia no se mezcla con la política partidaria: “Que las cuestiones políticas las arreglen los políticos”.