ESTE VIERNES
El hombre de 44 años había sido imputado por estos delitos pero una apelación había dejado el fallo en pausa. Un Tribunal de Apelaciones ratificó la imputación.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do turno ratificó este viernes la imputación al dueño de la whiskería de Pueblo Centenario, en Durazno, por los delitos de trata en modalidad de explotación sexual y tráfico de armas y municiones. El hombre de 44 años estará 120 días en prisión preventiva mientras continúa la investigación.
A principios de diciembre, el Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol allanó un local nocturno en esa localidad, informó Fiscalía.
El lugar se allanó en presencia de su propietario, donde fueron ubicadas 17 mujeres que vivían en el lugar. Además, se incautaron US$ 210.882, 1650 euros, documentos, celulares y computadoras. Luego concurrieron al domicilio del indagado, donde además se incautó un arma, cargadores y municiones.
Según informó Javier Benech, Director de Comunicación de Fiscalía, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do turno dispuso que la formalización quedara firme. Para la defensa del hombre, la investigación no había podido probar el ilícito.
“No se probó la tipicidad del delito de trata de personas. Acá no hay reclutamiento (de mujeres) como requiere la norma. Tampoco hay víctimas que hayan denunciado un delito de explotación sexual. Las 17 mujeres están dispuestas a declarar a favor de mi cliente”, afirmó Nicolás Ghizzo, abogado del imputado.
Tras el allanamiento, la whiskería permaneció cerrada durante una semana, pero volvió a abrir. Nueve de las mujeres que trabajaban allí retornaron al lugar. “Están desesperadas” por trabajar, había dicho a El País la presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), Claudia Gutiérrez.
La carátula del caso informa que 17 mujeres estaban en el recinto al momento que se realizó el allanamiento. Gutiérrez sostuvo que solo pudieron hablar con 11 de ellas, ya que hay seis que no pudieron ser ubicadas. Y nueve coincidieron en que “no fueron explotadas sexualmente”. Estas son las que ya volvieron al local.
Otra de las mujeres indicó que no “le interesa el tema” y la restante no pudo dar su testimonio debido a que sufrió una golpiza por parte de un trabajador polaco que, sostuvo Gutiérrez, se desempeña en la obra de la planta UPM2 en Paso de los Toros.