SEGÚN MINISTERIO DEL INTERIOR

Hay un debate instalado desde hace meses y que se intensificó en los últimos días, en el que están enfrentados los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores por la responsabilidad que le cabe a cada secretaría de Estado en la expedición de los pasaportes que se entregan a uruguayos en el exterior, a raíz del caso del narcotraficante Sebastián Marset que obtuvo el suyo en noviembre de 2021, cuando se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos.

La discusión se reactivó exactamente el martes pasado, cuando la vicecanciller Carolina Ache aseguró en entrevista con El País que quien la había advertido que Marset era un delincuente “muy peligroso y pesado” lo hacía “desde el lugar donde se terminó imprimiendo el pasaporte”. Ache se estaba refiriendo al subsecretario de la cartera de seguridad, Guillermo Maciel, con quien había tenido un intercambio de mensajes el 3 de noviembre, en el que su par de Interior le avisaba, además -en momentos en que el narcotraficante estaba a punto de obtener el pasaporte, aunque las autoridades ministeriales todavía no estaban al tanto-, que sería “terrible” que Marset quedara en libertad.

Para el ministerio que conduce Luis Alberto Heber la polémica quedó ahora saldada, ya que parte de las conclusiones de la investigación administrativa ordenada por Interior meses atrás para encontrar irregularidades en el proceso determinó que la Cancillería es el único organismo autorizado para expedir pasaportes en el extranjero.

“La actuación de los funcionarios de este ministerio consistió en asistir al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien conforme a la normativa vigente (...) era la única autoridad competente para expedir pasaportes comunes en el exterior, por medio de sus funcionarios consulares”, señala el informe circunstanciado de la investigación administrativa -de unos 575 folios-, al que accedió El País.

La instructora, que en términos generales concluyó que “no se constató irregularidad alguna en la tramitación realizada” -al margen de la falta leve que sí encontró respecto al exdirector de Investigación Criminal (ver nota aparte)-, detalló en qué etapas del proceso administrativo tuvo participación la cartera de seguridad.

Así, de acuerdo a su informe, Interior intervino para “verificar la identidad del solicitante, confirmando que se trataba del ciudadano uruguayo que decía ser Sebastián Marset”; para notificar que el narcotraficante “carecía de antecedentes judiciales registrados en su archivo patronímico” al momento de solicitar el documento; “imprimir la libreta del pasaporte de Sebastián Marset, lo cual se concretó el día 25/11/2021”; y, por último, “entregar al funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores a tal fin la libreta impresa”.

A continuación, el informe final de la investigación, que llegó a su término este jueves, aporta dos hechos que llevan a indicar “claramente que la competencia exclusiva en la expedición de los pasaportes siempre fue del Ministerio de Relaciones Exteriores”, y que en consecuencia “corresponde” a la Cancillería “la pertinencia de la admisibilidad del trámite del pasaporte en función de la situación jurídica en que se encuentra el ciudadano solicitante”.

El primero de los hechos es el antecedente de enero de 2019, mes en que Marset había intentado sacar su pasaporte, en aquel momento sin éxito ya que fue “anulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores al haberse informado por parte de la Dirección Nacional de Policía Científica que (el delincuente) poseía antecedentes judiciales”.

El otro es que “surge de su prontuario” que el 20 de diciembre de 2019 el narco había solicitado su Certificado de Antecedentes Judiciales “para ser enviado al consulado de Paraguay, el cual fue informado con anotaciones de causas abiertas, impidiéndole el inicio del trámite”.

Esta semana el ministro Luis Alberto Heber hizo referencia a esta disputa ministerial, pero para quitarle relevancia. “No es echarnos culpas unos a otros”, dijo el jerarca al mediodía del jueves, en una rueda de prensa en la que enfatizó que “el pasaporte fue dado legalmente”.

“Con el diario del lunes, de marzo, sabíamos que había una requisitoria, (y) cuando se dio el pasaporte, en noviembre, no había requisitoria y no había investigación”, dijo el secretario de Estado, que concluyó: “Sabíamos que era una persona que estaba vinculada al narcotráfico y así lo hizo saber (el subsecretario Guillermo Maciel), pero no teníamos requisitoria, ni teníamos ninguna orden de fiscal”.