SEGURIDAD SOCIAL
En su crítica, advierte que el Banco de Previsión Social (BPS) está “herido de muerte” desde hace décadas y añade que “su ineficacia” no hace más que consumir “buena parte del presupuesto nacional”.
El Centro Militar consideró un “error” introducir en el “proceso de reforma del ruinoso sistema de seguridad social” a la caja militar, y sostuvo que la iniciativa del Poder Ejecutivo “desconoce los deberes de la Constitución y la singularidad de la profesión” de quienes forman parte de las Fuerzas Armadas.
La editorial de El Soldado, la revista del Centro Militar, sostiene que “no se comprende este afán por hacer lugar a una consigna militante” de “algunos partidos políticos” que intentan “dibujar o rebajar” el rol de los miembros de las fuerzas.
En su crítica, advierte que el Banco de Previsión Social (BPS) está “herido de muerte” desde hace décadas y añade que “su ineficacia” no hace más que consumir “buena parte del presupuesto nacional”, sin que esto sea responsabilidad de las Fuerzas Armadas y su Servicio de Retiros.
En cuanto a que el Poder Ejecutivo “desconoce” los deberes de la Constitución, dice que no se está teniendo en cuenta que el estatuto del funcionario público no es aplicable al personal militar, y que esto priva a sus miembros de derechos fundamentales como los de libertad de expresión, derecho a huelga, jornada de ocho horas, descanso semanal obligatorio y la inamovilidad, entre otros varios puntos.
Estas restricciones, continúa el texto, hacen que no se pueda equiparar su régimen jubilatorio al de los otros trabajadores. “Por estas razones la situación militar está fuera de cualquier tratamiento del sistema provisional y como tal debe ser considerada”, añade.
El Centro Militar también considera que el Ministerio de Defensa “no debería dejar que prospere” la parte de la reforma que los involucra, y reclama a la cartera “desalentar” los cambios, “no permitiendo que jamás se confunda al funcionario con el servidor de la patria dispuesto a morir por ella”.
Hace tres semanas, el ministro Javier García, en el marco del Día de la Dirección General de los Servicios de las Fuerzas Armadas, señaló que “la reforma integra todas las cajas, es una reforma integral, sabiendo que, obviamente, hay dentro de cada caja en particular, especificidades”.
“Y así, en la vida democrática ha habido una cantidad de leyes particulares tomadas por todos los partidos con respecto a la caja militar; Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional. Ahora hay que tomar una decisión de reforma integral, solidaria que integra todas las cajas, que es lo que estamos haciendo. Y, vuelvo a reiterar, con la particularidad que, sabiendo la integralidad tomamos las especificidades para que se atendieran y vaya que se atendieron en este caso en particular”, puntualizó García durante el evento
Consideró, además, que “es la primera vez que hay un trabajo profesional que atiende las opiniones profesionales, en este caso de los mandos de las Fuerzas Armadas, para que después el sistema político adopte las decisiones que los políticos tenemos que tomar de acuerdo a la Constitución. Hubo dos reformas de la caja militar, en cuatro años. Es la única caja que tuvo este tratamiento”.
Empresarios critican a su director en el BPS
La semana pasada el representante de los empresarios en el BPS, José Pereyra, manifestó en el Parlamento que el proyecto de seguridad social no es una reforma sino “un maquillaje” y que “apenas” modifica el régimen para las jubilaciones y pensiones. Al respecto el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, sostuvo ayer ante la comisión especial del Senado que no comparte la postura y que no representa a los empresarios ya que desde su “ángulo” valoran que la reforma se debe concretar. Dijo además que si bien hay aspectos mejorables prefieren “priorizar el apoyo”. Luego, Antía aclaró que Pereyra tiene “legitimidad” para expresar su postura ya que fue electo por las mayorías “suficientes” pero que esta no interpreta el “sentir” de los empresarios.
Otra crítica
Por otro lado, el Centro Militar expresó su preocupación por lo que considera las “arbitrarias decisiones que contra todo derecho viene adoptando la Justicia respecto a miembros retirados de las Fuerzas Armadas y del Instituto Policial”, en referencia a militares que tuvieron participación en la última dictadura militar (1973-1985).
“Estos actos inocuos e introspectivos, cobijados en falacias conceptuales y en infundios históricos, informan de un ánimo vengativo por parte de ciertos actores de ciertos tribunales que abiertamente desprecian el camino de la paz”, señala la editorial.
También pide que se respete la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y el plebiscito de 2009 en el que la ciudadanía ratificó la normativa, y sostiene que el Poder Judicial lleva adelante una “embestida” en contra del proceso de paz.