INTENSO DEBATE

Más que otras veces, en la interpelación que el senador frenteamplista Mario Bergara llevará adelante hoy a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores), el debate parlamentario va a consistir en un cruce de culpas para establecer las responsabilidades detrás de un hecho que ocupa titulares desde hace días: la entrega en octubre pasado de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, cuando este se encontraba detenido en Dubái.

Desde un inicio el Frente Amplio (FA) marcó su postura crítica y definió que este episodio merecía un firme cuestiona miento: el lunes pasado, tras una reunión de bancada, los legisladores de la oposición determinaron que el asunto merecía un llamado a sala a los secretarios de Estado, y algunos dirigentes, como el senador del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani, ya solicitaron en varias oportunidades la renuncia de los ministros.

Desde el gobierno, cuyo dos secretarios de Estado implicados comparecerán hoy a las 15 en la cámara alta del Parlamento, salieron en defensa de lo actuado durante los últimos días, basándose en la legalidad del procedimiento que siguieron en este caso.

El argumento del oficialismo, como fue comunicado en diversas ruedas de prensa por parte de Bustillo y Heber, y como repiten gobernantes y dirigentes por lo bajo, es sencillamente destacar que el documento facilitado a Marset en octubre de 2021 ocurrió por la existencia de un decreto. Pero no un decreto de ahora, sino del año 2014, durante el gobierno de José Mujica, y el que, de acuerdo a la lectura del gobierno, flexibilizó las condiciones para quienes quieran solicitar un pasaporte desde el exterior, de tal manera que solo se exige que el interesado demuestre no tener antecedentes judiciales en Uruguay, además de no contar con causas abiertas o requisitorias pendientes. Y Marset entraba en estas condiciones, porque sus antecedentes habían extinguido y en ese momento no era buscado aún.

“¿Por qué se saca un requerimiento del decreto de 2014?, ¿a quién se quiere proteger?”, se preguntó Heber en declaraciones a En Perspectiva este viernes, una de las últimas salidas públicas del ministro previo a la interpelación.

“Hemos dicho muy claramente que nos hemos encontrado que las disposiciones establecidas en el decreto del 2014, del presidente Mujica, lleva a que los requisitos para poder otorgar un pasaporte no esté contemplado la situación de que esté preso o que tenga antecedentes en el exterior. Solamente son causas abiertas en nuestro país”, agregó Heber.

En la coalición de gobierno el sentimiento más extendido es el de la tranquilidad, salvo en Cabildo Abierto, desde donde no hay disposición a avalar “conductas incorrectas”, como informó El País este viernes, en base a fuentes del partido. De hecho, el presidente de esta colectividad, el senador Guillermo Domenech, fue el actor del oficialismo que se mostró más crítico con lo ocurrido, y llegó a señalar que este caso era “gemelo” al de la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito en junio de 2019, hecho que la entonces oposición fustigó con dureza.

“Son narcotraficantes con profuso prontuario, que eluden la Justicia. En uno no funcionaban las cámaras y estaban abiertas las ventanas y parece que las puertas, y en otro le facilitamos la documentación para que sea excarcelado”, dijo el cabildante el miércoles pasado en rueda de prensa.

En el Partido Colorado, sus dos líderes tienen posiciones similares, aunque con matices. Al expresidente colorado Julio María Sanguinetti el caso le parece muy claro y entiende que no merece ninguna aclaración, según señalaron a El País allegados al dirigente de Batllistas. En tanto, el coordinador de Ciudadanos, Adrián Peña, aseguró este sábado que la interpelación será una buena oportunidad para, justamente, aclarar todo lo sucedido.

“La interpelación parece oportuna, pertinente, (porque) es la oportunidad para que toda la ciudadanía conozca exactamente lo que pasó”, dijo el también ministro de Ambiente en una rueda de prensa que recogió Subrayado.

Entre los blancos no habrá resquicio en la defensa al gobierno. En entrevista con El País este fin de semana, el senador Gustavo Penadés negó que el caso se tratara de un “escándalo” y acusó al FA de pretender desviar la atención sobre otros temas. Y además sostuvo que “el trámite tardó más de 70 días”, lo que a su criterio echa por tierra que se hubiera hecho un favor al narcotraficante para que pudiera obtener su libertad.

El senador Mario Bergara ya anunció que la postura que defenderá en el Parlamento es que el gobierno no estaba de ningún modo obligado a dar el pasaporte a Sebastián Marset. El viernes pasado, en efecto, Bergara se refirió a la norma en cuestión, el decreto aprobado en 2014 y que sustituyó otro de 1993.

“El mismo decreto -explicó el senador interpelante- dice que ante circunstancias no previstas queda delegada la consideración que hagan los ministros, el de Cancillería para el caso de pasaportes en el exterior, y del Interior cuando se da dentro de fronteras. Claramente, dice que ante circunstancias no previstas, los ministerios tienen que hacer las consideraciones del caso. ¡Y vaya si esta es una circunstancia compleja!”

En definitiva, concluyó Bergara en su declaración, el FA no pondrá “el foco en la legalidad o en que se haya violentado ninguna norma”, sino que se centrarán en “por qué en estas circunstancias tan complejas, cuando una persona que está presa en el exterior por un documento falso, que tiene antecedentes penales profusos y que estaba siendo investigado a nivel internacional con participación del Ministerio del Interior uruguayo, la DEA y las autoridades paraguayas, recibe con tanta facilidad un pasaporte que le permite salir de Dubái y estar prófugo hoy”.