COMISIÓN

Las denuncias por acoso laboral contra Néstor Erramouspe, quien renunció a su cargo de alcalde de La Floresta después de que se hicieran públicas las acusaciones, se trataron este martes en la Junta Departamental de Canelones. Los ediles —por 20 votos en 28— resolvieron enviar la investigación que se llevó adelante a Fiscalía y la Inspección de Trabajo.

La comisión investigadora se instaló en setiembre y ayer se presentaron dos informes, uno en minoría y otro en mayoría.

El informe en minoría de la investigadora, con la firma de tres ediles —dos blancos y uno colorado—, dice que la comuna canaria y “en particular sus mandos de dirección estuvieron omisos al momento de actuar” ante los relatos de las funcionarias denunciantes por acoso laboral.

Además, indica que “durante toda la investigación sobre acoso laboral quedó de manifiesto, en base al testimonio de las funcionarias que fueron víctimas, la contundente acción deliberada del exalcalde que en múltiples actitudes, desde su maltrato verbal, sus órdenes erráticas, su comportamiento discriminatorio, sanciones con penitencias a funcionarios, llevó a que 12 mujeres del municipio de La Floresta lo denunciaran en distintos momentos del año 2022, en un universo de funcionarios que no sobrepasa los 23”.

Y continúa: “Esto quiere decir que más de la mitad de los trabajadores del municipio sufrieron acoso laboral, cifra por demás escandalosa que no hizo alertar en su momento las alarmas en el marco de la defensa de las trabajadoras al amparo de la ley 18.561 de acoso laboral”.

El informe de Marcelo Tamborini, Gustavo Morandi y Jerónimo Costa incluye declaraciones de las denunciantes vinculadas a Erramouspe.

Una funcionaria del municipio de La Floresta contó que cuando Erramouspe les “traía una boleta” y le decían que “no podía sin que antes hubiera una resolución del concejo”, él les respondía que “era el alcalde y el que mandaba”. Y añadió: “Ahí empezamos a tener miedo”.

Otra persona relató: “Una vez que se nos alerta sobre cómo hay que actuar, no podemos seguir cometiendo errores, pero el alcalde nos decía: por este camino institucional no. Yo soy el alcalde. Esas eran conversaciones a diario”. “Acá mando yo, soy el alcalde y hago lo que quiero”, comentó otra.

Los ediles blancos y colorados también apuntan contra el entonces director general de administración de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin. Porque, según el informe, una funcionaria le envió un correo al jerarca donde denuncia el acoso laboral por Erramouspe. “Allí detalla la caótica situación que atraviesa el municipio, los malos tratos, ofensas, palabras fuera de lugar, gestos, órdenes y conceptualizaciones discriminatorias”.

A su vez, en esa misiva se adjunta una “carta de otras dos (trabajadoras), que desempeñaban importantes tareas en el municipio, de responsabilidad económica y administrativa, las que fueron expuestas a un mayor destrato por parte del alcalde”.

Pero, dicen los ediles, las “funcionarias confirmaron que en marzo ni en meses subsiguientes, recibieron contestación, llamada alguna o interés en cuanto a la situación angustiante que estaban viviendo”.

Por otra parte, según testimonios, la dirección de género de la Intendencia de Canelones, “estuvo todo ese tiempo también ausente y omisa, durante los meses que transcurrieron entre la primera denuncia del 24 de marzo del 2022 y la última del 8 de setiembre de 2022, donde sí se instruyó una investigación administrativa exprés, producto del tenor de las declaraciones de las funcionarias en la Comisión Investigadora”.

Los ediles también quisieron investigar a Erramouspe por “presunta denuncia por parte de proveedores ante la Intendencia de Canelones por falta de pago” y por “presuntas irregularidades en la distribución de ayuda solidaria a ollas de la zona”. Sin embargo, dice el informe, sobre esas dos carpetas de “irregularidades el Frente Amplio se negó a investigar”.

El diputado nacionalista Alfonso Lereté dijo que “se comprobaron las irregularidades, y también la corrupción en la actual administración del intendente”. En ese sentido, añadió: “Cobijar a omisos en denunciar irregularidades, no querer investigar el faltante de 38 toneladas de alimentos constituye un manto de corrupción del cual no estamos acostumbrados los canarios”.