PROYECTO NEPTUNO

El proyecto Neptuno es una de las apuestas de infraestructura del gobierno de Luis Lacalle Pou. Se trata de una planta de toma y potabilización de agua en Arazatí, San José, que abastecerá la demanda de Montevideo y la zona metropolitana con recursos del Río de la Plata.

Después de meses de deliberación y de evaluar opciones, el gobierno anunció el martes que está pronto para abrir una licitación pública con el aval del directorio de OSE.

¿A qué se debe? El riesgo de que la capital y el sur de Canelones se queden sin agua es un tema que está en agenda desde hace por lo menos tres décadas. Se acentúa en épocas de sequía, cuando las reservas comienzan a escasear. Al hacer el anuncio, el presidente de la República destacó que este es un problema que “todo el Uruguay ha discutido durante años”, pero hasta ahora nadie había ido tan lejos para solucionarlo. Por eso celebró con “mucha alegría” que en los próximos días se abra el proceso que, al final, garantizará “una cantidad ilimitada de agua potable”.

Sin embargo, la iniciativa cuenta ya con resistencias. La Federación de Funcionarios de OSE alertó por el lucro de la empresa que construirá la planta, mientras que los legisladores del Frente Amplio se declararon en sesión permanente y no descartan “ninguna” acción, entre otras cosas porque entienden que se “privatizará” el suministro del agua potable. Particularmente, el director opositor en OSE, Edgardo Ortuño, anunció ayer que recurrirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para pedir la nulidad del acto administrativo mediante el que el directorio del ente aprobó el proyecto.

A continuación, las claves del proyecto del gobierno.

El gobierno está ajustando el detalle de los pliegos y del contrato antes de que se abra el llamado a licitación. El presidente de OSE, Raúl Montero, explicó a El País que la intención es hacerlo “en muy pocos días”, si bien por ley tiene un plazo de cuatro meses para abrir la convocatoria desde que OSE la aprobó.

Todas las empresas interesadas podrán participar del proceso, pero el Consorcio Aguas de Montevideo -integrado por las empresas Saceem, Fast Tecnología Industrial, Berkes y Ciemsa- tendrá una “bonificación” porque fue el que originalmente propuso la iniciativa al gobierno, aseguró Montero. Agregó que esta condición estará incluida en el pliego.

El modelo de la obra será de “pago por disponibilidad”. Es decir, OSE empezará a pagarle a la empresa que esté a cargo cuando la obra esté terminada.

Montero explicó que el gobierno se anticipa a una construcción que durará dos años y recién al tercero comenzará a pagar, con recursos de OSE.

En total se estima una inversión de US$ 200 millones que el ente pagará con intereses en un máximo de 16 años.

El modelo de la obra será de “pago por disponibilidad”. Es decir, OSE empezará a pagarle a la empresa constructora cuando la planta esté terminada, y luego se encargará del servicio.

En el contrato se fijará una cláusula que dé la posibilidad de postergar el pago por un año por razones excepcionales y de fuerza mayor. El presidente de OSE explicó que todavía están ajustando detalles como la periodicidad de los pagos, pero en cualquier caso la obra se terminará de financiar en las dos primeras décadas desde que comience.

Una de las críticas de Ortuño es que no se le dio tiempo para hacer un “estudio serio mínimo” de la propuesta aprobada, que tuvo varias modificaciones. También dijo que “la tubería será de menor calidad” y la planta, más chica a lo previsto originalmente.

Montero explicó que el directorio de OSE había analizado otras propuestas, pero optó por la última por ser la que más se adapta a su presupuesto teniendo en cuenta la urgencia de garantizar el abastecimiento.

Finalmente, se pedirá la construcción de una tubería de 1.200 milímetros de diámetro y ochenta kilómetros de largo, por donde circule el agua.

No se incluirá en el proyecto la instalación de un recalque -es decir, un bombeo intermedio que hace subir el caudal de agua y da más capacidad de transporte- pero Montero dejó abierta la puerta a que se agregue más adelante.

“En un momento apuntábamos a la tubería de 1.500 milímetros (de diámetro), que además nos daba la posibilidad de aumentarla en el futuro con un recalque”, reconoció, y agregó: “Realmente los números se nos iban bastante lejos”.

Los directores oficialistas de OSE tuvieron en cuenta que el costo inicial de la planta, US$ 200 millones, es la mitad del presupuesto anual de la empresa, que está en el orden de los US$ 400 millones. Montero aseguró que si de ese total se desquitan los gastos de funcionamiento, los sueldos y el pago de deudas, a OSE solo le quedan US$ 70 millones para invertir.

De acuerdo a las estimaciones de la oposición, OSE terminará desembolsando US$ 743 millones. El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, indicó que el cálculo no es correcto porque todavía no están cerrados los números.

Con el aval de OSE para el proyecto, ahora se abre una instancia de análisis y monitoreo ambiental, que estará a cargo de dos dependencias: la Dirección Nacional de Aguas y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.

El viceministro Amarilla aseguró que la secretaría de Estado hizo un seguimiento durante todo el proceso, garantizando que se cumplan las normas medioambientales.

El proyecto incluye la construcción de un polder, que asegura la reserva de agua dulce cuando el río de la Plata, que es un estuario, no la provea. Así se buscará reducir y contener los episodios de salinidad, que el ministro Adrián Peña reconoció el martes que pueden suceder en esta zona.

En el estudio de factibilidad que presentó el consorcio proponente, publicado por La Diaria en junio, se advierte que esto podría modificar las “escorrentías superficiales” y el “régimen hidráulico de cursos de agua”.

Amarilla señaló que todas las iniciativas tienen cierto riesgo de impacto ambiental, pero por el contrario, esta será beneficiosa para la población en términos generales.

“La mayor ventaja es que da disponibilidad de agua para el 60% de la población del país. Supone una decisión estratégica en buscar una fuente alternativa de agua”, subrayó el subsecretario de Ambiente.

Por día se prevé la potabilización de 160 mil metros cúbicos de agua. La apuesta del gobierno se complementará con el nuevo plan de saneamiento, a estudio del directorio de OSE, que llegará a 60 pueblos. En total se espera una inversión de US$ 500 millones.

Lacalle Pou confirmó que el gobierno apuesta a la planta en Arazatí y, por lo tanto, no está en sus planes construir una represa sobre el arroyo Casupá, en Florida, para reforzar el abastecimiento de Paso Severino.

Esta es una propuesta que se discute por lo menos desde 2008, cuando se produjo una de las sequías más severas de los últimos tiempos en Uruguay.

En diciembre de 2019, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó un crédito para construir la represa. El expresidente Tabaré Vázquez le pidió públicamente a Luis Lacalle Pou, poco después, que incluyera la propuesta en el proyecto de ley de urgente consideración, algo que no pasó.

Montero señaló que la represa solo solucionaría uno de los motivos del desabastecimiento: la falta de agua. Sin embargo, dijo, no aumentaría la capacidad de potabilización y no dilucidaría cómo transportar el agua a destino.