14 MESES Y 20 DÍAS

El Ministerio del Interior estaba “abierto 24 horas”. Así lo decía el propio Jorge Larrañaga. No había horarios para llamar a una comisaría para ver qué necesitaba o a un jefe de Policía del interior del país. El jefe de la cartera de seguridad, según coinciden quienes lo rodearon y acompañaron desde el primer día, estaba siempre pendiente. Se levantaba antes de amanecer y, con el cielo siempre oscuro, ya se ponía en contacto con algún jefe policial.

Cuando asumió como ministro el 2 de marzo de 2020, en su discurso se destacaron algunas frases que serían replicadas en las sucesivas conferencias que solía dar todas las semanas. “Para los policías, respeto y respaldo. Para los delincuentes, la ley”, dijo aquel lunes, luego de un minuto de silencio por los efectivos caídos en acción. “Venimos con el objetivo de restituir el orden y el respeto”, dijo también esa mañana.

Y luego, a lo largo de los 14 meses y 20 días de gestión, fue reflejando con números los objetivos trazados, que lo convencían de estar en el camino correcto. El Frente Amplio, que cuestionó presuntos casos de abuso policial en operativos o patrullajes, anunció en noviembre la intención de interpelarlo, pero nunca lo concretó.

El narcotráfico fue quizás la mayor preocupación de Larrañaga. Decía que era “el veneno” y “la madre de todas las batallas”, porque destruía familias y abría la puerta a los homicidios, rapiñas y hurtos.

En esa lucha logró grandes incautaciones de droga, tanto en operaciones de dimensiones como en el combate al narcomenudeo.

Entre el 1º de marzo y el 1º de abril de 2021, la Policía desarticuló 1.182 “bocas” de venta de droga en distintos puntos del país. Las cifras son superiores en comparación a años anteriores: en 2015 fueron 594; en 2016, 652; en 2017, 603; y en 2018, 489.

En ese tiempo además, se incautaron más de 5.000 kilos de droga. Hubo grandes operativos, sobre todo en marzo pasado. Con apenas 18 días de diferencia la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas decomisó más de una tonelada y media de cocaína.

Otro de sus principales anhelos era lograr el descenso de los delitos. Durante la gestión se hizo costumbre que la cartera mostrara con periodicidad la cifra actualizada de las denuncias, un contraste con el estilo de su antecesor, el exministro Eduardo Bonomi, que hacía presentaciones semestrales o anuales, y con retraso.

Los últimos datos publicados mostraron, como ocurrió en cada presentación de su administración, una nueva baja de los delitos. El domingo 11 de abril –la última vez que se dieron a conocer las cifras– se informó que en el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo período del año pasado, los homicidios descendieron 31%; las rapiñas, 24,3%; los hurtos, 17,9%; los abigeatos, 38,7%; y las denuncias por violencia doméstica, 15,8%.

Pero no todo en la carrera de Larrañaga fueron buenas noticias. A mediados de octubre del año pasado hubo una reunión, de la que se enteró días después, que no le gustó para nada y lo llevó a tomar una decisión arriesgada. El 26 de ese mes, el entonces jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, recibió al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, y Larrañaga no lo toleró: le pidió la renuncia al encargado de la principal jefatura del país, y quien era además persona de particular confianza del presidente Luis Lacalle Pou.

Larrañaga no perdonó a Ruiz que sin su autorización se encontrara con Leal, quien de haber ganado las elecciones el Frente Amplio habría sido el ministro del Interior, para dialogar sobre temas de seguridad pública y estrategias para vencer a la delincuencia en el barrio 19 de Abril.

El hecho de “no respetar las jerarquías” le costó el puesto a Ruiz, y quien se desempeñaba hasta ese entonces como subjefe de Policía, Mario D´Elía, quedó al mando de la jefatura de Policía de Montevideo.

También por esos días, Larrañaga reaccionó con vehemencia a las críticas que desde hacía semanas arrastraba por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que había determinado exceso de fuerza y “actuación ilegítima” de la Policía en un procedimiento realizado en Malvín Norte. En una entrevista con En Perspectiva, el ministro respondió que el organismo que lo ha cuestionado no había “logrado comprobar esos excesos”. Y arremetió: “La Inddhh se ha salido de cauce. Es una suerte de club político sin ningún tipo de duda, con un alto contenido ideológico politizado. Nosotros creemos que (su creación) fue una buena idea; yo la voté como parlamentario, pero su integración ha desnaturalizado el funcionamiento de la misma".

El organismo publicó a fines de abril que la cartera de seguridad fue la más denunciada en el último año.

La emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo de 2020 fue una bomba de tiempo. Pero para el Ministerio del Interior supuso, en los hechos, una sobrecarga de trabajo, porque la Policía tuvo que asumir la tarea de patrullar y exhortar a la gente a evitar las aglomeraciones. Durante los primeros meses, los funcionarios recorrieron cielo y tierra pidiendo a la gente que respetara los protocolos. “Exhortación, exhortación y exhortación”, dijo Larrañaga en noviembre. Un mes después, se aprobó una ley que prohibió las aglomeraciones, lo que llevó a la Policía a imputar a más de 20 personas que se resistieron a retirarse de los lugares.