PROYECTO DE LEY

Más allá de lo estrictamente económico, la Rendición de Cuentas es una oportunidad para sumar artículos en viejas leyes, derogar otros e incluso crear organismos que antes no existían. Esta no fue la excepción, y en los 459 artículos del proyecto que deberá ser discutido en el Parlamento durante los próximos tres meses hay un gran cantidad de iniciativas. Aquí apenas 10 de ellas.

El proyecto prevé la reducción paulatina del pago adicional del Fondo de Solidaridad “hasta su completa suspensión a partir de 2026”. El aporte existe desde hace 20 años, fue creado con la ley 17.296 de 2001 -en un contexto de crisis económica-, y debe ser abonado por todos los egresados de la Universidad de la República. Esto significa para las arcas de la universidad unos US$ 13 millones anuales. El plan es que el pago se reduzca a partir del año 2023 un 25% cada año. Los senadores Jorge Gandini (blanco) y Conrado Rodríguez (colorodado), que promovieron el cambio, han planteado que este dinero siga siendo aportado, pero que este salga de las arcas de Rentas Generales.

El gobierno planea ir hacia un “fortalecimiento del sistema alimentario” de la población más vulnerable. Por eso la Rendición de Cuentas prevé un incremento presupuestal para el Instituto Nacional de alimentación (INDA) de $ 155 millones para 2023 y $ 260 millones para 2024. Desde el Mides señalaron a El País que esto no se hace porque haya una situación “peor” a la de otros tiempos, sino que se debe solo a la intención de “reforzar” el sistema alimentario para los más necesitados.

Además de proponer la eliminación de la Ley de Medios del gobierno de José Mujica (2010-2015), el proyecto presentado epor la ministra Azucena Arbeleche incluye un artículo por el cual se le permitiría a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) pedir la “inhabilitación en tiempo real” de las llamadas “páginas pirata” que ofrecen eventos deportivos. Estas lo hacen de forma ilegal mediante la retransmisión simultánea de cables oficiales.

A través de la Rendición, también, se establece que la Guardia Republicana pase a depender de la Policía Nacional, cuando antes ambas dependían del Ministerio del Interior. También se señala que esta “tiene la misión de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, el combate al delito dentro de todo el territorio nacional y otras actividades afines a sus capacidades de acuerdo con las disposiciones que establezca el Poder Ejecutivo”, y que en este sentido debe “apoyar y colaborar en el cumplimiento de sus cometidos a la Policía Nacional, Instituto Nacional de Rehabilitación y otras instituciones públicas que lo soliciten”. Bomberos, que también dependía directamente de Interior, pasará también a la órbita de la Policía Nacional.

El proyecto de ley, por otro lado, establece la creación de una Agencia Nacional Uruguay Audiovisual (ANUA), a la que además se la dotaría de un presupuesto de US$ 12 millones. Se trataría de un ente no estatal de derecho privado, que sustituiría a la Institución Nacional de Cine y a la Institución Nacional Audiovisual del Uruguay. La Exposición de Motivos que fue entregada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Parlamento, advierte que la ANUA se encargaría de la “coordinación estratégica del ecosistema audiovisual en el marco de las industrias creativas”.

El gobierno quiere que todos los vehículos que se incauten -menos los que tengan que ver con la lucha contra el narcotráfico, que van a parar a la Junta Nacional de Drogas- vayan para el Ministerio del Interior, donde hay una situación de crisis por la falta de patrulleros. “Toda vez que se incauten vehículos automotores en procesos judiciales no vinculados a estupefacientes, el juez de la causa los pondrá a disposición del Ministerio del Interior para el cumplimiento de los cometidos institucionales”, dice el artículo 103 del proyecto.

El plan del Ejecutivo deroga la tasa de “Patente de Perro” que existía desde el año 1965. Al mismo tiempo, incluye una nueva tasa “por concepto de producción e importación de alimentos para perros y gatos”. Es decir que dejan de pagar los particulares y empiezan a pagar las empresas. La tasa será de 0,38 Unidades Indexadas (unos $ 18) por kilo de alimento producido.

El proyecto plantea aumentar la pena mínima de uno a dos años para quienes den asistencia a quienes realizan actividades delictivas precedentes del delito de lavado de activos. Son aquellas personas que actúan para “asegurar el beneficio o el resultado” de la actividad, para obstaculizar a la Justicia o para eludir las consecuencias jurídicas. También se establece una partida de $ 25 millones anuales, con destino a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos.

La Rendición de Cuentas que debatirá el Parlamento, además, propone una extensión del Imesi para una gran cantidad de productos que tienen que ver con la industria del tabaco, más allá de los cigarrillos. Así es que se aplica el impuesto para quienes comercializan “hojillas, filtros, boquillas, pipas, pipas de agua y dispositivos electrónicos para calentar el tabaco”. Además, se faculta al Poder Ejecutivo a “incrementar esta tasa hasta un máximo del 72%” y “a fijar tasas diferenciales para los tabacos elaborados para el consumo en los departamentos de frontera terrestre”.

Para la educación, se propone un incremento presupuestal de US$ 45 millones, de los cuales US$ 30 millones van para la ANEP y se destinarán sobre todo para la reforma de la enseñanza. El dinero se utilizará, entre otras cosas, para llegar en el fin del período a 60 centros educativos María Espínola, una suerte de plan piloto de la reforma. Se trata de liceos y UTU donde se realizan evaluaciones por competencias, hay elecciones de horas de los profesores cada tres años y además los alumnos se alimentan en el lugar. Ya hay 29 centros Espínola y la idea de la ANEP es que haya, entonces, 31 más. Además, el organismo prevé aumentos de sueldo diferenciados, priorizando a los docentes que eligen los liceos y las UTU ubicados en zonas de contexto crítico.