"MUY DESESPERANTE"
"El sistema carcelario es una llaga estructural, dolorosa, desesperante, vergonzante para el Uruguay”, planteó el comisionado y subrayó que la situación “es mucho más complicado que una emergencia".
"El sistema carcelario es una llaga estructural, dolorosa, desesperante, vergonzante para el Uruguay”, subrayó el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, el martes pasado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, a la que fue convocado para hablar sobre la “emergencia” que atraviesa el país en esta materia.
El hacinamiento es una de las patas débiles del sistema porque, como enfatizó el experto, “arruina las buenas intenciones” a la hora de buscar la rehabilitación. En el Parlamento, Petit dijo que su oficina registra una densidad penitenciaria mayor en cárceles masculinas que la reportada por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
En el caso de las prisiones para mujeres, la cifra del INR y del comisionado coinciden.
Pero, más allá de las diferencias o de la convergencia de criterios, una vez más las mediciones revelan que el hacinamiento es “enorme” en las cárceles uruguayas, remarcó Petit.
¿Cómo se llega a esta conclusión? A partir de la densidad penitenciaria, un indicador que busca dar cuenta del hacinamiento. Se calcula dividiendo la cantidad de personas alojadas en el establecimiento entre los cupos disponibles allí, multiplicado por 100. Al final de la operación, si la cifra es superior a 100, se considera que esa cárcel está superpoblada.
Este es el caso de los centros de reclusión femeninos y masculinos en Uruguay, que, según los cálculos del comisionado, registran una densidad de 150 y 132, respectivamente, en términos generales. Es decir que donde deberían entrar 100, hay 50 más en un caso y 32 en otro.
La diferencia en los registros de Petit y el INR se debe a los distintos criterios adoptados para considerar la cantidad de plazas habilitadas. Petit señaló que a su juicio algunos lugares no son estrictamente plazas, si se tiene en cuenta el espacio en “salones que se han transformado en pequeños pabellones”.
Cifra
Ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, el comisionado parlamentario actualizó las cifras del sistema carcelario en lo que va de 2022. Si bien no se puede sacar conclusiones o hacer un balance antes de que termine el año, el especialista indicó que no están ante los “guarismos” de 2021, año que hubo un récord de 86 muertes tras las rejas.
Entre enero y noviembre se registró el deceso de 35 reclusos. De estas muertes, 23 fueron violentas, 11 no, y no hay datos del caso restante.
Hasta ahora hubo 13 homicidios, nueve suicidios, un accidente, una muerte dudosa y 11 fallecimientos causados por enfermedades en 2022, dijo Petit.
A su vez, el comisionado subrayó que persisten las “dificultades legales para acceder a la carpeta investigativa” de los fallecimientos, incluso cuando su oficina presenta una denuncia. Por eso instó a los legisladores a modificar las normas para garantizar el acceso.
Contrario a la convocatoria de la comisión, Petit enfatizó que no se puede seguir hablando de una “emergencia” en materia carcelaria.
“En 2005, el gobierno había planteado una emergencia carcelaria, y yo creo que tenemos que asumir a plenitud la gravedad del problema. Una emergencia es algo súbito. Estuve buscando la etimología de la palabra. La etimología tiene que ver con algo que aparece de golpe, que emerge, algo que se muestra, un accidente, un surgimiento inesperado de algo, una novedad, algo que no debería haber pasado y que pasó”, comentó ante los diputados, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió El País.
“Es mucho más complicado que una emergencia y atraviesa las administraciones”, agregó, sin adentrarse en consideraciones de fondo sobre los gobiernos de distintos signos políticos que coincidieron en el período.
Petit señaló que la situación actual es “muy desesperante”, con trabajadores penitenciarios “muy agotados” de no poder avanzar.
En este sentido, recomendó al Poder Ejecutivo cumplir con el artículo 87 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que según Petit el gobierno no ha implementado.
Allí se encomienda al INR a crear e implementar una “Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario”, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas. Petit contó que funcionarios del Ministerio del Interior le transmitieron que está en su agenda, si bien no hay avances.