DESACUERDO

El lunes 31 de octubre fue un día de reuniones clave en la agenda política nacional. De mañana el Frente Amplio (FA) se congregó en el Club Arbolito de La Teja. Allí homenajeó al expresidente Tabaré Vázquez y definió la hoja de ruta para la discusión parlamentaria de la reforma de la seguridad social. Por la noche, el mandatario Luis Lacalle Pou convocó a los legisladores oficialistas y a jerarcas del gobierno que, en la residencia de Suárez y Reyes, repasaron el avance de la “transformación educativa”y definieron combatir los “falsos relatos” sobre ella.

A casi tres semanas de aquel día, el FA buscará instalar el debate sobre la reforma liderada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), comunicando su visión a la ciudadanía. Este tema ya estaba en la agenda del partido, pero en la discusión pública quedó un tanto relegado por asuntos como la reforma jubilatoria que analiza el Parlamento. Por lo tanto, en buena medida, la voz cantante en rechazo al proyecto la llevaron los gremios de la enseñanza.

La semana pasada el presidente del FA, Fernando Pereira, instó a la Mesa Política a analizar junto a la Secretaría de Comunicación cuál es la mejor forma de transmitir su postura contraria a la reforma. La oposición quiere comunicar de forma llana sus ideas, a partir de no más de seis puntos que engloben al total de las objeciones, dijeron fuentes frentistas a El País.

Con esta meta, el próximo lunes se reunirán las máximas autoridades de la coalición de izquierda.

Los dirigentes llegarán a esta instancia con un informe sobre la “situación de la educación”, que ya circula entre los sectores. Pablo Caggiani, actual director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que se desempeñó como consejero de Primaria, se encargó de presentarlo en la última Mesa Política. La lista de autores incluye a figuras centrales de las administraciones frentistas, como Wilson Netto, Celsa Puente, Héctor Florit y Luis Garibaldi.

¿Qué quiere comunicar el partido? De entrada, el informe señala que en los 15 años que gobernó el FA “la educación tuvo un proceso de mejora continua” y la administración de Lacalle Pou no lo reconoce. Este es el puntapié inicial de la oposición para afirmar que la reforma parte de una base equivocada. Los técnicos sostienen que en esos tres períodos de gobierno hubo un mayor acceso a la enseñanza, y que la formación fue “más integral, de mejor calidad y más coordinada”. Como ejemplos, se mencionan la creación del Plan Ceibal, la extensión de la educación terciaria en todo el país y la “mejora salarial de un 100%” a los docentes.

El segundo capítulo hace hincapié en que la reforma educativa es “engañosa”, ya que “le pone título a una transformación inexistente por falta de reconocimiento de los avances, ausencia de participación, seguimiento de tiempos y falta de recursos”.

El FA apunta a los cambios normativos que impulsó el gobierno -que se cristalizaron, sobre todo, en la Ley de Urgente Consideración de 2020- por haber “recortado” la participación en pos de agilizar el sistema. Sostiene que estas modificaciones redundaron en una mayor “ineficiencia” y que incrementaron la “desconfianza” en los docentes.

Además, dice que la reforma se da en un “contexto de persecución a docentes y estudiantes en ámbitos administrativos, políticos y judiciales”. Este es un planteo que se reitera desde que asumió el gobierno. En abril se plasmó, por ejemplo, en una declaración del Secretariado Ejecutivo tras la investigación parlamentaria sobre presuntas irregularidades con las licencias en Secundaria.

Entre otras consideraciones, el documento expresa que la transformación curricular es “una reforma de papel”, que no será beneficiosa en los centros educativos y “menos” en las aulas, un punto en el que se espera que el partido profundice.

Los técnicos apuntan contra tres “restricciones graves” de la propuesta. La primera, de carácter político: dicen que no se dio participación a los docentes. La segunda, presupuestal. Y la tercera en cuanto a los plazos, porque todos los cambios requieren tiempo y, como de entrada consideran que no dará resultados, se compromete a la futura administración.

Por estos supuestos condicionantes, la oposición sostiene que implementar la reforma implicaría una “falta de respeto” hacia los docentes. Sin su aprobación, agrega, no habrá posibilidad de cambio.

El texto también plantea que el plan de la ANEP no aborda “las problemáticas surgidas de la pandemia”, como el agravamiento de la violencia intrafamiliar, entre otras, que afectan el rendimiento académico.

A modo de síntesis, propone acciones “imprescindibles” para mejorar el diagnóstico. Una de ellas es la creación de la Universidad de la Educación -un viejo anhelo que en el pasado se frustró- porque entiende que la propuesta oficial no consolida “un proceso real” para darle carácter terciario a la formación docente, una de las apuestas del gobierno.