PARLAMENTO 

La coalición de gobierno superó su primera prueba: aprobó tras 16 horas de debate, la ley de urgente consideración en el Senado.

Entraron 501 artículos y finalmente quedaron 476. Solo 76 artículos de los originales no fueron modificados, pero algunos de ellos solo tuvieron cambios de redacción.

El senador nacionalista Jorge Gandini dijo a El País que los tres días de debate en el Plenario no culminaron diferente a lo que fue el trabajo en comisión. “No hubo sorpresas ni cambios importantes”, señaló.

El Frente Amplio votó en contra en general, pero luego acompañó 248 artículos. Gandini dijo que la negociación parlamentaria permitió aprobar un proyecto “de más respaldo, con más consenso y una elaboración más afinada”. Además destacó que se superó el primer desafío para la coalición de cinco partidos, que culminó el tratamiento de la LUC “sin ni una fisura”. “Pudimos respaldar el proyecto en tiempo y en forma y esto augura nuevos entendimientos”, aseguró el senador.

En una declaración pública, el Frente Amplio consideró que la LUC es “inoportuna” y “regresiva para los intereses de las grandes mayorías”. A su vez, lamentó “el trámite caótico”, que según entienden expresó “graves contradicciones a la interna de la coalición gobernante”.

Además, desde la izquierda se resaltó la actitud de oposición responsable, constructiva y propositiva. “Es así que se logró la reducción de daños con un arduo trabajo de negociación”, aseguraron. Como ejemplo citaron el retiro del artículo de la desmonopolización de Ancap y el uso de infraestructura de Antel por parte de privados.

Entre los contenidos “regresivos” de la ley, desde el Frente citaron: “el aumento de la discrecionalidad policial, la criminalización de la protesta, la marcha atrás en los procesos de inclusión financiera y la restricción del derecho de huelga”.

El sector Casa Grande, que lidera Constanza Moreira, repudió ayer los artículos de la LUC referidos a las políticas de seguridad pública, educación, en el sistema de áreas protegidas y “las limitaciones a la participación popular por el avasallamiento del derecho de huelga y prohibición de los piquetes”. Consideran que la ley “debilita la presencia del Estado y afecta la calidad democrática”.