TRAS CASO MARSET

Tras la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, los senadores de todos los partidos destacaron la necesidad de que haya cambios en la regulación del financiamiento de los partidos políticos, un proyecto que pretende dar mayor control de la incidencia empresarial en las donaciones pero también evitar que el dinero de negocios ilegales ingrese a la política uruguaya.

Ya en el período anterior el Frente Amplio había presentado una iniciativa que no alcanzó los consensos por lo que se aguardó a que la coalición presentara un proyecto alternativo.

En ese entonces, además, existía el acuerdo de que la norma se sancionara en Diputados antes de 2023, y posteriormente en el Senado para evitar discutir una ley electoral en pleno año de elecciones que será el 2024. Pero a pesar de todos esto, en la última sesión de esta comisión realizada el pasado 8 de diciembre, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, expresó a los legisladores que si bien existía la “intención y el compromiso” de avanzar en el tema, no se estaba “en condiciones” de presentar un texto acordado.

El nacionalista lamentó que “diversos factores” impidieron tener un documento final que contara con el “respaldo” de todos los partidos que integran la coalición de gobierno. Tras la falta de consensos, se resolvió extender el plazo hasta el 16 de mayo de 2023 para el análisis en Diputados.

En sala, el diputado del Frente Amplio Mariano Tucci, reclamó a la coalición que hubo un “compromiso” de que la iniciativa contaría con la media sanción en la Cámara de Representantes en el primer año de legislatura, algo que no se cumplió. Además, remarcó que para el Frente Amplio, se trata de una ley “prioritaria y necesaria”. En esa línea, y remarcando que la responsabilidad era de la coalición de gobierno, el diputado opositor Carlos Varela, dijo que reafirmaba el compromiso de “votar la ley; la que sea, la que salga de la comisión”.

Fuentes de Cabildo Abierto indicaron a El País, que uno de los puntos que reclaman solucionar para luego alcanzar un acuerdo refiere a la integración de la Corte Electoral. Aseguraron que en caso de aprobarse el proyecto, le corresponderá controlar el financiamiento de las campañas electorales pero el organismo no está integrado como debería ya que el partido no cuenta con representación.

Sus molestias están dirigida al Partido Colorado, ya que entienden que está “atrincherado” en uno de sus cargos que debería ceder a los cabildantes ya que consideran que de acuerdo a la cuota electoral obtenida por las elecciones nacionales de 2019, los colorados deberían tener un único representante. “Hasta que no se soluciones esta situación no vamos a avanzar en el proyecto de financiamiento de los partidos políticos” dijo un legislador cabildante a El País.

Desde filas coloradas, el diputado Conrado Rodríguez manifestó a El País, que ese tema no tiene que ver con el proyecto que se pretende elaborar y que la integración de la Corte Electoral es algo que se deberá dirimir entre todos los partidos políticos.

Sobre el proyecto que quedó pospuesto para el próximo año, aseguró que el Partido Colorado está “abierto” a mantener la discusión para poder llegar a un “entendimiento” que les permita redactar un articulado que mejore la forma como se financian los partidos políticos y que tenga el visto bueno de toda la coalición. Aseguró que se seguirán reuniendo y trabajando dentro de la comisión para lograr los entendimientos que permitan avanzar.

El legislador agregó que solamente tuvieron “un matiz” con el Partido Nacional, que refiere a la recepción de donaciones anónimas.

En ese sentido, dijo que los nacionalistas quieren establecer un tope, mientras que los colorados pretenden que directamente no haya posibilidad legal de recibir donaciones anónimas. “No es un buen mecanismo de financiación de los partidos”, expresó.