EXSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

"Dudas legales”. Así argumentó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la decisión de iniciar una investigación administrativa para esclarecer el episodio de los viajes y gastos del exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma. El exjerarca fue acompañado de Giuliana Pérez, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

“Obviamente no dudas morales, dudas legales”, insistió el mandatario, quien el jueves en San Carlos declaró a El País que la situación “es muy grave”. Pérez ingresó en abril de 2019 a la Senaclaft por recomendación de Toma un año después de recibirse de contadora. Dos meses después, Toma decidió integrarla a la comitiva de Presidencia en el viaje a Roma (Italia) -que él lideraba- para trabajar en el marco de la causa del Plan Cóndor. En el último viaje, el 12 de diciembre, ambos aprovecharon para ir a ver un partido de la Europa League. El registro televisivo de la cadena ESPN los mostró juntos.

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Presidencia compró tres pasajes para el viaje (del 4 al 11 de julio): uno para Toma (en clase ejecutiva por US$ 6.265) y dos para la contadora Pérez y la escribana María Antonella Introini (en económica, cada uno por US$ 1.795). Estos viajes no aparecen entre las misiones oficiales del mes publicadas en la página web de Presidencia.

El caso fue investigado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), pero el organismo no encontró observaciones. Ahora el tema tomó estado público ante los informes de “Así nos va”, de Radio Carve, y el Semanario Búsqueda.

Ante la pregunta de los periodistas de si Toma podría ser separado de su cargo, el presidente respondió ayer a la tarde: “Para eso iniciamos la investigación, para saber qué se puede hacer”. De todos modos, horas antes -y en forma paralela a lo administrativo- el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió los informes periodísticos a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.

En el Frente Amplio, las senadoras Lucía Topolansky y Carolina Cosse dicen no ver mayores elementos a investigar sobre el tema. De todos modos, la Jutep analiza retomar el caso la semana que viene.

Hay dos exjerarcas que colaboraron para destapar la olla de los viajes de Toma: Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa. Ambos fueron secretarios antilavado, el primero durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y el segundo en el último. El 22 de enero, al regresar de su licencia, Gil dejó constancia en actas sobre su discrepancia con la resolución de la Jutep que archivaba la investigación sobre los viajes de los funcionarios.

“Presidencia contesta a principios de enero. En la primera reunión de la Jutep, el 9 de enero, el directorio lo considera y en la misma reunión, en la que yo no estaba porque estaba de licencia, deciden archivarlo y mandarle una carta a Presidencia diciendo que la respuesta es satisfactoria”, contó Gil a El País. “Siempre pasábamos unos días para leer (los informes), se le pedía asesoramiento a la asesoría letrada. Ahí se hizo al toque, el mismo día”, relató Gil.

El exdirector de la Jutep, Daniel Borrelli, discrepa con la versión de su anterior compañero de trabajo. “Cuando se hizo el primer pedido a Presidencia por información, él estaba. A su vuelta de la licencia, él cuestiona nuestra respuesta, nuestro dictamen. Ahora se disfraza de héroe, pero podría haber pedido la reconsideración”, dijo a El País.

“Yo se lo planteé. Le digo: ‘Bueno, mijo, pedí la reconsideración y ni yo ni Matilde (Rodríguez) vamos a tener problema en decirte que sí. Vos sos el presidente. Pedí la reconsideración y listo’”, recordó Borrelli.

El exjerarca aseguró que no tenía problema en avanzar en la investigación si así lo entendía necesario Gil. “Ahí fue que dijo: ‘No, no. Ya lo firmaron ustedes. Ya está, pero para mí habría que pedir más datos’, dijo, pero así como sin darle importancia. Fue una conversación en la Junta. Y yo le insistí: ‘Si vos tenés dudas, reconsideramos y pedimos el dato que vos precises. O el dato que a ti te falte’”, agregó Borrelli en la conversación con El País.

Eso se contrapone con otro elemento que Gil señaló, como actitudes que le generaron suspicacia sobre el archivo de la investigación de la Jutep. Durante los tres años que la Junta actuó formada por Gil, Rodríguez y Borrelli, siempre llegaron a resoluciones en consenso. Cuando alguno de ellos no estaba, por razones de licencia o de salud, los informes cerraban aclarando que tal director no firmaba pero compartía el contenido de la resolución. Este no fue el caso. Borrelli y Rodríguez firmaron sin consultar a Gil.

La relación entre Borrelli y Toma es uno de los puntos que generó cuestionamientos en este caso. El País consultó al exdirector de la Jutep sobre si eso influyó en su análisis, a lo que Borrelli remarcó que no incidió en absoluto.

“Eso es un ataque a mi moral. Además, no somos amigos. Nosotros trabajamos juntos porque los dos éramos fiscales de gobierno. Para decirlo claro: yo jamás estuve en la casa de Toma, ni el estuvo en la mía. Nunca salimos a comer juntos en todos los años que trabajamos. Somos conocidos, no amigos. La gente ve eso y me ofende cuando dicen que yo voy a cambiar el dictamen favorable porque soy amigo del hombre. Además estaba Matilde que es blanca”, argumentó Borrelli.

El exjerarca del organismo manifestó, incluso, que él es de orientación política colorada y no frenteamplista. “Y yo lo aclaro bien: yo soy colorado. Porque aunque se calienten los colorados por el hecho de que Tabaré Vázquez me haya llamado aquel día para que lo ayudara con la seguridad -y después no me puso en nada de seguridad, sino que me propuso para la Junta de Transparencia-, eso no quiere decir que yo haya dejado de ser colorado”, aseguró.

La actual presidenta de la Jutep, Susana Signorino, dijo a El País que “seguramente” el directorio analice el tema en la próxima reunión, el miércoles 23 de setiembre. Daniel Borrelli, miembro de la Junta, comentó que hoy hay más elementos que ellos no manejaron y corresponde retomar la investigación.