PARLAMENTO

Pasadas las 16.00 horas, y por 16 votos en 31, se votó el proyecto de ley forestal que fue impulsado por Cabildo Abierto y que contó con el apoyo del Frente Amplio y la oposición del Partido Nacional y Partido Colorado. El presidente Luis Lacalle Pou ya anunció que vetará la norma. Este sería el primer veto que aplicaría el mandatario y se daría a una iniciativa de un socio de la coalición oficialista.

Desde el Poder Ejecutivo se presentó esta semana un decreto con modificaciones regulatorias de la actividad forestal, que recoge algunas inquietudes del partido que lidera Guido Manini Ríos y actores vinculados al sector, pero no logró destrabar la tensión a la interna del oficialismo. Tanto Cabildo Abierto como el Frente Amplio consideraron que para este tema era necesaria una ley y no un decreto.

El primero en hablar en la sesión de este miércoles fue el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, quien enumeró cifras vinculadas a la producción forestal, y destacó que este sector "ocupa una amplia superficie" del territorio, desarrollando su actividad en "clara desigualdad" con actividades como la lechería, agricultura y ganadería, que aseguró, "ni por asomo han gozado de los estímulos de esta otra actividad".

También sostuvo que esta producción se "ha extendido" a otras zonas no forestales, generando, dijo, una "competencia por la tierra" con actividades agropecuarias. Se "corre el riesgo" de que la actividad forestal "desplace de importantes zonas del territorio a actividades como lechería y agricultura en la cuenca lechera y suroeste del país", señaló.

Domenech expresó que el decreto presentado por el gobierno días atrás "no restringe la plantación forestal a las clásicas zonas de prioridad forestal", al mismo tiempo que "hace viable forestal el suroeste del país". "Tenemos la esperanza que se apoye al campo y que no se lo desampare en beneficio de intereses transnacionales, que solo guía el lucro y son ajenos al entramado social del campo uruguayo", remarcó Domenech.

Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva expresó que el proyecto de ley en cuestión "no atiende los problemas reales en el campo que existen con la forestación", que enumeró como la "garrapata diseminada en los montes forestales", así como la "proliferación de jabalíes" y los "perros de jauría". En ese sentido, valoró positivamente el decreto del gobierno para la regulación forestal.

Da Silva enfatizó que esta iniciativa de Cabildo Abierto es un "cambio rotundo de la costumbre uruguaya de dar certeza y estabilidad a la hora del diseño de una política de Estado". Aseguró que está "rotundamente en contra" por la "innovación kirchnerista que establece el artículo 2". Allí se establece que la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país, "no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario". En esa línea, Da Silva subrayó que en Uruguay "el sector más regulado es la actividad forestal".

El senador del Frente Amplio Enrique Rubio indicó que el sector forestal necesita de "estímulos", así como de "regulaciones", como "también la tienen" otros subsectores agropecuarios de Uruguay. Aseguró que el proyecto de ley da "margen" para una eventual cuarta planta de celulosa en el país, al mismo tiempo que "establece determinadas limitaciones".

Además, alertó que la redacción del decreto permite "expandir" las áreas de aptitud forestal "que se sumarían a las de prioridad forestal". Señaló que hay 300.000 hectáreas que fueron plantadas "fuera de la prioridad forestal", más 200.000 hectáreas "que aparece en el decreto". Indicó que se está "afectando por el decreto lo que queremos salvar: la pequeña producción y lechería del sur del país". 

"No querríamos nunca que esto termine en un juego de la mosqueta, por el cual se aprueba un artículo, pero al mismo tiempo se dice que está vigente un decreto que en realidad vuelve inocuo el artículo", expresó Rubio.

Por su parte, Raúl Batlle, senador del Partido Colorado, señaló que se trata de una "ley muy corta" y que "no ha incorporado nada de toda la gente que ha recibido" en la comisión. También señaló que las exportaciones forestales con "muy poco" uso de terreno "empatan" a otras actividades que utilizan "muchísimo más". Consideró que fijar "topes" va en "dirección incorrecta".

"No es limitando que vamos a progresar, es apalancando, ayudando y yendo para adelante", dijo Batlle, que remató enfatizando: "Sin dudas que no es por este camino".

A su turno, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez subrayó que es "correcto" que Uruguay "regule y establezca prohibiciones, orientaciones" que hizo en una "política exitosa" en las últimas décadas, en referencia a la ley 15.939, de 1987. "Estamos tratando de regular. ¿Estamos prohibiendo la forestación? No", puntualizó Sánchez. Aseguró que el tope de hasta 1.600.000 hectáreas "establece crecimiento" de plantación de cultivos forestales "para los próximos 20 años".

"¿Quién se va a sentir limitado porque va a seguir plantando árboles por 20 años más?", agregó Sánchez, quien aseguró que "a ninguno que tiene en Uruguay un árbol plantado se les cambia las reglas de juego con esta ley".

"No tengo problema en hacer política sabiendo de que las ideas vienen de alguien que no piensa igual que yo, porque la democracia es la gestión de las diferencias", expresó Sánchez en cuanto a la alianza con Cabildo Abierto para votar esta iniciativa.

"Entendemos que no cambia las reglas, no genera dificultades, no destruye lo que ha construido el país entero a lo largo de 32 años", dijo sobre el apoyo del Frente Amplio a este proyecto de ley. "Ordena el territorio y protege precautoriamente a los más pequeños para producir alimentos", agregó.

"Los gobiernos nacionales del Frente Amplio nunca movieron un dedo en el sentido de ordenamiento de la forestación", remarcó a su turno el senador blanco Sergio Botana. En esa línea, lanzó: "Se les extranjerizaron siete millones de hectáreas pero estaban en otra cosa; se les concentró la tierra en el país, pero estaban en otra cosa".

Aseguró que el segundo artículo "no tiene la más mínima racionalidad", en referencia al tope. "Esto que se está proponiendo anda lejos de ser razonable. Esta limitación es por que sí", dijo sobre la iniciativa que calificó de "disparate", y que supone un "mal mensaje" para el sector forestal. 

"Si lo limitamos porque sí es porque le estamos diciendo que es absolutamente indeseable como sector. Eso no es lo que este país le quiere decir al sector forestal ni a ninguno de los sectores", remarcó Botana.

Estimó que de aprobarse la ley, las grandes compañías forestales van a "salir desesperados a comprar la tierra que todavía no han comprado para forestarla, o forestar la que capaz tienen comprada y que todavía no han forestado". "A esta ley, el tiro le sale por la culata. No hay vuelta", expresó Botana.

El senador opositor José Carlos Mahía, suplente del exvicepresidente Astori, sostuvo que iba a apoyar la "decisión mayoritaria" del Frente Amplio, que es la de votar esta iniciativa. "No obstante ello, para transmitir con honestidad intelectual, vamos a establecer algunos de los reparos de la decisión", matizó.

"Creemos que las herramientas deben ser otras", dijo Mahía, quien confesó a continuación: "No compartimos la herramienta tal cual está diseñada".

Para el senador opositor, se debería trabajar en "cuál es el bien público amenazado", al mismo tiempo que el argumento "alimento vs. fibras" no está "bien fundamentado". Uruguay está en condiciones de aplicar la "complementación productiva", aseguró. 

El senador nacionalista Jorge Gandini "destacó" que Cabildo Abierto presentó la iniciativa sin hacer un acuerdo previo "ni con la coalición, ni con la oposición", que tiene como "mérito fundamental" que "obligó a poner el tema en agenda, a revisarlo y empezar a tratarlo".

Valoró que el decreto del gobierno "llena vacíos, restringe la actividad forestal, protege el medio ambiente y producciones competitivas, pero no prohíbe", así como "va en línea con la ley y filosofía original", añadió.