“DICTADURA SINDICAL”

La Cámara de Industrias Persqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay denunciaron presiones del sindicato de la pesca y reclamaron que el gobierno intervenga.

Así lo plasmó en un comunicado que divulgó ayer en el que hizo hincapié en dos casos recientes que demuestran, según los empresarios, un poder desmedido del sindicato.

Por un lado, la renuncia de un aprendiz de marinero que, según se expresa en el texto, tomó la decisión “al ser presionado” por miembros del sindicato “debido a su negativa a afiliarse” al gremio.

Por otro, se alude a presiones sindicales para que una empresa del sector restituyera a un empleado. “Ante la negativa de la empresa, personal afiliado al sindicato, presionó a los marineros embarcados, logrando paralizar a cinco buques que estaban prontos para salir”, se señala en el comunicado.

Además, los empresarios denunciaron un “silencio cómplice” de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y remarcaron a las autoridades nacionales que los espacios de diálogo no son suficientes.

La situación de conflicto con el sindicato es provocada por una “dictadura sindical que aunque suene fuerte es real”, dijo a El País el presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchelli.

El empresario pesquero afirmó que la lógica de estar sindicalizado para poder trabajar es algo que se impone.

“Los trabajadores saben que si no se afilian no trabajan, entonces la mayoría lo hace”, sostuvo.

Para Riva-Zucchelli esto es grave, porque el gremio “lo declara con impunidad y luego presiona a los trabajadores”. Según su visión con esta lógica el sindicato dejó a más de 70 trabajadores sin sus jornales por cinco días.

“Todo terminó en que liberaron el barco, así le dicen, porque a nosotros nos detienen los barcos a la fuerza”, agregó el empresario.

En el comunicado, también se acusa de complicidad a la ANP y se pide que se retire la sede del sindicato del puerto. Riva- Zucchelli reconoce que puede ser un sonar desmedido hablar de cómplices, pero afirmó que “es necesario que la ANP quite el contenedor del sindicato”.

Este reclamo toma más fuerza para los empresarios cuando se los relaciona con que el sindicato entrega permisos de ingreso al puerto. Según el empresario, el sindicato recibió una “atribución ilegal” de otorgar los permisos tras una resolución de 2009 con la que trabajadores en ejercicio o no pueden ingresar al puerto. “Esto fue hecho para que el sindicato y los afiliados puedan ingresar y trabajar en armar algún lío”, aseguró.

El llamado de atención del comunicado también fue dirigido al gobierno nacional, a quien alerta que se llegó “al límite de viabilidad del sector”.

“Queremos transmitirle al gobierno que la situación es crítica y que la producción se puede parar”, sostuvo.

Entre los reclamos que se realizan está el aumento en el precio del combustible. Para Riva-Zucchelli esto, sumado al conflicto con el sindicato, es una “tormenta perfecta” que puede explotar una vez terminada la zafra.