SE SUMA A RECURSO DE LA IMM

La Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (Ffose) presentó este lunes un recurso de revocación del proyecto Neptuno, la planta de toma y potabilización de agua en Arazatí, San José, que abastecerá la demanda de Montevideo y la zona metropolitana. La medida se suma al recurso de iguales características presentado el pasado viernes por la Intendencia de Montevideo (IMM).

En el texto, al que tuvo acceso El País, los trabajadores solicitan la anulación del subsidio y que se suspenda el acto administrativo por encontrar que viola el artículo 47 de la Constitución, a saber, "el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales".

En el documento se señala que, seguir adelante con el proyecto sin atender a estos recursos provocaría "graves daños financieros, ambientales, laborales y transgresiones graves a la normativa constitucional y legal vigente".

Los trabajadores encuentran que "no está acreditada, mediante ningún estudio técnico, la probabilidad de la supuesta falla de la planta de Aguas Corrientes en el corto o mediano plazo" y, "en caso de una hipotética sequía de relevancia, lo que corresponde es incrementar la capacidad de reserva, o bien disminuir el índice de pérdidas del sistema".

"La administración posee profusos antecedentes y la capacidad para implementar cualquiera de las vías de acción antes mencionadas, en un plazo menor al que podría entrar en funcionamiento el Proyecto Neptuno, y sin lugar a dudas con un costo muy inferior", apunta el recurso.

Por otra parte, los funcionarios apuntan que "los informes producidos por las áreas técnicas de la administración, con competencia directa en la potabilización del agua, han afirmado que los episodios de sequía son concurrentes con los frecuentes episodios de alta salinidad del Río de la Plata en la zona de Arazatí". Por lo que, en caso de cumplirse esta hipótesis de riesgo sobre la planta de Aguas Corrientes, "existe una alta probabilidad de que la planta propuesta por el Proyecto Neptuno no sea capaz de auxiliar al Sistema Metropolitano, justo en el momento que más lo necesite".

De ahí que los funcionarios encuentren que "la finalidad del acto administrativo no tiene como motivación real la cobertura de la urgencia alegada" y que OSE "ya posee soluciones estudiadas administrativamente que cubrirán en un tiempo menor y con mayor seguridad el objetivo declarado".

La Intendencia de Montevideo (IMM) también presentó el pasado viernes un recurso de revocación y anulación en contra de la resolución del directorio de OSE de poner en marcha el proyecto Neptuno. Para el gobierno departamental, toda disposición vinculada a asuntos de impacto trascendente en la vida y/o salud de los ciudadanos (como el acceso al agua potable) debe pasar "por un proceso de participación informada y sustantiva ante los usuarios", según afirmó este lunes el arquitecto y director de limpieza de la IMM, Ignacio Lorenzo.

Lorenzo agregó que la Intendencia departamental debe velar por los intereses de sus ciudadanos, incluso en "una acción contra otros poderes públicos", y en el entendido de que el accionar del directorio del ente no se ajusta a "las obligaciones constitucionales" que implican temas de recursos hídricos.

"Parte de lo que planteamos es que precisamos acceder a la información y tener un proceso de consideración colectiva. Al día de hoy solo tenemos algunos titulares del proyecto. Lo que queremos es ser parte de un proceso de consulta amplia y tener a nuestros técnicos y especialistas apoyando un proceso de trabajo técnico. En particular, hay un tema que nos preocupa y es que esta propuesta debería hacer frente a un incremento de consumo da agua, obviamente un contexto de mayor estrés", señaló Lorenzo en relación al impacto de sequías recurrentes en el comportamiento del frente salino del Río de la Plata, "que en determinados lugares tiene altos niveles de salinidad".

Según el jerarca, la Intendencia no fue consultada por el gobierno en el proceso de trabajo sobre este proyecto, sino que "simplemente se informó del inicio y no se presentó ningún elemento de sustancia". "Creemos que los principios de consulta pública deben basarse en tener toda la información disponible, tiempo para estudiarlas, analizarlas, y poder generar preguntas y aportes al proceso para tener un diseño robusto y que funcione como una solución a largo plazo", sostuvo.

Consultado por si esta medida pudiera entenderse como una respuesta político partidaria de la Intendencia de Montevideo en contra del gobierno, Lorenzo respondió que esa interpretación no "le cabe", y que su intención es "informar sobre la instancia jurídica, basado en el derecho de la Intendencia departamental de representar los intereses de los ciudadanos, entendiéndose legítima representante".