ESTE VIERNES

Un hombre de 67 años que vivía en la calle, en Pando, fue la segunda víctima de la ola de frío polar que invadió el país esta semana. Estaba siendo atendido en los refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pero se negaba a quedarse en ellos a pernoctar durante las noches.

Desde la Intendencia de Canelones, a raíz de este fallecimiento, se dice que “dada la alerta por frío polar que afecta al país”, junto al Ministerio del Interior, y dentro del marco de la ley N° 19.120, conocida como ley de faltas, “a fin de preservar la integridad fisica de quienes se encuentren en situación de calle”, se habilitarán los recursos “para efectuar un operativo especial para atender dicha situacion”. Es decir, que aquellas personas que ocupen espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, serán trasladadas a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social “a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al Juez competente”, tal como establece la ley 19.120.

La Intendencia de Canelones informó en la noche de ayer que los operativos ya comenzaron a través de la Dirección General de Desarrollo Humano, en articulación con todas las demás direcciones y áreas de la institución, para lo cual se dispuso la infraestructura necesaria al servicio de toda la población canaria.

“El Gobierno de Canelones lamenta profundamente el fallecimiento de un hombre de 67 años en situación de calle e invita a la comunidad canaria a solidarizarse con todos aquellos vecinos que hoy están viviendo estas situaciones de vulnerabilidad. La ciudadanía se puede comunicar a través del 1828 o demás números a nivel nacional disponibles”, se indica en la web comunal.

En el Mides se ha insistido en la imposibilidad de una internación compulsiva de personas en situación de calle si no media la firma de dos médicos y un mandato judicial. Así lo sostuvo la directora de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, Eleonora Bianchi, después de la muerte por hipotermia de un hombre de 59 años, el jueves, en el barrio La Blanqueada.

“La ley vigente no habilita la internación obligatoria de ninguna persona”, precisó Bianchi durante una conferencia de prensa en el piso 7 del edificio del Mides.

Ante esta posición del gobierno, otra vez pronto surgieron reacciones en el parlamento. “El Mides está omiso, y su omisión costó una vida. La ley le da la potestad de internar compulsivamente a personas en situación de calle con riesgo de muerte, y no lo hace. No es verdad que requiera orden judicial. Haré un planteo parlamentario”, adelantó el diputado nacionalista Pablo Abdala.

En atención a la normativa vigente, en verdad, no surge como requisito la necesidad de una orden judicial previa para conducir a un lugar de atención a una persona que duerme a la intemperie y por eso, en medio de una ola de frío polar queda sometida a un quebranto de salud grave, sea o no que esté en sus cabales.

La ley 18.787 señala que “las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad”. Hoy se cumplen exactamente 8 años de la promulgación de esta disposición legal.

La ley 19.529 de Salud Mental indica por su parte que una persona podrá ser hospitalizada involuntariamente si existe riesgo inminente de vida, o esté afectada su capacidad de juicio, “y el hecho de no hospitalizarla pueda llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le proporcione un tratamiento adecuado que sólo pueda aplicarse mediante la hospitalización”.

Para que se dé la internación involuntaria o compulsiva de la persona con trastorno mental, si no tiene un familiar o persona que se haga responsable, se podrá realizar cumpliendo únicamente con el dictamen profesional del servicio de salud que realice la hospitalización, “firmado por dos profesionales médicos que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser especialista en psiquiatría”.

La figura del juez aparece en artículos posteriores de la ley, en donde queda claro que la hospitalización involuntaria deberá serle notificada dentro de las 24 horas siguientes, así como también deberá hacerse ante la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental y la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Hace ocho años se votó una norma que dispone la obligatoriedad del Estado de prestar asistencia a las personas en situación de calle. Esa ley Nº 18.787 se promulgó en julio de 2011, un año en el cual la muerte de cinco indigentes a raíz de las bajas temperaturas derivó en una confrontación política entre la oposición y el Gobierno. La polémica por entonces se amplió cuando la Intendencia de Montevideo hizo una campaña para que no se diera alimentos a indigentes y así desmotivarlos en su deambular y hacerlos ir a los refugios. En julio de 2011 fue que el presidente José Mujica destituyó de la dirección del Mides a Ana María Vignoli, cuestionada luego de que se registraran varias muertes por la ola de frío. En el invierno pasado, la actual ministra de Desarrollo Social, Marina Arrsmendi, anunció su compromiso de aplicar la ley en situaciones graves, con la participación de profesionales. Estaba claro que no era necesaria la orden judicial. “Vamos a priorizar la vida”, dijo.