PROYECTO DE LEY

JOAQUÍN SILVA

El expresidente coloradoJulio María Sanguinetti entró sonriente a la pequeña sala de conferencias de la residencia presidencial de Suárez y Reyes, y fue así el primer vocero de la coalición de gobierno en anunciar ayer lo que ya puede interpretarse como el inicio formal del proceso de discusión de la reforma del sistema previsional.

Hasta hacía minutos, y luego de un encuentro que duró más de dos horas, los líderes del oficialismo habían estado escuchando la detallada exposición de Rodolfo Saldain sobre los puntos claves de la reforma de todo el sistema jubilatorio, cuya solvencia es insostenible a mediano plazo -pese a tener un diseño que genera reconocimientos en la región, tal como dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

“Hay una voluntad expresada de la coalición para avanzar en la reforma. Lo sentimos como un deber de todo el sistema político”, dijo Sanguinetti ante la prensa, al resumir la intención del gobierno: empujar esta iniciativa cueste lo que cueste, en el entendido de que se sigue un “mandato ético” que no puede detenerse a evaluar costos políticos, aunque haya dirigentes oficialistas que ya se hayan referido a esto.

Lo que se inicia ahora, entonces, es una etapa de negociación interna dentro de la coalición de gobierno -los partidos se tomarán en el entorno de un mes para analizar la propuesta-, y se asume como muy probable que surgirán algunas diferencias entre los socios, las que implicaría sumar nuevos aportes al texto base.

De cualquier forma, el presidente Luis Lacalle Pou ya transmitió algunos mensajes a sus socios, según supo El País. Insistió en la necesidad de convencer a la sociedad sobre la importancia de esta reforma, y que la coalición no se divida en esa tarea. Para ello, además de destacar “los beneficios” de la transformación -que apuntará, según el gobierno, a resolver gran parte de las iniquidades del sistema actual- el presidente hizo hincapié en señalar que la reforma tendrá como característica principal la aplicación paulatina y gradual. “No habrá ningún cambio drástico”, destacó a El País uno de los participantes del encuentro.

En efecto, el período de transición será de 20 años, y la normativa comenzaría a aplicarse cinco años después de entrar en vigencia, o sea durante la próxima administración.

¿A quiénes comprenderán las generales de esta ley? Básicamente a todos los trabajadores -incluyendo a los militares, y a excepción de los del área de la construcción y el mundo rural. Pero comenzará a afectar -siempre en una transición gradual- a los nacidos en 1967, quienes se retirarían a los 61 años -y con 30 años de trabajo. Los nacidos en 1968 lo harían con 62, y así hasta llegar a los 65 años con los que se deberían retirar los nacidos en 1971 y quienes le sigan. Esto implicará, según explicó ayer Saldain -redactor de la propuesta- en entrevista con Telemundo (Canal 12), “una transición que en materia de edades va a durar aproximadamente una década”.

Todo esto es así -señalaron a El País fuentes que participaron del encuentro- en el trazo grueso, porque para cada caso particular habrá que combinar una serie de variables y parámetros para definir exactamente las condiciones de la jubilación.

Por lo demás, el mensaje que trasladaron los referentes partidarios a los medios consistió en destacar algunos ejes fundamentales. Pablo Mieres (Partido Independiente), por ejemplo, hizo girar su discurso en torno a la idea de que toda la reforma apuntará a una “convergencia” de los regímenes de seguridad que hay actualmente -y que disponen de distintos criterios de jubilación-, de modo de ir hacia un sistema más homogéneo y equitativo.

El presidente del directorio del Partido Nacional subrayó, a su turno, el incremento de las jubilaciones más bajas que plantea el anteproyecto. “Para nosotros esto va por el lado de la solidaridad”, dijo Iturralde en ese sentido, que agregó que “todos los mayores de 70 años van a tener una retribución muy importante”.

Para defender la noción de que el futuro régimen es “mucho más justo que el vigente”, el nacionalista también mencionó otras novedades, como la generalización de un “sistema a través del cual las mujeres, por cada hijo que tengan, van a poder computar un año más” de trabajo en su carrera jubilatoria.

Lacalle Pou fue asimismo enfático con sus socios con un pedido puntual: que el texto del anteproyecto no se dé a conocer hasta tanto no tenga un encuentro con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, porque también es un objetivo del mandatario que la reforma logre un consenso político.

Además, volvió a pedir máximos esfuerzos para acompañar la “convicción” de que la reforma tiene que sí o sí salir adelante, aunque los efectos comiencen a visualizarse en el siguiente gobierno, para manifestar sus cambios plenamente recién en la administración que comenzará en 2030. “Estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer, porque es un compromiso con las siguientes generaciones”, señaló uno de los consultados.