Mides denuncia que ollas populares vendían insumos en redes

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Martín Lema en rueda de prensa
ESTEFANIA LEAL

INSEGURIDAD ALIMENTICIA

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró que las irregularidades están “100%” confirmadas y que la Justicia debe dirimir si se configuró un delito.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) amplió ayer ante la Fiscalía la denuncia contra la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), por el presunto mal manejo de fondos y las eventuales irregularidades en la gestión de ollas populares y merenderos de Montevideo.

Respaldada por actas, testimonios y documentos, la secretaría de Estado se explayó sobre cinco puntos nuevos, que se suman al expediente de unas 800 páginas del que dio cuenta El País en noviembre. La venta de alimentos y de viandas a través de Facebook es uno de los aspectos inéditos de la ampliación, que hasta ahora no se había detectado, indicó Carolina Murphy, directora territorial del Mides en la capital.

De acuerdo al documento, el referente de una olla popular en Casavalle aseguró al Mides que atendía a unas 50 personas los martes y los viernes. Pese a ser unas pocas decenas, la cartera constató que su acopio de alimentos “desbordaba”. La secretaría de Estado liderada por Martín Lema estima que bajo un seudónimo, el hombre “podría ser” el autor de publicaciones de Facebook en las que se vendían distintos productos distribuidos a las ollas de la zona. La lista incluía arroz, lentejas, aceite, fideos, pollos y azúcar. “Se solicitará la citación a Fiscalía (del referente) para que explique estos hechos”, plantea el Mides en la ampliación de la denuncia.

El documento también incluye el “acopio de alimentos sin aparente justificación”, el retiro de insumos para puestos “inexistentes” y la venta de porciones elaboradas con productos del Mides.

En uno de los casos, según el gobierno, la referente de una olla popular que no funcionaba entregaba los alimentos a sus “amigos”, que en ocasiones los cambiaban por droga. La mujer estaba vinculada a una boca de venta de estupefacientes en el barrio, aseguraron testigos.

“Las irregularidades las constatamos. La apariencia delictiva, si se confirma o no, nos excede. Que hubo irregularidades por parte de la CPS está 100% comprobado”, afirmó Lema, que apuntó que es deber de los funcionarios públicos denunciar todo hecho que se asemeje a un delito.

Murphy dijo que en los últimos meses se ha registrado una “tendencia constante”: esto es, la disminución de la cantidad de ollas populares y porciones servidas.

“Acá se pretendió hacer una puesta en escena y un manejo político de una situación alimentaria que no es la que nosotros estamos constatando todo el tiempo”, afirmó.

La jerarca atribuyó el fenómeno a dos factores. Por un lado, al retiro de la CPS como intermediaria en la provisión de los materiales. Según Murphy, hay una brecha entre lo que reportan los merenderos y las ollas y lo que declaraba la coordinadora, y para el Mides esto supone que se “inflaban” las cifras. Y por otro lado -agregó- incide la actual coyuntura socioeconómica, a ocho meses de que se levantara la emergencia sanitaria por covid-19 en Uruguay.

La secretaría de Estado prevé visitar cuatro veces cada iniciativa, en el marco de una fiscalización “exhaustiva” del servicio, dijo. “Es muy grave, es la alimentación de la gente. Estas maniobras con algo tan sensible no pueden terminar opacando el trabajo de muchas personas que sí han atendido, cuando era necesario a sus vecinos. Tiene que ver con la transparencia”, defendió la jerarca.

Inseguridad alimentaria, un punto de discusión

Lema cruzó declaraciones con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que lo tildó de ser “un ministro que en vez de dar soluciones sociales, persigue a las ollas”. El 26 de noviembre, dijo que no le extrañaba que la política del Mides fuera “ir hacia el reparto de alimentos y canastas”. “Así concibe su política social, como la repartija, como si alguien para garantizar alimentación tuviera que dar harina y fideos, cuando en realidad tiene que dar sustentabilidad financiera para que las familias puedan cocinar”, apuntó.

Contracara

La Fiscalía de Flagrancia de 2° Turno es la que estudia los presuntos ilícitos cometidos por la CPS, que niega los señalamientos del Mides y los ha tildado de “subjetivos, maliciosos y carentes de todo fundamento”.

El pasado martes la organización -a la que el gobierno le retiró el apoyo luego de observar las presuntas irregularidades y tras un tire y afloje por las cifras reportadas- recordó los hallazgos de un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Según el informe “Entramando barrios. Ollas y merenderos populares en Uruguay 2021-2022”, en junio y julio de este año se sirvieron 1.806.853 porciones al mes en ollas y merenderos. Además se detectaron 542 iniciativas activas, gestionadas por particulares.

“¡La soberbia y la prepotencia de un gobierno insensible no pasarán!”, remató la CPS en Twitter, donde respaldó a los referentes nucleados en la coordinadora.

Intendente Lima pide apoyo para ollas y el ministerio lo contradice

El intendente de Salto, Andrés Lima, denunció en un video de Facebook que desde hace un año la Red de Ollas Solidarias y Merenderos de su departamento no recibe insumos del Mides.

“Desde la Intendencia de Salto se entrega $ 250.000 por mes”, afirmó el jefe comunal, que indicó a El País que en enero aumentará el importe.

La red nuclea a 21 ollas populares y 18 merenderos. Lima apeló al ministro para que, “en este caso puntual”, se haga una contribución.

Desde la secretaría de Estado expresaron “sorpresa” por el planteo del intendente. Las fuentes recordaron que en octubre de 2021, se instaló un merendero en la ciudad de Salto con capacidad para 1.000 personas, con insumos del Mides, que reforzó la cantidad de platos en invierno.

Además, aseguraron que en junio el intendente no respondió a una invitación para conversar sobre la posibilidad de reforzar la alimentación ofrecida en el comedor.

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