DESARROLLO SOCIAL
La cartera sostiene que se trata de una disminución “significativa” que confirma que la coordinadora manejaba datos “inflados”.
A medida que avanza el actual período de la actual administración, los debates que tienen al gobierno y el Frente Amplio enfrentados en la agenda mediática son cada vez más frecuentes y con decibeles más altos.
En algunos casos el gobierno se siente cómodo en el juego dialéctico, y en otros -como en el que tiene al aumento de los homicidios en el centro- no tanto. La batalla librada en torno a los datos que dan cuenta del problema de la alimentación de los uruguayos pertenece al primer tipo, porque en el Ejecutivo hay tranquilidad con los números que respaldan su posición.
Lo que hay de fondo es un problema que nadie niega, pero que en el gobierno se entiende que se están logrando mejoras; y que de un tiempo a esta parte ha tenido como un actor principal de esta discusión no tanto al Frente Amplio -que de todos modos ha intervenido fuerte en el debate- sino a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), que hasta hace algunas semanas era una de las redes más importantes de distribución de los insumos para las distintas iniciativas solidarias.
Esta organización, que para el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, tiene claros “fines políticos”, ya fue denunciada en Fiscalía por presuntas irregularidades en la tarea que tenía asignada, ya que -entre varios puntos- había declarado atender más ollas y más cantidad de porciones de las que, según el gobierno, se hacía cargo realmente. Y esto es algo que el Mides, con los últimos datos recabados, sigue confirmando.
“Básicamente lo que seguimos detectando es que hay una disminución importante y significativa de las porciones de las ollas y merenderos” que ahora están en directo contacto con la cartera, dijo a El País Carolina Murphy, directora territorial departamental de Montevideo.
En efecto, de acuerdo a cifras oficiales a las que accedió El País, el Mides encontró que en las últimas semanas hubo una baja cercana al 24% de las porciones entregadas por las ollas que integraban la CPS hasta que fue desplazada por la Secretaría de Estado como intermediaria, a principios de octubre. Fue en aquel momento que la cartera decidió hacer la investigación administrativa, cuyos resultados -como que la CPS “inflaba” casi todos sus registros- fueron a parar a la órbita del Ministerio Público.
En números brutos, entre los primeros días de octubre y el 18 de este mes, se pasó de unas 60.000 porciones semanales a unas 46.000. La baja es un fenómeno que incluso se profundizó en la última semana, y específicamente en “un tercio” del total de ollas -que hoy rondan la centena.
La diferencia, a su vez, se acrecienta si se comprara con la última actualización de la CPS: en los registros que elevaron al Mides en octubre -aunque por aquellos días comunicaron versiones distintas sobre la demanda-, la organización estimaba más de 100.000 platos por semana, y en ese momento los voceros de la organización reclamaban al gobierno un apoyo más decidido a las iniciativas, en el supuesto de que la necesidad de alimentos había aumentado.
“Pero además ya hemos constatado que cerca de un 10% de las ollas han cerrado”, señaló Murphy.
La disminución del hambre que puede constatarse en la labor de estas iniciativas -siempre según el Mides- se observa en un tercer parámetro: la disminución de la frecuencia semanal del trabajo de las ollas. “Hay casos en que abrían cinco veces a la semana y ahora pasaron a tres -dijo la jerarca-, o de tres a una”.
Con todo este escenario, más un conjunto de datos e informes sobre el comportamiento de la demanda e inseguridad alimentaria de los últimos años, el ministro Lema pasó a la ofensiva y la semana pasada envió un material con todas estas referencias al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, muy crítico con las políticas sociales del gobierno.
Pereira fue también duro
Este sábado tildó a Lema de ser “un ministro que en vez de dar soluciones sociales, persigue a las ollas”, y que no le extrañaba que “la política actual del ministerio sea ir hacia el reparto de alimentos y canastas, porque así concibe su política social, como la repartija, como si alguien para garantizar alimentación tuviera que dar harina y fideos, cuando en realidad lo que tiene que dar es sustentabilidad financiera para que las familias puedan cocinar en sus hogares”.
Lema había dicho al referente de la coalición de izquierda que “estudie” y que dejara de “expresar mentiras”, además de que entendía que la oposición había hecho del hambre “un negocio político”.
Extenderán la alimentación a los domingos
En el Ministerio de Desarrollo Social hay muchas fichas puestas en la tarea que va a desempeñar el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) en los últimos dos años de gobierno (2023-2024), para los cuales el gobierno previó un importante aumento presupuestal en la Rendición de Cuentas que comenzará a regir a partir de enero próximo.
La normativa -que pese a una primera reticencia contó con el voto del Frente Amplio- habilitó partidas extras para este organismo de $ 155 millones para el año 2023 y $ 260 millones para 2024, con el fin de fortalecer el “sistema alimentario” y atacar los problemas estructurales.
Con ese refuerzo, el INDA prevé un plan integral cuyo diseño ya se encuentra en las etapas finales. A grandes rasgos, se buscará atender mejor la alimentación que hoy brindan los 57 comedores que hay en todo el territorio nacional. Por ejemplo, se buscará dar solución alimentaria para todo el fin de semana -los comedores abren de lunes a viernes- mediante la entrega de tickets de alimentación.
En paralelo, se dispondrá de una serie de vehículos que funcionarán como puntos móviles para extender la entrega de alimentos.