CRISIS

En un intento por frenar las protestas en la calle y aflojar la tensión política, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, envió ayer lunes al Congreso el proyecto de ley que adelanta las elecciones generales para abril de 2024, dos años antes de que termine el actual período de gobierno.

“El contexto actual de crisis política y social no es menos diferente que las situaciones que motivaron en el pasado la formulación de una propuesta que implique el adelanto de las elecciones generales para el recorte de mandato”, sostiene el proyecto en sus fundamentos, que lleva además la firma del primer ministro, Pedro Angulo.

El proyecto propone una reforma constitucional, que modifica el mandato de la presidenta de la República, de los congresistas y establece el adelanto de elecciones generales para el año 2024.

Detalla que la propuesta para que los comicios sean en abril de 2024 está “vinculada con el cierre del padrón electoral”, que debe realizarse un año antes, el mismo plazo límite que las leyes establecen para hacer reformas legales.

Indica que ese plazo “deberá servir también para aprobar, de ser el caso, las reformas constitucionales referidas al régimen político peruano” y remarca que “urge realizar cambios democráticos y constitucionales en el Congreso, obedeciendo fundamentalmente el sentimiento de la ciudadanía”.

Boluarte dijo que tomó la decisión de no terminar su mandato en julio de 2026 al interpretar “de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia, con la responsabilidad que implica el ejercicio” del Gobierno.

Aclaró, además, que la aprobación de esta ley implica reformas constitucionales “que deberían ser aprobadas para el procedimiento más expeditivo”, con el objetivo de que quede al margen “toda la práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana”.

Boluarte asumió la presidencia el pasado miércoles en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de su fallido intento de golpe de Estado.

Esa crisis política llevó al estallido de protestas sociales en el interior del país, sobre todo en la zona sur, donde se han presentado tres muertos hasta el momento, mientras que grupos de manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones.

En tanto, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ayer lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo y tres de sus ministros, por rebelión, conspiración y otros delitos.

Además, acusa al exmandatario, actualmente detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública.

La denuncia detalla que el anuncio de Castillo de disolver el Congreso el pasado miércoles supuso “un acto arbitrario” que contraviene lo establecido en la Constitución.

“Cabe indicar que, esta conducta tendría como finalidad evitar las investigaciones por corrupción seguidas contra José Pedro Castillo Terrones, así como el procedimiento de vacancia presidencial, lo cual evidenciaría el uso abusivo de sus facultades constitucionales para obtener impunidad”, señala el documento.

Además, la fiscal denunció a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, al exministro del Interior Willy Huerta y al exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez como presuntos coautores de los delitos contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración.

El documento fue presentado al Congreso luego que el Legislativo aprobara durante la madrugada de este lunes una resolución que autoriza a levantar un fuero especial al expresidente que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político -un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios-, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.

La resolución propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.

En sesión, por momentos muy tensa, un parlamentario defensor de Castillo agredió a un opositor.

Un tercer manifestante falleció ayer lunes en las protestas en el interior de Perú para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, confirmó el presidente del Congreso, José Williams.

La emisora RPP señaló que la víctima, un hombre de 30 años, se reportó durante enfrentamientos entre manifestantes y policías frente a la comisaria Ciudad Municipalidad de Cerro Colorado, una localidad de la región de Arequipa.

Durante la presentación ante el Congreso, el primer ministro confirmó que el domingo “se dio a conocer desgraciadamente el fallecimiento de dos ciudadanos jóvenes”, mientras que el ministro de Defensa, Alberto Otárola, lamentó las muertes producidas durante las manifestaciones y confirmó que este lunes hubo otro fallecido en Arequipa.

Con esta subieron a tres las muertes que se han reportado en Perú desde el inicio de las protestas ciudadanas, ya que el domingo se informó de los fallecimientos de un joven de 18 años y de un adolescente de 15 años en la ciudad de Andahuaylas.

Ayer lunes, unos 1.500 manifestantes bloquearon la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad de Perú, con piedras, palos y neumáticos en llamas.

Pero la policía y las Fuerzas Armadas los enfrentaron con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de tres horas, añadió.

La Defensoría del Pueblo aseguró que la batalla campal dejó dos civiles heridos.

Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y la iluminación de la pista de aterrizaje fue destruida. El aeropuerto sigue cerrado, con decenas de pasajeros varados.

También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes.

Las carreteras de acceso a varias ciudades del país como Arequipa, Trujillo y Cusco permanecían bloqueadas anoche.