ARGENTINA

Al terminar la instancia de las “últimas palabras” en el juicio de la causa Vialidad, la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner difundió en su sitio web un texto y en sus redes sociales un documento con respuestas a la acusación formulada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa por la que está acusada de liderar una asociación ilícita que direccionó contratos de obras públicas viales a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.

El documento cita 20 de los puntos que mencionó Luciani en la acusación y los responde por escrito. De este modo, la vicepresidenta buscó dar su propia versión de los hechos, frente a lo que ayer volvió a definir como un “pelotón de fusilamiento”, por el que responsabilizó esencialmente al Poder Judicial, pero al que también vinculó a los medios de comunicación y sectores empresarios.

Cristina, de 69 años, está acusada de adjudicar de manera fraudulenta contratos de obras públicas durante sus dos mandatos consecutivos como presidenta (de 2007 a 2015), y la Fiscalía pidió para ella 12 años de cárcel y la inhabilitación política permanente.

La instancia de palabras finales fue último paso antes del veredicto, esperado en una semana. “Más que un tribunal del ‘lawfare’, este tribunal fue un verdadero pelotón de fusilamiento que se inició a partir de la increíble diatriba de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que se dedicaron a agraviar e injuriarme”, afirmó.

En 20 minutos de intervención, Cristina se dirigió desde su despacho del Senado en forma virtual al tribunal que la juzga desde mayo de 2019, apenas días después de anunciar su candidatura a vicepresidenta para las elecciones que ganó ese año.

Una decena de manifestantes cubrió las rejas de ingreso a los tribunales con afiches que pedían la cárcel para la expresidenta, a la vez que un puñado de sus seguidores le expresó respaldo a las puertas del Senado. En su discurso, acusó a los fiscales de haber “inventado y tergiversado” los hechos y aseguró que “fue demostrado que eran falsos, que no habían existido siquiera”.

“Difamaron, mintieron, denostaron, sobre mí y sobre nuestro gobierno”, insistió, y estimó que el juicio tiene “un objetivo disciplinador”, en especial contra su “espacio político”, es decir, el peronismo.

En medio de críticas a los miembros de la oposición sin nombrarlos, la vicepresidenta adelantó el contenido del documento que tituló “20 mentiras”.

Entre los ítems de su descargo, Cristina dice que es falso que ella y su marido, el expresidente fallecido Néstor Kirchner, hayan asignado fondos a Santa Cruz para obras viales o elaborado proyectos de ley de presupuesto de manera ilegal y arbitraria.

También plantea que es falso que el Congreso haya tenido una participación “marginal”, como asegura el fiscal Luciani, en la sanción de las leyes de presupuesto ni que los legisladores hayan sido obligados desde el gobierno a votar de forma afirmativa esas iniciativas.

Asimismo negó que ella y su esposo hayan aumentado las partidas a través de decretos para beneficiar a Báez.

El presidente Alberto Fernández no tardó en pronunciarse. A través de redes sociales envió un fuerte respaldo a su vicepresidenta al decir que comparte la exposición de la exmandataria en la mañana de ayer.

“Comparto los argumentos de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la llamada Causa Vialidad. Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la Justicia se escapa por la ventana”, escribió el presidente en Twitter, en referencia a uno de los juristas más importantes del derecho penal, de nacionalidad italiana.

A eso sumó el documento difundido por la vicepresidenta, “20 mentiras”. De esta manera y pese a las fricciones políticas existentes entre ambos, Fernández marcó un punto de coincidencia con Cristina Kirchner y le dio un espaldarazo en el plano judicial.

El proyecto del kirchnerismo para recusar a jueces por “discursos de odio” y perspectiva de género tuvo luz verde en la Comisión de Justicia del Senado en la tarde de ayer. La oposición considera que el proyecto se trata de una herramienta para favorecer a Cristina Kirchner en sus causas por corrupción. El oficialismo rechaza esa lectura, y ayer hizo hincapié en la lucha por lograr una “justicia feminista”.

El proyecto fue defendido en el Senado por su autora, la vicepresidenta de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti, quien negó de manera enfática que el texto tuviera relación con el enfrentamiento de Cristina Kirchner con la Justicia.

En la Justicia, en tanto, aseguran que la propuesta tiene pocas chances de prosperar aun cuando sea convertida en ley en la Cámara de Diputados.

“Tiene todos los números para ser declarada inconstitucional”, dijeron fuentes judiciales a La Nación y afirmaron que podría dar lugar al uso de denuncias por maltrato laboral o desempolvar alguna declaración de un juez para sacarlo de un expediente.

En los alegatos pronunciados a principios de agosto por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como parte del juicio, quedaron expuestas las claves del caso contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En primer lugar, el fiscal Luciani dejó claro que, a su juicio, los principales responsables de los hechos de corrupción que se juzgan fueron Néstor y Cristina Kirchner. No fue él sin que ella supiera ni fueron funcionarios infieles. Si lo empezó él, ella lo continuó, sostuvo.

Luciani dijo que entre 2013 y 2015 funcionó “en el seno del Estado” una asociación ilícita “piramidal”, cuyos jefes eran “los jefes de Estado”. Su objetivo: “la detracción de fondos del Estado para beneficio particular”. El fiscal relató que “de la nada” los responsables de la asociación ilícita decidieron “crear” al empresario que fuera a recibir las obras viales que se usarían para “extirpar” el dinero de las arcas públicas. Ese empresario fue Lázaro Báez, cuya empresa, Austral Construcciones, “se creó el 8 de mayo de ese año, 17 días antes de que asumiera Kirchner”.

“En 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de 1.500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”, afirmó el fiscal.

Otro de los ejes centrales en la acusación es el “abandono de las obras” y la “desaparición” de Báez cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada. Para eso, Luciani se aferra a mensajes incriminatorios que el exsecretario de Obras Públicas José López -el hombre de los bolsos con dólares y armas en el convento-, intercambió con Mariano Cabral, secretario privado de Cristina Kirchner. (La Nación / GDA)