ARGENTINA

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El gobierno argentino denunció ayer miércoles a un grupo de empresarios, jueces, fiscales y exfuncionarios para que se investigue si integraron una trama de corrupción tras un supuesto viaje en avión privado a la mansión del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia.

Esta denuncia penal se produce al día siguiente que la Justicia dictara la sentencia de seis años de prisión por corrupción a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por instrucción del presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó la denuncia en la Fiscalía Federal de Bariloche. El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados”, se estaría “ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas”.

Si bien la existencia de ese viaje había sido revelada en octubre pasado por el diario Página/12 afín al kirchnerismo, la polémica por la denuncia del presidente se encendió por la difusión en otros medios de filtraciones de mensajes telefónicos entre los presuntos viajeros, aparentemente acordando cómo evitar que la noticia del encuentro se difundiera.

Cristina Kirchner se refirió a esta denuncia tras recibir el martes su condena. “Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”, dijo.

En tanto, diputados y senadores oficialistas repudiaron ayer miércoles el fallo “escandaloso” contra Cristina Kirchner. “Es una decisión política de un tribunal político, de lo que denominamos parte de la mafia judicial”, dijo la senadora Juliana Di Tullio en una rueda de prensa.

Di Tullio defendió el argumento de que la “agenda judicial” es un tema que “excede” a la vicepresidenta, cuyo fallo de condena incluye una inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El diputado Gerardo Martínez informó que solicitaron con urgencia una audiencia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, para que arbitre los medios necesarios para completar el Consejo de la Magistratura -el órgano que nombra, sanciona y remueve jueces-, y que denuncian que se encuentra “paralizado”.

Los legisladores aclararon que no quieren sancionar en el Consejo de la Magistratura a los tres jueces que condenaron a la vicepresidenta por corrupción sino que buscan investigar y sancionar a los magistrados que presuntamente cobraron dádivas al viajar en avión privado a la mansión del magnate británico Joe Lewis.

“No son cuatro jueces, son hampones”, dijo Di Tullio, “una mafia estatal contratada por un poder privado para hacerle daño a este país”.

Cristina reaparecerá públicamente el próximo lunes tras la condena judicial que sufrió en la causa Vialidad y su “renunciamiento” a ser candidata en 2023. Lo hará en el marco de una cumbre del Grupo de Puebla que sesionará en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde podría estar acompañada por el presidente Alberto Fernández.

Así lo confirmaron ayer a La Nación fuentes cercanas a la vicepresidenta, las que además revelaron la incipiente organización de una marcha de apoyo a Cristina Kirchner para ese mismo día, a cargo de referentes bonaerenses del oficialismo.

La organización de la marcha de apoyo a Cristina empezó a gestarse en la una cena el martes en Punta Lara, en inmediaciones de La Plata, a la que asistió la vicepresidenta en compañía de su hijo Máximo Kirchner, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo de Pedro y un grupo variopinto de intendentes, legisladores y referentes del oficialismo bonaerense que se identifican políticamente con el kirchnerismo.

Allí, además de un pedido de la propia Cristina para que los dirigentes empuñen el “bastón de mariscal que llevan en la mochila”, los que tomaron la palabra coincidieron en afirmar que la vicepresidenta seguirá siendo “la conductora del peronismo” pese a haber anunciado que no participará de la contienda electoral el año próximo.

Mientras la dirigencia bonaerense comienza a organizar la marcha del lunes en apoyo a Cristina, algunos referentes del Grupo de Puebla que se reunirá ese día en Buenos Aires manifestaron su respaldo a la vicepresidenta. Uno de ellos fue Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, que en la habitual conferencia de prensa matutina sostuvo que el fallo judicial contra Cristina es “a todas luces una venganza política y un acto antidemocrático, porque no quieren que participe del proceso electoral”. Sin embargo, el presidente mexicano no vendría a Buenos Aires para la cumbre y el encuentro será protagonizado por varios exmandatarios. Entre ellos Ernesto Samper (Colombia), José Mujica (Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Dilma Rousseff (Brasil), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Manuel Zelaya (Honduras)

También el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se solidarizó con Cristina Kirchner. “Mi solidaridad a la vicepresidenta de Argentina. Vi su manifestación de que está siendo víctima de ‘lawfare’”, tuiteó Lula, en referencia a la práctica de usar las leyes para promover una persecución política. “Aquí en Brasil sabemos bien cuánto esa práctica puede causar daños a la democracia. Espero que haya una justicia imparcial e independiente para todos y por el pueblo de Argentina”, añadió Lula, en alusión a sus condenas de corrupción en la operación Lava Jato, que luego fueron anuladas por irregularidades procesales.