EXMANDATARIO

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, cumplirá 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, instalado en el mismo cuartel policial donde cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el exgobernante Alberto Fujimori, informó ayer viernes el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE).

El organismo señaló, en un comunicado, que la decisión de que Castillo se mantenga en el mismo lugar en el que cumplió arresto preliminar desde el pasado 7 de diciembre, en el distrito limeño de Ate, se ha tomado “por medidas de seguridad, en salvaguarda de su integridad física personal, por su condición de expresidente de la República”.

Detalló que la Junta Técnica de Clasificación del INPE, conformada por un psicólogo, un abogado y una asistente social, determinó, en primer lugar, que el exgobernante sea clasificado “en el régimen ordinario” de prisión.

“El Instituto Nacional Penitenciario garantiza la seguridad e integridad física de las personas privadas de la libertad en los establecimiento penitenciarios a nivel nacional”, concluyó.

El jueves el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre. Checkley dijo que la prisión preventiva “se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024”.

De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que existe riesgo de fuga, porque minutos antes de su destitución Castillo había intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.

El exgobernante será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La investigación ha sido calificada de “compleja” por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.

Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Legislativo, la intervención del Poder Judicial y de que iba a gobernar por decreto en un gobierno de emergencia.