INCERTIDUMBRE
El juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley, dictó esta medida contra el destituido expresidente, en prisión desde el 7 de diciembre, debido al riesgo de fuga.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, deberá permanecer 18 meses en prisión preventiva mientras es juzgado por el fallido golpe de Estado de la semana pasada. El juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley, dictó esta medida contra el destituido expresidente debido al riesgo de fuga. Castillo está en prisión desde el 7 de diciembre.
Al leer anoche su resolución, el juez señaló que existen graves y fundados elementos de convicción de presunta conspiración, puesto Castillo y un grupo de sus colaboradores habrían concertado la decisión de disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia. El magistrado puntualizó que hay elementos de convicción de que el mensaje a la Nación que pronunció Castillo el 7 de diciembre anunciando el cierre del Congreso fue el inicio del plan para perpetrar un golpe de Estado.
Consideró que existen graves y fundados elementos de convicción respecto a que antes de brindar su mensaje a la Nación Castillo estaba próximo a afrontar su tercera moción de vacancia por su vinculación con presuntos actos de corrupción.
El juez igualmente sostuvo que hay elementos de convicción sobre el presunto delito de abuso de autoridad pues Castillo habría actuado con arbitrariedad sobre el orden constitucional.
Añadió que también hay elementos de convicción de que Castillo tenía la intensión de fugarse y asilarse en México. Como pruebas, mencionó declaraciones del canciller mexicano ofreciendo asilo, y la declaración de la escolta de Castillo de que se dirigían a la embajada de México cuando el expresidente fue detenido.
El juez indicó que existen elementos de convicción que sustentan que Pedro Castillo buscaba modificar el régimen constitucional e intervenir el sistema de justicia y otros estamentos.
Según estimó la fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva, Pedro Castillo sería condenado a diez años de cárcel como mínimo. Considera que el procesamiento será bajo “concurso real”, en su calidad de coautor del presunto delito de rebelión -alternativamente conspiración- y como presunto autor de abuso de autoridad y delito grave de perturbación de la tranquilidad pública.
Toque de queda
El Gobierno peruano ordenó ayer jueves un toque de queda nocturno en 15 provincias ubicadas en 8 departamentos, de los 24 que tiene el país, tras una jornada en la que han muerto, al menos, seis manifestantes en las protestas que estallaron tras el fallido golpe de Estado de Castillo, lo que elevó la cifra de fallecidos a 14 desde el pasado domingo.
Dos personas murieron en una protesta en la ciudad de Ayacucho, en la que trataron de tomar el aeropuerto de la localidad.
Las manifestaciones exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la salida del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente.
“Tras el fallecimiento de dos personas y decenas de personas heridas durante intento de toma del aeropuerto por parte de manifestantes, exigimos al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”, pidió la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter.
Poco antes, la Dirección Regional de Salud (Diresa) del céntrico departamento de Ayacucho detalló en un comunicado el fallecimiento de la primera víctima, que falleció como “consecuencia de los enfrentamientos que se registran en las inmediaciones del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte”.
Anteriormente, medios locales reportaron que los manifestantes habían tratado de tomar el aeropuerto y que la Policía Nacional de Perú (PNP) junto a las Fuerzas Armadas les hicieron retroceder.
Fuentes policiales incluso denunciaron que los manifestantes han disparado contra el aeropuerto de Ayacucho.
La Diresa de Ayacucho también confirmó que diez personas resultaron heridas y están siendo atendidas en el Centro de Salud de Conchopata y en el Hospital Regional de Ayacucho.
Las manifestaciones comenzaron tímidamente el 7 de diciembre, luego de que el Congreso destituyera al expresidente Pedro Castillo, horas después de un fallido golpe de Estado.
El domingo comenzaron a multiplicarse las protestas especialmente en las sureñas regiones de Apurímac, Arequipa o Cuzco. Desde entonces, han fallecido diez personas.
Áñez a Evo: “¡Canalla, te llegará la justicia!”
La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez dijo que si no hubiera asumido en 2019, Evo Morales hubiera “consumado el mismo autogolpe” que Pedro Castillo. “Si yo no hubiera asumido y pacificado el país mientras te escondías en gobiernos cómplices para eludir tus delitos de postularte ilegítimamente, fraude y represión 14 años al pueblo, habrías consumado el mismo autogolpe que recetaste a Castillo. ¡Canalla, te llegará la Justicia!”, dijo Áñez en Twitter.
Militares en Lima
Ayer jueves entró en vigor del estado de emergencia decretado por el Gobierno de Boluarte y se registran numerosas manifestaciones, la mayoría pacíficas, en las capitales de provincia del país, acompañadas de un fuerte resguardo policial reforzado con la presencia de las Fuerzas Armadas.
En Lima, miles de agentes de la PNP y de las Fuerzas Armadas se desplegaron en el centro de la ciudad para evitar incidentes durante las manifestaciones de anoche.
Las fuerzas del orden, que superaron en número a los manifestantes, marcharon paralelamente a la protesta hacia la Plaza de San Martín, en el casco histórico de Lima.
Según informaciones de la Policía, entre los agentes convocados hay unos 1.500 cadetes de la escuela de Policía.
Los pocos centenares de protestantes concentrados en el centro de Lima exigen el cese de la presidenta Boluarte, entre gritos de “Dina traidora” y “¡Dina asesina!”, a la que hacen responsable de las muertes en las manifestaciones.
Además de la destitución de Boluarte, los manifestantes exigen el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la creación de una Asamblea Constituyente.
Entre los manifestantes también estuvieron presentes un reducido grupo de reservistas y otros ciudadanos provenientes desde diversos puntos del país.
Sindicatos peruanos piden la renuncia de la presidenta
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal agrupación sindical del país, pidió ayer jueves la renuncia “inmediata” de la presidenta Dina Boluarte, como la mejor opción para salir de la crisis política y social.
“La otra salida inmediata y para terminar con esta crisis es que la señora Dina Boluarte inmediatamente renuncie al cargo de la Presidencia de la República”, dijo el presidente de la CGTP, Luis Villanueva, en una rueda de prensa.
La CGTP también declaró que han conversado con la presidenta y le han hecho llegar la preocupación de la organización, pero afirmó que parece que Boluarte quiere permanecer en el cargo.
“Ahora, por los dichos y los contradichos que le estamos escuchando (a Boluarte) en los medios de comunicación y sus declaraciones, tenemos la certeza de que ella está jugando en pared con el Congreso de la República. No solamente pareciera que los congresistas son los que se quieren quedar en el Congreso hasta el 2026, sino también la señora Dina Boluarte”, opinó Villanueva.
Señaló que desde la confederación no apoyan la violencia ni a aquellos “individuos malintencionados que aprovechan los reclamos legítimos que tiene el pueblo y están generando caos” y que atentan contra la integridad de ciudadanos o de policías, ni tampoco aprueban la actitud de vándalos que atentan contra la propiedad pública y privada.
“Nosotros como trabajadores debemos señalar que esta crisis política que se está conllevando a ocho peruanos muertos no se resuelve con represión, no se resuelve militarizando las calles, se resuelve atendiendo la demanda de los trabajadores del pueblo”, indicó Villanueva.
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