INVESTIGACIÓN

El uruguayo Sebastián Marset, narcotraficante y uno de loslíderes del Primer Cartel Uruguayo (PCU), fue señalado como uno de los autores intelectuales del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fuera asesinado en el mes de mayo en Colombia. 

La declaración de uno de los cinco detenidos como autores materiales del asesinato, Francisco Luis Correa Galeano, señalado como "cerebro del crimen", fue tomada como base para seguir adelante con la investigación.

Según consigna el diario El Tiempo (Colombia), Correa Galeano dijo a las autoridades que "lo ubicaron en Medellín dos hermanos colombianos (dedicados al tráfico de cocaína y que las autoridades califican como narcos puros) a petición de una persona que hace parte de una las redes más grandes dedicadas al tráfico de cocaína en Paraguay".

Correa aseguró a las autoridades que "el dinero, la logística y la información para matar a Marcelo Pecci la habrían enviado directamente desde Paraguay" y que se la hizo llegar un hombre que haría parte de una red de narcotráfico internacional, agrega El Tiempo.

Así, con base en el testimonio de Correa, la investigación de las autoridades de Colombia, Paraguay y Estados Unidos apunta contra el clan Insfrán, red de tráfico de cocaína comandada por Miguel Ángel Insfrán Galeano y el uruguayo Sebastián Marset Cabrera.

Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior indicaron a El País que la noticia trascendió en el medio colombiano, “del cual otros se hicieron eco”, pero que esta información “no está confirmada por las autoridades paraguayas que llevaron adelante la investigación A Ultranza, que a la postre derivó en la requisitoria internacional de Sebastián Marset, su mujer y el cuñado”.

“La Senad de Paraguay (quienes realizaron el procedimiento) no tiene conocimiento de eso”, afirmaron.

Poco antes de la muerte del fiscal, el 22 de abril, se dio la orden de captura en Paraguay de siete de los hermanos Insfrán y uno de ellos, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Tío, asumió que quien estaba detrás de la investigación y ordenó la detención de sus hermanos fue Pecci. Sin embargo, las autoridades de Paraguay, enteradas de esta historia, reportaron que Pecci ni ordenó las detenciones ni estaba a cargo de la investigación.

Sebastián Marset está en la lista roja de Interpol por el transporte de al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

En Paraguay, la Secretaría Nacional Antidroga señaló en marzo de este año que Marset tenía vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína que operaba en Paraguay hasta que fue desarticulada en el marco del operativo A Ultranza, del que estaba a cargo el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en su luna de miel en mayo.

Ese mismo mes, se generó una polémica por la entrega del pasaporte uruguayo a Marset cuando este se encontraba detenido en Dubái por tener documentación paraguaya falsa. En ese momento, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, dijo que se redactó un proyecto de decreto para volver al régimen del año 1993 en cuanto al acceso al pasaporte uruguayo desde el exterior, que implica que no se pueden tener antecedentes penales en Uruguay ni en otro país.

Según explicó el jerarca, "en la legislación actual solo se exige que la persona no tenga antecedentes en Uruguay". "Con esta persona (Marset) ocurrió que no tenía causas abiertas en noviembre de 2021, que fue cuando solicitó el pasaporte, y tampoco tenía requisitoria internacional", explicó el subsecretario, por lo que se entregó el documento.

La expedición del pasaporte a Marset se dio bajo el amparo del decreto 129/014 promulgado en 2014 -durante el último año del gobierno del presidente frenteamplista José Mujica- que en su artículo 27 generó una modificación clave para, de acuerdo al Poder Ejecutivo, atender casos como este.

“Desde el punto de vista legal, había que entregarle el pasaporte como lo hizo la Cancillería”, aseguró Maciel.

Contrariamente a lo declarado por Correa Galeano, uno de los sicarios, que fue detenido hace 10 días, confesó que el Primer Comando Capital (PCC) le pagó a este grupo 530.000 dólares para ejecutar al fiscal.

Esta ingeniería del crimen organizado encendió todas las alertas entre los países de la región, donde el PCC está en plena etapa de expansión.