IMPUESTO

Aunque los expertos hacen un llamado a ser “cautos” ante el Impuesto Mínimo Global que se aplicará en más de 100 países (no se sabe la fecha, pero sí es seguro que llegará), la desconfianza y el temor sobre el impacto negativo que éste podrá tener en Uruguay es lo que predomina.

El tema fue tratado en el evento “El Impuesto Mínimo Global: ¿desafío u oportunidades para las zonas francas uruguayas?”, organizado por la Universidad de Montevideo (UM), en el que participaron economistas, abogados y otros profesionales y académicos.

El nuevo tributo consiste en la implementación de una imposición efectiva mínima global del 15% a empresas multinacionales a través, básicamente, de un impuesto complementario a la casa matriz sobre las ventas. Este aplicará a empresas de más de US$ 750 millones de facturación anual.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), impulsora de la iniciativa, ya presentó las normas modelo del llamado “segundo pilar” en diciembre de 2021, con el fin de facilitar la aplicación interna del nuevo impuesto.

Grandes preguntas se levantan en Uruguay, en especial sobre el impacto que el instrumento tendrá en las zonas francas (ya que las empresas allí ubicadas están exoneradas de impuestos).

El debate ha pasado ser de interés nacional, considerando el valor económico de las zonas francas y el posible escenario de que la nueva normativa de la OCDE ahuyente a las empresas y a los capitales del país, en tanto por un lado se les otorga beneficios fiscales para instalarse y permanecer aquí, pero por otro lado está el requisito a nivel mundial de un nuevo desembolso del 15%.

Los ingresos que se generan en Uruguay a través de las zonas francas sumaron unos US$ 1.630 millones de 2014 a 2019, una cifra importante para la economía nacional que, al decir del economista Ignacio Munyo (director ejecutivo de Ceres), “hay que cuidar”.

Los panelistas afirmaron que aún es prematuro medir el impacto del nuevo impuesto (en gran parte porque éste no es lineal), dejando claro que, llegado el momento, habrá que cumplir con las disposiciones internacionales.

Otros países también están intentando evaluar el impacto, sobre todo los menos desarrollados que podrían ser los perdedores en este juego político impositivo.

Enrique Buero, presidente de la Cámara de Zonas Francas, hizo la advertencia de que el “global tax” es uno de los impuestos más recesivos que existen. Un argumento que maneja la OCDE a favor del mismo es que el acuerdo reasignará más de US$ 125.000 millones de ganancias de unas 100 multinacionales (las más rentables del mundo), lo que favorecerá a sus destinatarios. Cabe aclarar que el impuesto va a ser captado por alguna jurisdicción donde está la multinacional y, según la OCDE, también ayudará a los países con su administración; tema que levanta el debate sobre la asignación de recursos y la autonomía de los países.

“Tenemos un régimen de zonas francas sólido, no queremos perder lo que se ha generado. Son exámenes (refiriéndose a los requisitos de la OCDE) que es mejor salvar con seis y no con 12. En este caso, no es necesario ser el mejor de la clase, no porque no lo seamos, sino porque probablemente entre el seis y el 12 se pierdan inversiones”, lanzó Buero. “Si seguimos sumando burocracias, controles, que son plazos, costos, las inversiones son sensibles a todo esto”, agregó.

El representante de las zonas francas no dejó de mencionar el interés de Estados Unidos en esta norma, enfrentado a tener que financiar un presupuesto interno “ambicioso”.

“Es más fácil a veces, a través de un organismo multilateral, desincentivar a que las empresas (estadounidenses) salgan a invertir afuera que subirles el tax localmente. Todos esos intereses juegan y tenemos que ir con pie de plomo”, afirmó.

Su exposición incluyó la pregunta retórica: “¿Cuántas empresas estarían en Uruguay si no hubiera este régimen de zona franca? Hay que protegerlo”.

Desde hace cuatro años, Uruguay ha ido ajustando sus normativas en esta materia, de acuerdo a los lineamientos de la OCDE.

Para bien o para mal, el acuerdo fue aprobado por gran parte de los países y jurisdicciones, y es difícil que Uruguay vaya a contrapelo, ni lo intenta.

Catalina Camejo, profesora de Universidad de Montevideo y además integrante de la Asesoría Tributaria de DGI, afirmó: “Tenemos que acostumbrarnos a ser flexibles desde el punto de vista tributario” (de cara al exterior). “La tranquilidad en términos tributarios no existe”, añadió.

Andrea Riccardi, profesora de la UCU y también asesora fiscal de la DGI, explicó que la normativa no va a neutralizar los beneficios de las zonas francas y que “hay que analizar cada caso”.

Destacó que el hecho de que el nuevo impuesto aplicará solo a las empresas que facturen alrededor de US$ 750 millones, acota el impacto en el país, y que además existen mecanismos a los que las empresas pueden recurrir para no tener que pagar el nuevo impuesto (entre ellos, la “exclusión de rentas en base a la sustancia” y el “blending” entre la multinacional y un empresa local), que son alternativas que aminoran impactos. “Hay que adaptarse de una manera flexible, mantener un equilibrio, ver qué hacen otros países y cómo evoluciona el tema”, afirmó.

Carlos Loaiza (director del Posgrado en Tributación Internacional de la UM) recomendó “no precipitarse” en este escenario. Sebastián Arcia (también de la UM) dijo que no hay que confiar en la línea de los US$ 750 millones. “Cuando el sistema funcione, eso puede cambiar, lo pueden bajar”, advirtió en base a otras experiencias.