INFORME

El Consejo Fiscal Asesor (CFA) emitió un pronunciamiento sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento. Integrado por los economistas Alfonso Capurro, Ana Fostel y Aldo Lema, el CFA es un órgano técnico, honorario e independiente, cuyo principal cometido es “velar que las estimaciones del Resultado Fiscal Estructural se apoyen en bases académicas sólidas y objetivas”.

Según había dicho Fostelen una entrevista conjunta de los tres integrantes con El País divulgada el pasado 5 de diciembre, “se conoce en la literatura como que ‘los consejos fiscales no pueden morder, pero pueden ladrar’”. Es decir, los pronunciamientos del CFA puede ser tomados en cuenta o no, por el gobierno. Pero, no atenderlos puede tener un costo reputacional para este. En su pronunciamiento divulgado ayer, se puede entender que el CFA -siguiendo la analogía de Fostel- “ladró”.

El consejo señaló que “se observa una convergencia más rápida de la economía hacia niveles considerados de plena utilización sustentable de los factores productivos” y que “la estimación para 2022 da cuenta de un nivel actividad que todavía se ubicaría por debajo de su potencial, aunque con menor capacidad ociosa que en 2021”.

“La instancia de Rendición de Cuentas se produce en un escenario doméstico de reactivación económica, lo cual podría instalar la idea de que la mejora cíclica de la economía induce una mayor disponibilidad del espacio fiscal para aumentar el gasto permanente, contraria a lo que sugiere el enfoque estructural de las finanzas públicas”, evaluó el CFA. Recordó que “gran parte del crecimiento efectivo” de la economía estimado para este año “está influido por un efecto de arrastre estadístico del 2021” y que “tras el shock del covid-19, se habrían retomado tasas de crecimiento genuinas (esto es, aislado de los efectos de arrastre estadístico) en torno al nivel potencial (2,1%)” de expansión.

Por eso, “en un contexto en que la actividad se acerca al producto potencial” y “en un escenario internacional con señales de reversión, el CFA señala la importancia no solo de apuntalar un enfoque estructural, sino también de adoptar un criterio de prudencia a la hora de evaluar medidas de política económica con impacto permanente en el gasto y/o en los ingresos”.

La propuesta del gobierno es aumentar el gasto en US$ 226 millones más de lo que ya estaba comprometido en la ley de Presupuesto en 2023 y US$ 323 millones en 2024. Y a su vez, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou dijo que si la economía crece el 4,8% que prevé el gobierno se harán reducciones al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

El CFA salió al cruce. “En un contexto en el que las estimaciones de crecimiento potencial se mantiene en torno a 2,1%, expansiones fiscales de carácter permanente, vía incremento del gasto o reducciones impositivas, sustentadas en una mejora cíclica (transitoria) de la economía, podrían implicar riesgos de eventuales incumplimientos de las metas indicativas estructurales o generar sesgos procíclicos en la política fiscal”, alertó.

“En términos de sostenibilidad fiscal, expansiones fiscales permanentes financiadas con ingresos transitorios deberían estar debidamente justificadas si sus efectos de mediano plazo aumentasen el PIB potencial”, dijo.