MERCADO LABORAL

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El sector de la construcción cierra un año de mucha actividad y es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pero la prueba de fuego será en 2023 con las obras de UPM terminadas (se acaba así la gran empleabilidad que ha representado esta obra), y unas negociaciones del convenio colectivo a partir de abril, en un escenario de alta motivación política.

El balance de 2022 muestra que la inversión en el sector cerrará por arriba de US$ 7.000 millones y con un promedio de ocupación de 54.000 trabajadores directos. Esto es 15% por encima del promedio de 2021, habiendo incluso llegado este año al pico de cerca de 60.000 trabajadores, según la Cámara de la Construcción (CCU).

Históricamente, el nivel de ocupación de la construcción este año también es alto, dado que habría que ir siete años atrás para encontrar picos similares.

La actividad estuvo impulsada, como años anteriores, por UPM y obras conexas a esa empresa, además del ferrocarril central, edificación (privada) e inversión en obras de vialidad.

“La edificación recibió un fuerte impulso por la ley de Vivienda Promovida, a partir de las modificaciones al sistema reglamentario que hizo esta administración por abril de 2020, pero también por los edificios en zonas fuera de este beneficio, de alta gama o de oficinas, que tienen beneficios por la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones)”, dijo a El País Diego O’Neill, presidente de la CCU.

Sin embargo, es probable que en los primeros meses de 2023 ocurra cierto paréntesis o enlentecimiento, no de los proyectos ya en marcha (que continuarán), sino de los nuevos.

Aníbal Durán, gerente ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) dijo a El País: “La vivienda promovida es un boom. Los promotores siguen comprando terrenos, pero habrá precaución por el convenio colectivo”. Y continuó: “Los promotores se retraerán un poco hasta ver qué pasa con el convenio. Como algunos tienen espalda ancha, esperarán el momento propicio para construir y eso será después de saber en qué queda el convenio. Ese tema es medular”.

No obstante, Durán se mostró positivo. “Más allá de esa precaución, los números son auspiciosos, los argentinos y los chilenos vienen a invertir, ya sea como promotores o para comprar unidades. Acá sigue jugando un papel determinante el factor confianza. Los argentinos no ponen un peso en su país, te lo dicen directamente, y confían en Uruguay. No es de ahora, viene de antes”, aseguró.

Hoy en día hay unos 2 millones de metros cuadrados en vivienda que se están construyendo. Esto significa una inversión de más de US$ 3.000 millones en Montevideo y Maldonado en 2022.

Sobre fines de este año la cantidad de personas que trabajan en UPM va a ser bastante menor que la actual.

Es probable que baje al entorno de los 2.000 trabajadores, cuando ahora hay alrededor de 4.000. “Esa es la realidad permanente de la construcción. Las obras terminan y los trabajadores deben reubicarse. En este caso, el personal que está ahora en UPM trabaja sobre todo en instalaciones electromecánicas y no le va a ser fácil su reinserción, porque no hay ese tipo de obras en el horizonte”, advirtió O’Neill.

Lo cierto es que la falta de las obras de UPM se sentirá en ese sentido y, además, hay que tener en cuenta que hay otros 3.000 trabajadores en las obras del ferrocarril que también se terminará, en este caso, a mediados de 2023, lo que será otro sacudón en empleabilidad.

Aun así, O’Neill proyectó que “probablemente no tengamos el mismo nivel de actividad en 2023, pero igual será importante”, considerando que hay dinamismo en la construcción de edificios y en otros frentes que están empujando, como por ejemplo el plan de obras viales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El convenio colectivo del sector está vigente hasta marzo de 2023.

Hasta ahora, las movilizaciones del sindicato de la construcción (Sunca) han sido más por temas de tipo político que por asuntos laborales. “El Sunca se adhiere a movilizaciones por la reforma previsional y otras cosas (de interés nacional), pero no son por problemas salariales ni por condiciones de trabajo. En ese sentido, el sector ha tenido estabilidad en los tres años de vigencia del convenio. Esto es algo positivo”, afirmó O’Neill. Destacó que el salario real se ha mantenido, según se suscribió en 2020.

Las cartas se jugarán en la nueva negociación colectiva. Al respecto, Durán advirtió: “El número de obreros seguirá aumentando siempre que el convenio sea potable para ambas partes”.

De ahora en más, el desafío para el sector, según O’Neill, será precisamente “tratar de mantener la actividad y la ocupación en los niveles que hemos tenido este año”. Por su parte, Durán reconoció que la pérdida de UPM y del ferrocarril central como fuentes empleadoras será fuerte, pero “hay mucha obra privada”.

La construcción en Uruguay depende en 70% de la inversión privada y 30% de la pública. En los dos últimos años, las iniciativas del gobierno en obras públicas han sido bastante acotadas y no se esperan grandes cambios para 2023, considerando la estrategia presupuestal.