TRAS ESTAFA

La noticia provocó un baño de agua fría en más de 400 inversores de la Bolsa de Valores y generó preocupación en otros tantos. El martes 5, el Banco Central del Uruguay (BCU) informó que el Directorio del organismo había decidido intervenir preventivamente con suspensión de actividades a las empresas Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. y a United Brokers S.A Agente de Valores. Ambas compañías -una corredora de Bolsa y otra agente de valores- pertenecen a la empresaria Sara Goldring Waisbiot.

En la resolución, a la que accedió El País, el BCU designó interventor de ambas empresas a la Bolsa de Valores de Montevideo S.A. y estableció que la representación de esas firmas intervenidas deberá ser ejercida en forma conjunta por sus dueños y el interventor, incluida la totalidad de las operaciones comerciales.

La medida del BCU es una consecuencia de una comunicación realizada el 17 de junio por la empresa Custodia de Valores Mobiliarios al organismo estatal donde le informaba sobre las “importantes pérdidas” sufridas por los clientes bajo la modalidad de libre administración y cuentas con un perfil de inversión pactado con la empresa corredora bajo la calificación de “agresivo”. Aproximadamente el 80% de la cartera de clientes de Custodia de Valores Mobiliarios tienen ese perfil inversor.

Según la empresa, las pérdidas se debieron a inversiones en opciones put de acciones. Una opción put es una opción de venta. Otorga al comprador el derecho (pero no la obligación) de vender en el futuro un activo al vendedor de la opción a un precio determinado previamente.

Custodia de Valores Mobiliarios informó al BCU que, entre el 30 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022, las cuentas de sus clientes pasaron de US$ 110 millones a US$ 18 millones. Es decir, los inversores -la mayoría de ellos uruguayos- sufrieron pérdidas que superan los US$ 100 millones, según la resolución del BCU y estimaciones de fuentes relacionadas con el caso.

Para el BCU, la empresa Custodia de Valores Mobiliarios “no actuó con el debido profesionalismo, cuidado y diligencia” cuando realizó sus actividades de intermediación de valores “ocultándole” a sus clientes datos “muy relevantes” y brindándoles “información errónea” sobre el capital que restaba en sus estados de cuentas.

Sin perjuicio de ello, dice el BCU, con posterioridad a la detección del problema, Custodia de Valores Mobiliarios “ha colaborado y cumplido” con los requerimientos que se le efectuaron por parte del organismo estatal.

De todas formas, la resolución del BCU advierte que ello no constituiría un atenuante de las “graves contravenciones” a las normas legales y reglamentarias vigentes”.

Para tratar de salvar las pérdidas de sus clientes, la propietaria de Custodia de Valores Mobiliarios y de United Brokers S.A habría intentado un salvataje invirtiendo US$ 25 millones de su patrimonio.

El BCU señaló, en su resolución, que la asunción de pérdidas que habría realizado la propietaria de ambas empresas constituyen “operaciones no admitidas” a los intermediarios de valores, en tanto resultan un financiamiento a sus clientes. Ante los “graves incumplimientos” a normativas vigentes y al hecho de que existen clientes de ambas empresas que no participaron de esta operativa -ventas de opciones put de acciones-, es que el BCU decidió intervenir a Custodia de Valores Mobiliarios y a United Brokers con el objetivo de “salvaguardar” los intereses de los clientes.

El monto de las pérdidas totales sufridas por los inversores todavía no fue establecido por el BCU ni por el interventor designado por la Bolsa de Valores. Por lo menos dos estudios jurídicos agrupan a clientes que sufrieron pérdidas millonarias en la operativa -entre US$ 50.000 y US$ 2 millones-.

El abogado Gonzalo Ramírez, titular de uno de estos bufetes, solicitó al BCU que se le brinde acceso permanente e irrestricto a todas las actuaciones administrativas en trámite relativas a inspecciones o sanciones contra la empresa Custodia de Valores Mobiliarios, incluyendo el expediente donde se dictó la intervención de la Bolsa de Valores.

Consultado por El País, el abogado Ramírez afirmó que también pidió al BCU que exija a Custodia de Valores Mobiliarios y al interventor la presentación de un informe detallado y documentado de cada una de las colocaciones realizadas por cuenta y orden de los clientes por el período junio de 2021 a junio de 2022 inclusive, así como de las supuestas sumas aportadas por Goldring Waisbiot para “salvar” la situación.

En un remitido publicado en El País el jueves 7, Goldring Waisbiot afirmó: “Todos los integrantes de la cartera de libre administración y perfil de inversión agresivo conocieron siempre el nivel de riesgo que estaban asumiendo y fueron siempre conscientes de la posibilidad de pérdida, la cual aceptaron en su afán de obtener una ganancia extraordinaria”.

Ramírez afirmó que, según surge de la resolución del BCU, los hechos no sucedieron en la forma en que lo manifestó Goldring Waisbiot en el remitido que circuló esta semana en medios de prensa. “Lo que debió hacer Goldring Waisbiot, en lugar de tirarle el fardo de esta lamentable situación a los clientes, fue explicar las razones por las cuales actuó de esta manera y ocultó información tan relevante”, dijo el profesional.

Y agregó: “Frente a esta situación correspondería que la autoridad judicial y administrativa competente disponga el levantamiento del secreto bancario respecto de Custodia de Valores Mobiliarios y Unidad Brokers S.A y su directora, a los efectos de brindar transparencia a los inversores y determinar, con la mayor exactitud posible, cuál fue la ruta del dinero aportado por éstos”.

Además de los reclamos que patrocina Ramírez otros abogados trabajan para atender la situación de más damnificados.

Este es el caso de los abogados Pablo Donnangelo, Ignacio Durán y Eduardo Sasson, quienes trabajan en la elaboración de una denuncia penal en representación de unos 50 afectados por las inversiones ejecutadas por Custodia de Valores Mobiliarios y Unidad Brokers S.A.